La decisión de la alcaldesa de Barcelona, si consigue mantenerla en los términos en los que ha sido interpretada la rueda de prensa del teniente de alcalde de la ciudad, le parte las espinillas al prestigio del proyecto independentista y deja en una posición muy desairada a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. Barcelona siempre ha sido el faro y guía de todo movimiento que se produce en Cataluña y en lo que se refiere al proceso hacia la independencia que ha traspasado ya todos los límites de la legalidad y de la cordura, lo que pase en la capital será el referente de lo que vaya a suceder en todo el territorio. Por eso es obligado esperar a comprobar si la paralización de la búsqueda de locales municipales se convierte en definitiva o los secesionistas consiguen enmendar la negativa de Ada Colau.

Colau no va a poner los locales del ayuntamiento para la celebración del referéndum y con eso ya está todo dicho y el hachazo queda asestado. Pero hasta el rabo todo es toro y esta historia no ha acabado aún. Primero, porque la alcaldesa ha enviado una carta al presidente y al vicepresidente de la Generalitat en la que astutamente les pregunta cómo van a garantizar la seguridad jurídica y profesional de los funcionarios de su Ayuntamiento en el curso de ese proceso de independencia que ellos han puesto en marcha y ante el cual el Tribunal Constitucional ya les ha notificado que quedan suspendidas todas las medidas que se adopten tendentes a la celebración de ese referéndum. Es una manera de marear la perdiz con el propósito de que no caigan sobre ella inmediatamente todas las presiones imaginables, todos los insultos, todos los escraches que sin duda va a tener que sufrir si se mantiene en su negativa.

Pretensión inútil porque la alcaldesa no va a poder librarse de la persecución sarracena de la que va a ser objeto a partir de ahora mismo. Y hay que reconocer que aguantar esa presión formidable requiere un cuajo que no sabemos si tendrá ella porque le esperan 22 días de auténtica tortura. Por eso envía esa carta que no tiene más que una respuesta que no tendrá validez ninguna si de lo que se trata es de garantizar la seguridad de los funcionarios municipales: le van a decir que en la Cataluña independiente todos los funcionarios que hayan colaborado en la secesión serán recibidos con los brazos abiertos y contratados con las mismas condiciones de rango y de sueldo que tenían cuando trabajaban bajo el paraguas de España. El problema es que esa promesa no deja de ser una carta escrita en el agua y Ada Colau lo sabe, como lo saben todos ellos. Y no se lo ha creído.

Colau no cree, como no cree ninguno de ellos, que la independencia se vaya a consumar, y sabe, como saben todos ellos, que estamos ante un pulso cuyo fracaso está garantizado

La alcaldesa tiene otra cosa en mente y es que no parece estar dispuesta a poner en riesgo su futuro político que quedaría echado a perder en el momento en que pusiera los locales del Ayuntamiento a disposición de la votación por la independencia. Porque ya no puede apelar al desconocimiento de las consecuencias de sus actos. El Tribunal Constitucional ha remitido a las 947 alcaldías catalanas el escrito correspondiente en el que les avisa de las responsabilidades en que incurrirían los responsables políticos y administrativos de los consistorios, así que ha cegado la puerta para cualquier fuga por la escotilla. Y ése ha sido el argumento principal esgrimido por el secretario del Ayuntamiento de Barcelona que ha explicado con toda claridad que  la seguridad de los funcionarios y la propia institución municipal estarían en riesgo si la alcaldesa decidiera colaborar con el independentismo y facilitara la apertura de colegios electorales cayendo así de lleno en el pantanoso terreno de la ilegalidad.

Porque lo que sucede es que Ada Colau se ha comprometido a proteger al funcionariado municipal y además, que está muy interesada en protegerse a sí misma y al futuro de su carrera política. Y como no cree, como no cree ninguno de ellos, que la independencia se vaya a consumar, y como sabe, como saben todos ellos, que estamos ante un pulso cuyo fracaso está garantizado, prefiere apostar a caballo ganador que no es otro que el Estado español y huir de la inhabilitación como alma que lleva el diablo.

La decisión de Colau le ha pegado un tiro en la frente al pretendido referéndum porque la suerte del procés dependía en muy buena parte de lo que sucediera en Barcelona, que supone más del 20% del total de votantes en cualquier proceso electoral. La negativa del Ayuntamiento no significa que los independentistas no vayan a intentar colocar las urnas en otros lugares pero la decisión de Colau asesta un golpe irrecuperable al prestigio de las proclamas independentistas y a su vez, y aunque Colau no lo desee de ninguna manera, supone un refuerzo extraordinario al crédito del Estado. A partir de ahora, suceda lo que suceda al final, el daño al secesionismo está ya hecho por parte de la pieza más sensible y más emblemática, del centro neurológico de todo lo relevante que ha acontecido en la historia de Cataluña.