En una situación tan emocional como la que estamos viviendo estos días en Catalunya, es inevitable que se acaben mezclando planos del debate que no tienen nada que ver. Principalmente se debe distinguir entre dos de estos planos: el respeto al Estado Democrático y de Derecho y el conflicto territorial.

En la defensa del Estado de Derecho no hay muchas alternativas. Un Estado que no reacciona contra la vulneración de su legalidad es un Estado que no se hace respetar y, por tanto, que no tiene futuro. Un Estado en el que los dirigentes -en este caso de una Comunidad Autónoma, de Catalunya- pudieran vulnerar la legalidad -toda ella: constitucional, estatutaria y de las propias reglas del Parlament– sin consecuencias se convertiría en la antesala de la arbitrariedad sin límites de la voluntad de estos dirigentes como forma de gobernar. Por tanto, cuando estos días algunos dicen que no se trata de la independencia, sino de la democracia, no puedo estar más de acuerdo: precisamente porque se trata de la democracia, los socialistas estamos con el Estado de Derecho, con la legalidad, con el cumplimiento de las sentencias judiciales que hacen cumplirla. Hay que acatar la ley vigente, porque sin respeto a las reglas del juego no tenemos tablero donde hacer política democrática.

Hay que cambiar muchas cosas para conseguir un ordenamiento jurídico-constitucional con el que puedan convivir la mayoría de los catalanes

Pero de la misma manera y con la misma intensidad que defendemos esto, que es una evidencia, también parece obvio que un ordenamiento jurídico que es rechazado por la mayor parte de la población de una parte del territorio no se puede mantener inalterable indefinidamente en el tiempo, porque un sistema democrático de derecho, además de la coacción, necesita la complicidad de la mayoría social para poder ser verdaderamente eficaz.

Y aquí reside la gran diferencia entre nuestra estrategia y la del PP y Ciudadanos. La derecha, hasta ahora, ha parecido preferir no cambiar nada. Su posición se resume en pensar que cualquier cambio supone una cesión ante el chantaje que al final nunca va a satisfacer a los nacionalistas, que siempre querrán más. Por tanto, con independencia de que los desenganchados con el sistema constitucional español sean dos o cinco millones, la opción es mantener todo como está. Ese es el camino por el que hemos transitado más de cinco años y el que nos ha conducido hasta aquí.

Sin embargo, hay que cambiar muchas cosas para conseguir un ordenamiento jurídico-constitucional con el que puedan convivir la mayoría de los catalanes y las catalanas, atrayendo al mismo a muchos que están insatisfechos con el actual, pero no quieren la independencia, e incluso a otros que solo quieren la independencia porque les han convencido entre unos y otros que el actual ordenamiento jurídico es el único posible.

La única nota de optimismo estos días es que se percibe un cambio de actitud en algunos dirigentes de la derecha, que ahora se están dando cuenta -¡cómo es posible que hayan tardado tanto!- de que su estrategia ha conducido a Catalunya a unos niveles de independentismo nunca vistos hasta la fecha y, que, sobre todo, no supone solución alguna al desafío que tenemos por delante. Es una buena noticia. A los políticos los ciudadanos nos han puesto para reformar lo que no funciona, a través del diálogo y la negociación. También para salir de la mayor crisis del Estado de los últimos 30 años. Ojalá seamos capaces de dejar de lado tacticismos y cálculos partidistas como los que nos han conducido hasta aquí. Ojalá podamos empezar uniéndonos en una búsqueda sincera de una solución negociada. Esa es la única estrategia viable.