La Fiscalía Anticorrupción vive una guerra sin cuartel. La llegada de Manuel Moix fue mal recibida por la mayoría de los fiscales, que preferían a alguien de la casa, como Alejandro Luzón, y entendieron su nombramiento como una intromisión más del Gobierno en el mundo de la justicia.

La rebelión comenzó a gestarse hace tres meses cuando el Gobierno rechazó mantener a Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía General del Estado, supuestamente por no ceder a determinados nombramientos, uno de ellos, el de Moix, o a apartar de sus puestos a otros, como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

Moix comenzó su mandato con dos decisiones polémicas. Trató de limitar la investigación del caso Lezo, que en las operaciones del Canal de Isabel II puede acabar afectando al ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón, lo que provocó que los fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, invocaran el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y, por otro lado, pretendió apartar de la investigación del caso conocido como 3% a los fiscales que lo llevaban: Fernando Bermejo, Juan José Rosa y José Grinda. El Fiscal General, José Manuel Maza, ha paralizado, de momento, esa decisión, aunque en Anticorrupción se da por hecho que finalmente se llevará a cabo.

Cuando Maza informó en Junta de Fiscales sobre la decisión de nombrar a Moix, uno de los fiscales presentes le advirtió de lo inapropiado del nombramiento, dado que el candidato aparecía en una de las grabaciones del caso Lezo como hombre próximo al PP. Pese a ello, el Fiscal General mantuvo su criterio.

Una de las primeras filtraciones de la Lezo fue justamente una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en la que aquel le anunciaba que Moix iba a ser nombrado fiscal jefe de Anticorrupción. La charla telefónica fue grabada en enero y Moix, en efecto, fue nombrado a principios de febrero.

La filtración tenía el claro objetivo de debilitar a Moix, haciéndole aparecer como un hombre dúctil a los designios del Gobierno.

La guerra tuvo otro destacado episodio cuando se conoció un escrito de los fiscales García Cerdá y Yáñez en el que se insinuaba que el chivatazo a González de que estaba siendo grabado por la Guardia Civil tenía su origen en el secretario de Estado de Interior, Juan Antonio Nieto. El propio Moix tuvo que salir al paso y desmentir que la Fiscalía Anticorrupción hubiera abierto investigación alguna sobre Nieto.

La próxima víctima de la guerra sucia que se vive en la institución clave para la investigación de los casos más graves de corrupción podría ser el fiscal Grinda

Increíblemente, el juez Eloy Velasco (que instruía el caso Lezo) no abrió una causa sobre ese asunto, del que Mauricio Casals, presidente de La Razón, dio una pista inequívoca al apuntar a «una magistrada amiga de la casa». Ahora, el juzgado de instrucción número 6 se encarga de la investigación tras la denuncia presentada por el abogado José Luis Mazón.

La última escaramuza saltó a la luz pública a primera hora del martes cuando Infolibre publicó que Moix es propietario del 25% de una sociedad radicada en Panamá que es dueña de un chalet en Collado Villalba valorado en 550.000 euros. Aunque el fiscal jefe Anticorrupción ha explicado que esa empresa fue creada por su padre y que él no tuvo nada que ver en ello, la mayoría de las asociaciones de fiscales y partidos políticos le han pedido explicaciones. Aunque sólo sea desde un punto de vista estético, no parece lo más adecuado que el máximo responsable de investigar la corrupción tenga una sociedad en un paraíso fiscal.

¿Cuál será el próximo capítulo de esta cruenta guerra? Probablemente, la próxima víctima sea uno de los fiscales que ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas: José Grinda.

El abogado Ignacio Peláez ha desenterrado viejas y archivadas denuncias por supuestos delitos de pederastia. Grinda cuenta con el apoyo de sus compañeros, a quienes explicó el caso con todo detalle en una reunión en la Fiscalía Anticorrupción que tuvo lugar el pasado jueves. Sin embargo, Grinda duda de la posición que adoptará Moix en este turbio asunto. El fiscal, un histórico de Anticorrupción, al que se le ha atribuido ser asiduo colaborador del CNI, cree ser víctima de una persecución a la que no encuentra explicación razonable.

Para añadir un poco más de suspense a esta amalgama de despropósitos, un alto cargo de los servicios secretos ha hecho saber en la Fiscalía: «Grinda ha dejado de interesarnos».