Frenazo al referéndum del 1-O en Barcelona. El Ayuntamiento de Ada Colau ha decidido no ceder de momento espacios municipales para el referéndum del próximo 1 de octubre. El primer teniente de alcalde del Consistorio, Gerardo Pisarello, ha anunciado que el Ayuntamiento ha decidido frenar la búsqueda de locales que había iniciado tras la petición del presidente de la Generalitat, según El Periódico de Catalunya.

La alcaldía de Barcelona se había convertido este viernes en el centro de la batalla política por la celebración del referéndum independentista del 1-O, con la CUP exigiendo a la alcaldía que acatara los requerimientos de la Generalitat mientras el Gobierno advertía a los consistorios de las consecuencias legales de la colaboración. Aprobadas las leyes del Referéndum y la Transitoriedad, firmado el decreto de convocatoria de la consulta y las normas de su celebración, el Gobierno de la Generalitat se dirigió ayer a todos los ayuntamientos catalanes para que pusieran en marcha la maquinaria electoral en sus respectivos municipios y muchos han respondido ya.

Pero los independentistas saben que en el 1-O es mucho más importante la movilización que consigan que el eventual resultado de la consulta, y en ese terreno es determinante la imagen que se dé en la capital catalana. La alcaldesa de Barcelona es clave para proyectar el éxito o el fracaso del referéndum de independencia del 1-O, sobre todo porque las otras grandes ciudades catalanas, l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Lleida, etc… gobernadas por los socialistas, ya han avisado de que no participarán en la consulta. Sólo Girona y Badalona han aceptado el mandato de Carles Puigdemont.

La líder de la CUP en el Parlament, Anna Gabriel, ha exigido a Ada Colau que dé cobertura institucional al referéndum. «Si ella no quiere hacerlo, quiero pensar que permitirá que lo hagan otros miembros del plenario que están dispuestos» ha añadido en una entrevista de Europa Press. La dirigente antisistema cree que Colau está esperando una reacción del Gobierno y ha advertido de que ya tiene todos los elementos para saber qué hará el Estado: «No sé a qué espera».

Tras ello, Colau ha publicado en su perfil de Twitter una carta enviada a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, y ha afirmado que «dado el escenario, preguntamos al Govern qué actuaciones tiene previstas para garantizar la seguridad de los funcionarios públicos».

El Ayuntamiento de Barcelona recibió este jueves el requerimiento de la Generalitat y su alcaldesa, Ada Colau, dio orden al secretario municipal de «comprobar la disponibilidad» de la infraestructura electoral requerida por el Govern, ni más ni menos que todos los espacios que se utilizaron como colegios electorales en las últimas elecciones autonómicas, el 27-S de 2015.

Fuentes del Ayuntamiento cifran esa petición la habilitación de 300 colegios electorales, de los que aproximadamente la mitad son de titularidad municipal. El resto corresponde a locales de la Generalitat, de entidades privadas -desde centros cívicos a colegios concertados- y hasta un espacio de titularidad estatal, las oficinas de la Tesorería del Estado en la calle Pare Claret de Barcelona. Desde el Consistorio reconocen la posibilidad de que la Generalitat haga valer su mayoría en el Consorcio de Educación de Barcelona (representa un 60% del consorcio, por un 40% del Ayuntamiento), pero señalan que la administración autonómica cuenta con suficientes locales en la capital catalana para dar cobertura a la consulta sin la participación del Ayuntamiento. En el 9-N el Ayuntamiento no cedió ningún local, recuerdan estas fuentes.

«Cuando recibimos la información consultamos al secretario municipal, pero aún no tenemos ningún informe al respecto», ha dicho el propio Pisarello ante los periodistas. «Si el Govern tiene pensado su plan de ruta, tiene que explicarnos qué tenemos que hacer en estas circunstancias», ha explicado.

En cualquier caso, ha remarcado que «la disposición» del Ayuntamiento a que los ciudadanos «puedan participar y movilizarse es absoluta. Pero repetimos lo que hemos repetido muchas veces: no pondremos en riesgo a la institución ni a los funcionarios».

La petición de la Generalitat a Colau incluye un local de titularidad estatal

Tras el requerimiento de la Generalitat, llegaron las advertencias del Gobierno y el Tribunal Constitucional (TC). El primero a través del secretario de Estado de Política Territorial, que se dirigió por carta a secretarios e interventores municipales. Y  una vez suspendida la Ley del Referéndum a petición del Gobierno, el TC ha acordó apercibir a los 947 alcaldes de Cataluña “con carácter preferente y urgente” advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar cualquier actuación dirigida a la celebración del referéndum. Y la alcaldía ha dado traslado de esa advertencia y de las peticiones de la Generalitat a sus servicios jurídicos para decidir su respuesta, que no debería tardar, puesto que el Govern dio a los ayuntamientos 48 horas para explicitar los colegios disponibles, un plazo que expira mañana por la mañana.

Ada Colau sabe, desde que accedió inesperadamente a la alcaldía de Barcelona, que la base de su éxito radica en haber conseguido mantener la neutralidad entre independentistas y no independentistas, pero el 1-O le obligará a tomar partido, y su propio grupo municipal está dividido al respecto. Hasta ahora el discurso oficial era «estamos a favor de la consulta, pero no haremos nada que ponga en peligro a los funcionarios municipales» y los socialistas, sus socios de gobierno, ya han advertido de que Barcelona no puede participar en un referéndum ilegal. Pero el apoyo del PSC no da mayoría absoluta al gobierno municipal, que ha pactado sus principales programas con CDC y ERC.

Por su parte, el grupo municipal demócrata ha criticado la decisión de Colau. Su portavoz, Jaume Ciurana, ha criticado la «falta de coraje» de Colau y ha pedido que se posicione, pidiéndole que decida «si está con el Parlament o con el Tribunal Constitucional, con Puigdemont o Rajoy». También ha señalado que más de 600 ayuntamientos respaldan la convocatoria y abrirán sus locales, preguntando «¿qué tiene de diferente Barcelona de todos esos ayuntamientos?».

Presiones en el pleno municipal

El líder municipal de PdeCat, la antigua Convergencia, Xavier Trias, ha advertido a la alcaldesa de que «ha llegado el momento de la verdad, es el momento de abandonar ambigüedades» y le exige que actúe como «alcaldesa de la capital de Cataluña; Barcelona debe ejercer su papel».

En el espacio contrario, la líder de C’s en Barcelona, Carina Mejías, exige a Colau y a su socio, Jaume Collboni, que se mantengan del lado de la ley y no pongan en riesgo la democracia en la capital catalana tras lo vivido en las últimas 48 horas en el Parlament. En términos similares se ha expresado el popular Alberto Fernández. «Si Colau cede equipamientos municipales para este referéndum ilegal convertiría al Ayuntamiento en un cooperador necesario del independentismo por lo que cabría iniciar acciones judiciales” ha advertido el líder local del PP.

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