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Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho del Ministerio del Interior

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Fernández Díaz autorizó las grabaciones en su despacho del Ministerio del Interior
El ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz, pensativo, en una comparecencia pública durante su etapa como ministro del Interior. EUROPA PRESS

Resumen:

El ex ministro del Interior autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial, entre ellas las que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N. "Va contra la lógica que si lo hubiera sabido no hubiera destruido la cinta y que hubiera dicho lo que dijo. Se estaban adoptando medidas para evitar que las conversaciones se pudieran grabar", señalan fuentes próximas al ex ministro. Que Fernández Díaz diera el placet, siguiendo la recomendación del DAO de la Policía Nacional, explica que ni se haya querellado tras difundirse las cintas ni se investigara a fondo este escándalo. El actual titular del departamento reconoce que no le pareció "normal" que se hubieran grabado conversaciones en la estancia que ocupa hoy él y asegura que la cinta "no está".

Jorge Fernández Díaz, según han confirmado fuentes solventes a El Independiente, autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en su despacho oficial del Ministerio del Interior. Entre ellas, las dos que mantuvo con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N y en las que se trató sobre investigaciones que comprometían a diversos políticos independentistas catalanes. Esa autorización explicaría que la investigación encargada en su día a la Policía Judicial se cerrara sin resultado alguno, y también que el ex ministro desistiera de interponer una querella por posible revelación de secretos cuando el diario Público difundió el contenido de las cintas en la recta final de la campaña de las elecciones generales del pasado 26 de junio.

A preguntas de este diario, fuentes cercanas a Fernández Díaz negaron «categóricamente» que éste fuera consciente de que estaba siendo grabado y, por tanto, que lo hubiera autorizado. «Va contra la lógica que si lo hubiera sabido no hubiera destruido la cinta y que hubiera dicho lo que dijo. Se estaban adoptando medidas para evitar que las conversaciones se pudieran grabar y estaba convencido de que esas medidas se habían tomado», señalaron.

En una entrevista publicada por El Mundo este domingo, el ex ministro del Interior dice tener «la conciencia muy tranquila» y asegura no tener dudas acerca de quién grabó las conversaciones con De Alfonso, si bien rehúye comentar este episodio y elude dar detalles. «Judicialmente todo ha sido archivado. Se supone que los denunciantes respetan al Supremo y a la Fiscalía. Dijeron que no había ninguna conducta delictiva. Yo no tenía ninguna duda ética ni moral. En un Estado de Derecho hay que respetar la Ley; si no, caemos en la ley de la selva, y ahí no se le reconoce la razón al que la tiene sino al más fuerte», expone Fernández Díaz, en la recta final de su recuperación tras diagnosticársele un tumor en el hígado hace casi un año.

Frente a la versión que ofrece el ex ministro, diversas fuentes consultadas por este diario aseguran que éste dio el visto bueno a que se colocara un sistema de grabación en su despacho de Interior, siguiendo la recomendación de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y persona de su máxima confianza. Fue Fernández Díaz quien lo nombró número dos del cuerpo semanas después de que Rajoy lo eligiera a él en diciembre de 2011 para ocupar el Ministerio del Interior.

El placet del ministro explica que ni se querellara ni se investigara a fondo el caso

En pleno órdago soberanista, la razón esgrimida para adoptar tal medida fue que el ministro, en caso de obtener información relevante por parte de alguno de sus interlocutores, debía tener pruebas ante un posible desmentido o ante la eventualidad de que Daniel de Alfonso decidiera dar marcha atrás.

Las fuentes consultadas por este medio sitúan la instalación del dispositivo de grabación en el otoño de 2014, justamente con motivo de la primera reunión que Fernández Díaz mantuvo en su despacho de Interior con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña. El ministro autorizó las escuchas convencido por Pino, que insistió en la gran cantidad de información sensible sobre los políticos soberanistas que manejaba De Alfonso. Ese primer encuentro se produjo el 2 de octubre y tuvo continuidad el 16 del mismo mes, tres semanas antes de la consulta independentista que impulsó la Generalitat el 9-N.

Otro de los motivos que propiciaron la autorización del dispositivo fue el recelo que en Interior existía hacia Daniel de Alfonso por el hecho de que éste había sido nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña a propuesta de la antigua CiU, si bien contó también con el apoyo del PSC, PP y C’s cuando se votó su nombramiento en el Parlament el 21 de julio de 2011. También que su interlocutor tenía fama de grabar sus conversaciones.

El conflicto catalán era una obsesión para Fernández Díaz, diputado por Barcelona

En la práctica, el conflicto catalán se convirtió en una verdadera obsesión para Fernández Díaz –diputado por Barcelona en el Congreso– durante su etapa al frente de Interior, de donde salió forzado por la citada filtración a principios del mes de noviembre pasado tras casi cinco años en el puesto. Cuando se produjeron esas reuniones, la Policía Nacional ya seguía el rastro al patrimonio oculto de la familia Pujol en Andorra, después de que María Victoria Álvarez –la ex pareja del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola– hubiera prestado declaración ante la Audiencia Nacional y denunciado que el clan familiar ocultaba dinero de posibles comisiones ilegales en bancos del Principado.

De la aproximación a De Alfonso se encargó el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, entonces jefe de gabinete de Eugenio Pino y después ‘recompensado’ como agregado de Interior en la Embajada de España en La Haya (Holanda) con un sueldo de 10.000 euros mensuales por un cargo que ocupa desde junio de 2015. Este policía fue la persona que entró en contacto con Daniel de Alfonso, en ambas ocasiones, para sugerirle que se reuniera en Madrid con el ministro a fin de intercambiar impresiones e información, según ha reconocido el propio ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

De hecho, en las conversaciones con el ministro hay varias alusiones a Fuentes Gago por parte de De Alfonso que demuestran que existía confianza entre ambos. «Cuando termine yo de hablar contigo, ministro, se lo diré a José Ángel, que sabe que puede confiar en mí. Joder, si tenéis algo dádmelo. Dámelo. No os queméis vosotros sacándolo en la prensa, que aparezca siempre la UDEF, que os va quemando, que parece un ataque… coño, dámelo y ya lo sacaré yo, ya lo investigaré yo y lo daremos», expone el ex jefe de la Oficina Antifraude en una de las reuniones.

El sistema de grabación estuvo meses operativo, lo que permite pensar que hay más grabaciones

En una entrevista concedida a este diario, De Alfonso justificó aquellas reuniones en su interés por ganarse “la confianza del ministro”. “Nosotros estábamos investigando cosas en el extranjero, incluido algún paraíso fiscal. Y yo no tenía ni dinero ni medios para indagarlo. Si me dejaban tres o cuatro policías que se pudieran desplazar me venía muy bien para acabar investigaciones”, justificó entonces.

Diversas fuentes han confirmado a El Independiente que el equipo de grabación se montaba ex profeso para las citadas entrevistas y, posteriormente, se retiraba por el mismo equipo que lo había instalado en el despacho del ministro. No se descarta que otras conversaciones fueran también grabadas. De momento, sólo han trascendido las cintas de los encuentros con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña.

«No está» la cinta

En declaraciones a la Cadena Ser, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, admitió el pasado jueves que no le pareció “normal” que se hubieran grabado conversaciones en la estancia que ocupa hoy él, si bien dijo que “le preocupa” que no hayan podido escucharse íntegramente y que se hayan podido “sacar de contexto”.

-«¿Ha podido escucharla entera [la cinta]?», le repreguntó la periodista Pepa Bueno.
-«No», contestó Zoido.
-«¿Pero la ha pedido?», insistió la entrevistadora.
-«No está», zanjó el titular de Interior.

Han pasado ya más de siete meses desde que se conociera el contenido de aquellas reuniones, pero sorprendentemente ni Fernández Díaz ha interpuesto querella por la difusión sin autorización de las cintas -lo que podría constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos- ni hay una explicación oficial a lo sucedido pese a la gravedad de los hechos.

Investigación secreta

Días después de que se conociera el contenido de las conversaciones, Fernández Díaz encargó a la Comisaría General de la Policía Judicial una investigación secreta y, de hecho, el pasado 1 de julio un grupo de agentes llevó a cabo un rastreo en diversas dependencias del Ministerio del Interior en busca de pruebas que permitieran aclarar lo sucedido. El pasado mes de noviembre, el ministro cedió el testigo a Juan Ignacio Zoido sin que exista en los archivos ningún documento acerca de los resultados de la supuesta investigación de un hecho que supuso la reprobación de Fernández Díaz por parte del Congreso de los Diputados.

Se da la circunstancia de que el responsable de la Comisaría General de la Policía Judicial cuando se inició la investigación, José Santiago Sánchez Aparicio, se jubiló dos semanas después de que se pusieran en marcha las pesquisas. Como publicó eldiario.es el pasado 11 de septiembre, este comisario fichó por la empresa de seguridad privada Prosegur como responsable de Relaciones Institucionales, con un sueldo próximo a los 95.000 euros al año.

Queda pendiente la eventual depuración de responsabilidades políticas. Con los votos del PSOE, los nacionalistas catalanes y vascos, Ciudadanos y Unidos Podemos, el Congreso aprobó el pasado 27 de septiembre constituir una comisión de investigación para aclarar el uso presuntamente «partidista» de los medios del Ministerio del Interior por parte del entonces titular con el objetivo de actuar judicialmente contra determinados partidos a través de una «policía política», si bien los trabajos no se han iniciado debido a la grave enfermedad que le fue diagnosticada al ex ministro y de la que aún se encuentra convaleciente.