La intervención del Rey Felipe VI en televisión, en gesto similar al de su padre en la noche del 23-F, es la prueba más evidente de la gravedad de la situación por la que atraviesa España, tras la decisión de la Generalitat de Cataluña de romper el orden constitucional.

Lo que estamos viviendo es un golpe de Estado propiciado por las instituciones autonómicas. Pero, a diferencia de lo que ocurrió con la asonada de Tejero y Milans, en este caso Carles Puigdemont y los suyos cuentan con el respaldo de una parte importante de la población, lo que complica enormemente las posibles opciones.

En estos momentos hay un vacío de poder en Cataluña. Los agentes de la Policía y la Guardia Civil son insultados y agredidos por los radicales; la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido que se vayan. La llamada “huelga de país”, impulsada desde la Generalitat, ha afectado fundamentalmente a los servicios públicos; los cortes de carreteras y las amenazas a los ciudadanos que querían acudir a sus centros de trabajo han coadyuvado a que el seguimiento haya sido masivo. Se arrancan banderas españolas de los edificios públicos y algunos periodistas son amenazados cuando realizan su trabajo. Los independentistas se han adueñado de las calles.

Los millones de catalanes no independentistas se preguntan: ¿Dónde está el Estado? ¿Quién nos defiende de la oleada de odio que amenaza la convivencia en Cataluña?

El gobierno cometió un grave error al servir en bandeja al presidente de la Generalitat las imágenes de policías y guardias civiles golpeando a los ciudadanos que hacían colas en los colegios electorales el 1-O. La represión -recurso que los Mossos han utilizado en multitud de ocasiones, como la disolución de la concentración del 15-M en la Plaza de Cataluña- ha sido la excusa para convocar una huelga que tiene los mismos directores de orquesta que la independencia.

La miopía y la falta de realismo de éste y de anteriores gobiernos con Cataluña no justifican en ningún caso la respuesta irracional de grupos de ciudadanos hábilmente instigados por la CUP y otros grupos radicales.

Puigdemont corre el riesgo de convertirse en el Kérenski catalán si permite que la CUP siga siendo dueña de las calles

El presidente de la Generalitat es el principal responsable de la brecha social que se ha abierto en Cataluña. Y debería llamar a la calma porque las turbas son difíciles de controlar, incluso por quienes las alimentan. Puigdemont corre el riesgo de convertirse en el Kérenski catalán. El primer ministro de Rusia tras la revolución de febrero de 1917 acabó siendo derrocado por los bolcheviques en el mes de octubre. Puigdemont se ha puesto en manos de la CUP y de las organizaciones de masas (como la ANC y Òmnium). Como ocurrió con los bolcheviques en 1917, la CUP representa tan sólo a una minoría de la población, pero en la dinámica que se ha puesto en marcha su papel trasciende con mucho su peso electoral. ¿Cree la burguesía catalana que los comunistas respetarán el capitalismo si, finalmente, ganan la batalla contra el Estado? ¿Piensa el presidente de la Generalitat que se conformarán con una declaración unilateral de independencia?

Tras el discurso del Rey, el presidente del gobierno tiene que dar una respuesta a los millones de españoles que se preguntan: ¿Y ahora qué?

El Rey ha cumplido su papel constitucional y ha hecho un gran servicio a la nación con su contundente discurso. Pero que nadie se equivoque. La crisis de Cataluña no se soluciona sólo con una declaración de Felipe VI. Mariano Rajoy ha quemado con ello su último cartucho.

El siguiente paso le corresponde al gobierno, principal responsable de que se cumpla la ley en todo el Estado. Rajoy tiene que hacer un enorme esfuerzo para que las duras decisiones que debe adoptar (sea la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la ley de Seguridad Nacional o la disolución de las Cortes) sean refrendadas por una amplia mayoría del Congreso. Ciudadanos y el PSOE deben respaldar firmemente la Constitución y, ahora, también al gobierno. No es momento de sacar tajada política. El que lo haga lo pagará caro.

La inmensa mayoría de los ciudadanos quiere una España unida y defiende los valores constitucionales, que no son otros que la libertad, la democracia y la solidaridad. Rajoy debe dar cuanto antes una respuesta a los millones de españoles que se preguntan: ¿Y ahora qué?