La caída de Popular ha vuelto a generar dudas sobre la solidez del sistema financiero. El batacazo ha generado ya las primeras demandas ante la Fiscalía. Todos se preguntan quién ha sido el responsable de este nuevo fiasco bancario.

Ángel Ron, el hombre que presidió Popular desde 2004 hasta diciembre de 2016, responde de este modo a quienes ven en su gestión el origen del desastre: “Cuando me marché, Popular era solvente, tenía liquidez y un plan de negocio que aseguraba la solidez del banco y que nadie había puesto en duda hasta ese momento”.

Todo parece haber sucedido a velocidad de vértigo. Miles de accionistas, trabajadores, ahorradores, inversores institucionales… Nadie se esperaba hace tan sólo unos días que el quinto banco español por volumen de activos se derrumbase como si se hubieran derretido sus cimientos.

En sólo diez días salieron de Popular unos 18.000 millones. Y ya no había dinero para atender la demanda de retirada de depósitos de los clientes. A pesar de contar con una línea de liquidez especial (ELA), el banco no pudo aguantar más y pidió ayuda a Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE.

Era la primera vez que la UE ponía en marcha sus mecanismos supranacionales para resolver una crisis bancaria. Lo que se hizo en la larga y crispada madrugada del pasado miércoles fue lo siguiente: el Mecanismo Único de Resolución (MUR) intervino Popular y lo valoró en 1 euro. A renglón seguido se negoció la venta a Santander, que desde hacía días preparaba ya una ampliación de capital para afrontar su saneamiento.

La operación garantiza los depósitos, pero hace recaer sobre accionistas y bonistas el coste del hundimiento. El Santander hace un buen negocio con la compra, como reconoció Ana Patricia Botín en la rueda de prensa del pasado jueves, estimando para la operación que se acaba de consumar una rentabilidad entre el 13% y el 14% en 2020.

Unos 8.000 empleados que acudieron a la última ampliación de capital han perdido su dinero y muchos de ellos perderán su empleo. Además, tienen que hacer frente a los enfurecidos accionistas que les reclaman de forma violenta la devolución del dinero invertido.

Unos ganan y otros pierden. Y a partir de ahora, los perdedores van a iniciar una batalla legal sin precedentes para resarcirse: desde los multimillonarios Antonio del Valle o Félix Revuelta a los miles de pequeños accionistas que acudirán a despachos de abogados como los liderados por Miguel Durán, Cremades & Calvo Sotelo o Sanguino Abogados.

Ahora bien, ¿cómo es posible que un banco por el que el BBVA estuvo a punto de pagar 5.500 millones en noviembre pasado valga un euro en junio? ¿Se ha deteriorado tanto su situación financiera para que el valor se haya esfumado en tan sólo siete meses?

La salida de Ángel Ron de la presidencia de Popular se fraguó en diciembre de 2016, aunque tuvo que continuar en el cargo hasta el pasado 20 de febrero, día en que presentó las cuentas de la entidad en la junta extraordinaria de accionistas que certificó su relevo por Emilio Saracho.

El origen de la dimisión de Ron fue la pérdida de confianza de una parte del consejo capitaneada por el grupo liderado por el inversor mexicano Antonio del Valle, al que se sumaron la aseguradora alemana Allianz, la familia Arias, antiguos propietarios del Banco Pastor, absorbido por el Popular, o la consejera independiente, Reyes Calderón.

Ron había puesto en marcha un plan de viabilidad que contemplaba, además de la ampliación de capital, la segregación de los activos tóxicos, venta de activos (Totalbank, Wizink, etc.), cierre de 300 oficinas  y una reducción de plantilla de 3.000 empleados que se llevó a cabo durante 2016.

El Banco Central Europeo (que supervisa las mayores entidades bancarias europeas) rebajó en noviembre los requerimientos de capital a Popular hasta el 7,85%. El capital del banco superaba en esos momentos ese exigencia en más de cuatro puntos. Los recursos propios sumaban 11.000 millones y la liquidez era más que sobrada (los depósitos superaban a los créditos).

Saracho llegó a Popular con el respaldo de los accionistas opuestos a Ron y con el aval de haber sido vicepresidente del gigante norteamericano JP Morgan. Es, por tanto, un experto banquero de inversión, lo que no cuadra muy bien con un banco eminentemente comercial. La comunidad financiera interpretó el nombramiento como una señal inequívoca de que su misión era vender el banco.

En sus conversaciones de traspaso de poderes, Saracho ya advirtió a Ron: “Yo no he venido a gestionar el banco”.

Tanto en su manera de actuar como en su mensaje en la junta ordinaria del mes de abril (en la que dijo que sólo había dos alternativas para Popular: una nueva ampliación de capital o su venta) parecía confirmarse la tesis de que Saracho había aterrizado en Popular con la misión de colocar el banco al mejor postor.

Ron: “Alguien tendrá que explicar qué pasó en tan pocos días para generar el problema de liquidez que ha acabado con el banco”

En principio, los posibles candidatos eran: BBVA (que, como se ha dicho, ya intentó comprarlo en noviembre), Bankia (una fusión bien vista por Economía) y Santander (que por su tamaño podía realizar la operación sin ver afectados sus ratios de solvencia).

Las cosas se complicaron porque José Ignacio Goirigolzarri se negó en redondo a comprar un banco de gran tamaño justo en el momento en el que Bankia comienza a remontar el vuelo con éxito tras la intervención por parte del Banco de España.

Hace tres semanas, el BBVA hizo saber que no tenía el menor interés en comprar Popular en una competición. No es el estilo de Francisco González, que huye de las pujas y prefiere las negociaciones bilaterales.

Según la opinión de los expertos en fusiones y adquisiciones, “Saracho ha cometido un gran error al no calcular que, al final, se quedaría sólo con la opción de Santander, lo que daba al banco de Botín una posición de enorme ventaja”.

Fue, de hecho, la decisión de González la que disparó las alarmas. A partir de ese momento, los depositantes comenzaron a retirar sus ahorros del Popular. El mayor activo que tiene un banco es la confianza y a finales de mayo el Popular lo había echado a perder.

Por su parte, Santander no tuvo más que esperar pacientemente. ¿Por qué iba a pagar 3.000 millones -cantidad a la que algún banco de inversión valoraba entonces a Popular- si podía comprarlo por 1 euro?

Nadie se explica la falta de cálculo y, menos aún, la incapacidad de reacción ante la sangría de depósitos que se estaba produciendo día tras día por parte del equipo gestor de Popular.

En una entrevista difundida el pasado jueves en la red de intranet del Popular, el ya cesado Saracho afirma: “Ha sido una experiencia que no repetiré nunca. Ninguna persona lo puede aguantar de forma indefinida”. Habría que añadir que ningún banco, tampoco. Al mismo tiempo, lanzaba elogios al banco comprador: “Esta operación supone crear no sólo un líder mundial, sino europeo”.

En conversación con El Independiente, Ron defiende su gestión e insiste: “El Popular era solvente, como ha ratificado el BCE. Alguien tendrá que explicar qué pasó en tan pocos días para generar el problema de liquidez que ha acabado con el banco”.

Que Popular no estaba al borde de la quiebra no sólo quedó de manifiesto en las dos auditorías de PWC -una a finales de 2016 y otra tras la ampliación-, sino que lo ratificó la propia entidad ya presidida por Saracho cuando envió un hecho relevante a la CNMV el pasado 11 de mayo negando ese extremo. El Banco de España respaldó que la entidad no tenía problemas de solvencia.

La caída del Popular no sólo ha arruinado a mucha gente, sino que ha generado nuevas dudas sobre el sector financiero. No hay más que ver lo que está pasando con Liberbank o las dudas que plantea la salida a Bolsa de Unicaja.

Para bien o para mal, lo que sí se ha producido es la aceleración de un nuevo proceso de concentración bancaria del que saldrán fortalecidos los cuatro grandes: Santander, BBVA, Caixa y Bankia.