Tal vez Juan Ignacio Zoido no sabía dónde se metía cuando aceptó la cartera de Interior. Ya de por sí, su ministerio conlleva una dura tarea, no siempre agradable. La lucha contra el terrorismo yihadista -una prioridad desde hace años-; contra la delincuencia organizada; la seguridad de nuestras fronteras -especialmente en Ceuta y Melilla-; el mantenimiento del orden público; la seguridad vial, y un largo etcétera. Lo que probablemente desconocía era que, además de todo ello, tenía que llevar a cabo una labor de limpieza interna que no quisieron o no pudieron hacer sus antecesores.

Los servicios especiales, desempeñados durante años tanto en la lucha contra ETA como en la investigación de tramas corruptas ligadas a los partidos políticos, tenían en la Policía nombres y apellidos. Hasta ahora, el ministro del Interior, cuando aterrizaba en el palacete del Paseo de la Castellana, tenía dos opciones: hacer como que no sabía nada de la etapa anterior y, al mismo tiempo, poner a sus órdenes a ciertos comisarios dispuestos a todo; o bien, prescindir de ellos, lo que podía suponer, al menos éste era el argumento de los interesados, desmantelar brigadas sensibles y especializadas.

Pero, en el caso de Zoido, había un añadido. Dos de los comisarios de mayor peso, el Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, y el responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, llevaban ya meses en una guerra sin cuartel, en la que estaban involucrados otros comisarios con galones y material sensible listo para utilizar, como José Manuel Villarejo o Enrique García Castaño. Por no hablar de la derivada de esa guerra en el CNI.

La solución no es fácil, pero el criterio es sencillo: máximo respeto a la ley y a los procedimientos y, sobre todo, la despolitización de la Policía

Algún funcionario con peso en el Ministerio y buen criterio le advirtió al ministro que ahora tenía la oportunidad de hacer la tarea que nunca se hizo y consistía en si podía poner fin a una época, caracterizada por el uso de la Policía para fines inconfesables. "Ahora o nunca". La situación objetiva facilitaba la labor: Pino y Villarejo ya están jubilados, Martín-Blas se jubila en el plazo de un mes... Y, sobre todo, había que aislar al nuevo equipo de las andanadas que, tarde o temprano, acabarían teniendo su campo de batalla en los medios de comunicación como una manifestación de esa guerra que no ha concluido ni mucho menos.

Aunque Zoido trató de hacer una transición sin daños colaterales, salvando a su antecesor de la bronca interna por la que atravesaba la Policía, los acontecimientos se precipitaron. Tanto la revelación de El Independiente de cómo se produjo la grabación de Fernández Díaz con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, como la entrevista publicada en El Mundo con Pino, fueron los aldabonazos que le llevaron a decir: "¡Basta ya!".

La solución no es fácil, pero el criterio es sencillo: máximo respeto a la ley y a los procedimientos y, sobre todo, la despolitización de la Policía. La decisión del ministro de remitir al Fiscal General del Estado -no olvidemos que Zoido es juez- los supuestos informes paralelos elaborados por una brigada especial sobre casos ya juzgados es el camino adecuado.

Habrá una comisión de investigación en el Congreso en la que posiblemente salgan a relucir muchos trapos sucios. Tampoco es descartable que alguno de los comisarios afectados filtre grabaciones o dosieres que levantarán ampollas. Ante esa situación, la mejor defensa del ministro no es otra que la máxima colaboración con la Justicia y la profesionalización de los puestos clave.