Lo dicho: da igual que una persona, en este caso la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, no haya sido declarada culpable de un delito y que ni siquiera vaya a ser llamada por el juez en calidad de investigada, que no significa definitivamente imputada. Y da igual porque el simple hecho de que su nombre aparezca mencionado en un informe de la Guardia Civil supone la inmediata extensión de la sospecha generalizada sobre su persona. Y ay de ella si se le ocurre comparecer para defender su inocencia frente a las acusaciones de los agentes de la UCO, que se han permitido el lujo inaudito, y absolutamente impropio de su función, de calificar sus presuntos delitos: prevaricación continuada y cohecho. Ahí queda eso.
Bien, pues los efectos de esa imputación del todo extemporánea de la Guardia Civil han sobrevivido a la aclaración del juez de que "por el momento" no veía indicios de culpabilidad en la señora Cifuentes. Ese "por el momento" es una expresión obligada porque ni el juez ni los fiscales pueden adivinar el futuro y están obligados a incluir esa cláusula precautoria en cualquiera de sus apreciaciones sobre todo procedimiento que esté abierto y en fase de investigación. Pero esto, que es evidente para cualquiera con dos dedos de frente y sin mala voluntad, está siendo utilizado por muchos para sugerir que a Cifuentes podrían pillarla en un renuncio a no mucho tardar. Puede que sí pero también puede que no, pero de lo dicho por el juez no se sigue nada que invite a pensar que a la presidenta de Madrid le queda ya poco futuro en situación de inocente o más bien habría que decir de "no culpable".
Ay de ella si se le ocurre comparecer para defender su inocencia frente a las acusaciones de los agentes de la UCO
Eso sí, la información de la Guardia Civil en la que se asegura que van a seguir investigando las actuaciones de Cifuentes ha servido para que ella quede definitivamente amarrada al barro por los restos de los tiempos. Y es tal el clima político que se vive hoy en España que su sola protesta por esa acusación sin fundamento -a juicio del juez y de la Fiscalía, que es el único que vale en un estado de Derecho- ha producido el temor generalizado en el seno de su partido a que se interprete que se están condenando las actuaciones de la Guardia Civil en su conjunto. Así que han tenido que salir todos, ella también, a explicar lo evidente: que la Benemérita es una institución admirable que ha prestado y sigue prestando servicios impagables a los españoles. No hacía falta tal presentación de certificado de buena conducta porque no habrá muchos que piensen que el PP opina otra cosa distinta. Pero en este momento cualquier paso, cualquier palabra no suficientemente medida, te puede llevar al descrédito o incluso a la ruina.
Esta es la situación que se vive hoy en España y el caso de Cifuentes es un ejemplo perfecto de cómo en este país empezamos a deslizarnos por la pendiente de los regímenes en los que todo ciudadano puede ser considerado culpable mientras no demuestre lo contrario. Y en esta perversión de lo que es un sistema democrático en el que se respetan los derechos individuales y se ampara y se practica la presunción de inocencia sobre todo ciudadano que no esté, no ya condenado, ni siquiera acusado, están participando también los propios compañeros de la presidenta madrileña en la medida en que algunos se regocijan de algún modo de lo que le está sucediendo porque, dicen, "está probando de su propia medicina". Eso quiere decir que la apuesta decidida de Cifuentes de batallar contra la corrupción que ha corroído los cimientos de su partido es considerada por muchos dentro del PP de Madrid como una equivocación, o por lo menos un exceso que ahora se puede volver contra ella y obligarla a dimitir si fuera imputada por el juez.
El caso de Cifuentes es un ejemplo de cómo empezamos a deslizarnos por la pendiente de los regímenes en los que cualquiera puede ser considerado culpable
Naturalmente que en ese caso tendría que renunciar, no faltaría más. Pero esos comentarios prueban el grado de laxitud ética que dominan en un partido donde se considera que la lucha contra la corrupción debería ser algo menos contundente de lo que ella ha defendido. Y algo más: rodeada por un grupo parlamentario que le fue impuesto por su antecesora, lo cierto es que a Cifuentes no le sobran ahí los hombros amigos y los brazos en los que refugiar sus penas. Pero en el seno del PP nacional son mayoritariamente conscientes de que, o se enfrentan con las armas exhibidas por ella contra la podredumbre que anega el partido, o sus posibilidades de sobrevivir electoralmente a esta sucesión de escándalos que todavía no ha terminado serán próximas a cero.
Los electores no van a olvidar lo sucedido y tampoco lo van a perdonar a menos que comprueben que los dirigentes del Partido Popular se colocan de una vez por todas, con armas y bagajes, a este lado de la línea en la que Cifuentes asegura haber estado toda su vida política. Pero a pesar de todo, ella no se va a librar ya nunca de la nube de sospecha que la Guardia Civil ha extendido sobre su persona con gran contento de sus adversarios políticos. Y, o mucho me equivoco, o la presidenta de Madrid va a tener que convivir desde ahora con la seguridad íntima de la ética de su comportamiento personal junto con el temor a que en cualquier esquina aparezca un pliegue debajo del cual se encuentre material que permita volver a acusarla. Es esa sombra la que la dañará políticamente de manera inevitable.
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