La detención de catorce altos cargos de la Generalitat, ordenada por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, como supuestos organizadores del referéndum ilegal del 1º de octubre, fue inmediatamente utilizada por los independentistas para inundar las calles del centro de Barcelona de banderas esteladas.

El miedo a que las movilizaciones que se van a producir en los próximos días den lugar a incidentes violentos y posibles víctimas es ya un sentimiento compartido por la mayoría de los ciudadanos. Es incuestionable que la defensa de la ley y la Constitución debe ser una prioridad para el gobierno y también que las fuerzas de seguridad no tienen otra opción que cumplir las órdenes de los jueces. Pero ésa es sólo una parte del problema.

El presidente de la Generalitat, que ha hecho una declaración institucional acusando al gobierno de «represivo» y «antidemocrático», sabía lo que iba ocurrir si se instalaba en la desobediencia ¿Qué esperaba Puigdemont que hiciera Rajoy si de forma continuada el Govern desobedece al Tribunal Constitucional y pone al Estado de Derecho entre la espada y la pared con un desafío a plazo fijo?

La ley está del lado del gobierno, pero la política es algo más que la aplicación de las leyes. Rajoy tiene que conjugar la estrategia jurídica con medidas tendentes a rebajar la tensión, apoyado en la legitimidad que le da el respaldo de Ciudadanos y, sobre todo, del PSOE.

Con idénticos instrumentos jurídicos seguramente Rajoy no hubiera ido tan lejos si no hubiera tenido el apoyo de esos partidos, que le garantizan el aval de dos tercios de los escaños del Congreso.

Pero el gobierno no debería poner en riesgo ese valioso activo (la unidad de los partidos constitucionalistas) y, para conservarlo, tiene que conjugar las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la ley con una estrategia política que dé una salida al nacionalismo moderado.

Las calles de Cataluña van a vivir en alta tensión durante los próximos días. El gobierno no debe conformarse con aplicar la ley, porque la fractura social sólo tendrá arreglo con medidas políticas

Este pulso no se puede ganar por goleada. Quien así piense se equivoca. Aunque los independentistas fracasen en su intento de celebrar un referéndum de autodeterminación con una participación masiva el 1 de octubre, la cuestión catalana seguirá sobre la mesa el día 2.

Cuanto más se tense la cuerda, cuanto más se profundice en la fractura que ya está creada en la sociedad de Cataluña, más difícil va a ser encontrar una salida que no termine con un enfrentamiento civil o con la ruptura de España.

«Hay que dejar alguna rendija abierta al diálogo», me dice la portavoz socialista Margarita Robles. El gobierno no puede abdicar de su obligación de aplicar la ley, pero lo que sí puede hacer es enviar un mensaje esperanzador a todos aquellos catalanes que, sin ser independentistas, piden negociar porque quieren evitar un choque de trenes. Una oferta de diálogo serviría, al mismo tiempo, para romper el bloque soberanista, hoy más galvanizado que nunca.

Es el momento de la política y la hora de los grandes políticos. Para salvar la crisis institucional que vive nuestro país hace falta un cierto grado de audacia inteligente, recurso utilizado en momentos clave de la Transición. El problema de Cataluña se ha gestado durante decenios y su solución no puede ser cuestión de días ni depender sólo de las togas y los policías.