El presidente Nicolás Maduro ha eliminado el último vestigio formal que quedaba en Venezuela de un sistema democrático. En una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo ha asumido los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, con lo que desaparece la separación de poderes.

Venezuela se ha convertido en una autocracia en la que Maduro basa su poder en el control que aún conserva sobre la Fuerza Armada Nacional. La vulneración de los principios democráticos ha sido una constante durante los últimos años. Hay líderes opositores en la cárcel, se han cerrado la mayoría de los medios de comunicación no adictos al régimen (una honrosa excepción la constituye El Nacional), se ha eludido la convocatoria del llamado referéndum revocatorio (una innovación constitucional que introdujo Hugo Chávez), etc.

El deterioro político ha coincidido con un empeoramiento continuado de la situación económica. El 96% de los ingresos en divisas de Venezuela proviene de la exportación de hidrocarburos y el precio del petróleo ha venido cayendo desde 2014. El Gobierno ha hecho la vida imposible a los empresarios y, por tanto, la caída de ingresos por la vía de las exportaciones de petróleo no se ha compensado con el relevo de otros productos competitivos. El PIB cayó en 2016 un 11,3% y la inflación batió el record mundial con unas subidas de precios del 1.160%.

El Parlamento español debería aprobar una declaración de condena. Los venezolanos esperan que España esté a la altura de las circunstancias

Todo ello ha repercutido en la escasez de los productos más básicos: alimentos, medicinas, etc. Mientras, la delincuencia ha seguido creciendo sin que el Gobierno haya sido capaz de ponerle freno: el año pasado se produjeron en el país 28.000 asesinatos.

En medio de este caos, el año pasado, por iniciativa del Papa Francisco, se inició un proceso de acercamiento en el que ha intervenido con especial protagonismo el ex presidente Rodríguez Zapatero. La oposición venezolana cree que ese simulacro de diálogo sólo ha servido para desmovilizar a los ciudadanos y le ha permitido a Maduro coronar su golpe incruento.

Un gran número de países latinoamericanos (Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Panamá, Colombia...) ha condenado la decisión del Tribunal Supremo a las órdenes de Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha calificado lo sucedido en la noche del miércoles como un "autogolpe de Estado".

En España, el Gobierno ha sido más lento. Por fin, esta mañana el presidente del gobierno Rajoy ha constatado que lo ocurrido en Venezuela supone "romper la democracia". Todos los grupos políticos deberían mostrar su indignación en el Congreso ante este hecho gravísimo, que supone un doloroso paso atrás en la consolidación de la democracia en Latinoamérica.  Es lo mínimo que le debemos al pueblo de Venezuela.