Una de las herramientas más efectivas de la comunicación política es la generación de consensos sobre presupuestos falsos, la fabricación de ficticias verdades, absolutas e indiscutibles. Es la versión moderna de aquel principio de Goebbels: «Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad».

Sobre los consensos construidos sobre falsedades se pueden elaborar alambicadas teorías políticas. Por ejemplo, mucha gente da por hecho que la globalización ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los países pobres o en vías de desarrollo, cuando lo que se ha producido ha sido justamente lo contrario. Si uno acepta esa errónea premisa, y pretende equilibrar la riqueza entre países, el paso siguiente sería acabar con la globalización. Pero lo que conseguiría sería justo lo contrario: los países pobres serían aún más pobres.

La realidad virtual que se vive en Cataluña ha sido moldeada sobre la base de ciertos axiomas truculentos. En los últimos días he hablado con gente de todas las ideologías sobre las causas de la efervescencia independentista en Cataluña y la inmensa mayoría coincide en el diagnóstico: el origen del mal está en la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 en la que se recortaban algunos artículos (14 sobre un total de 221) del Estatuto de Autonomía aprobado por el Congreso el 31 de marzo de 2006 y refrendado en el referéndum celebrado el 18 de junio de ese mismo año.

El que era entonces presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla hizo, tras conocerse la sentencia, una declaración pública leída en catalán y con la senyera a su espalda absolutamente demoledora. Dijo sentirse «indignado», deslegitimó al Constitucional y llamó a la desobediencia. Si eso hizo el líder del PSC, no hace falta que explique cómo fue recibida por los máximos responsables de CiU o de ERC.

Recordemos el contexto. Al margen de su contenido, la sentencia llegó rodeada de polémica. Lo primero que llama la atención es que el Constitucional tardara cuatro años en concluirla. Más que la complejidad jurídica -que la había- y la dificultad de conformar una mayoría en su seno, lo que provocó ese injustificable retraso fueron las presiones políticas, sobre todo desde el gobierno. Rodríguez Zapatero (que ocupó la Moncloa desde 2004 a 2011) levantó expectativas que no se podían cumplir y trató por todos los medios que el Constitucional modificara lo menos posible el Estatut.

Antes de su llegada al poder, Rodríguez Zapatero había prometido que, si ganaba las elecciones generales, respetaría lo que saliera del Parlament. Una promesa que le dio rédito en Cataluña (en las elecciones autonómicas que se celebraron en noviembre de 2006 el PSC logró 37 escaños con el 26,82% de los votos), pero que implicaba una tremenda irresponsabilidad, como demostraron los hechos.

Al margen de la tardanza, la sentencia de 2010 tenía otro inconveniente aún más grave: se produjo después del referéndum de ratificación, celebrado el 18 de junio de 2006, en el que participó el 48,85% del censo y en el que dijeron «sí» al nuevo Estatut el 73,9% de los que votaron (un total de 1.881.765 personas).

La eliminación del recurso previo de inconstitucionalidad (llevada a cabo en 1985 siendo presidente del gobierno Felipe González y el PSOE con mayoría absoluta) produjo consecuencias desastrosas. Fue el caso de la sentencia sobre el Estatut: el Tribunal Constitucional declaró fuera de la legalidad 14 artículos de un texto que no sólo había sido aprobado por el Parlament y por el Congreso de los Diputados, sino que había sido refrendado en referéndum (por muy limitado que fuera su apoyo popular).

Además, hubo un tercer elemento que envenenó la sentencia: el recurso había sido interpuesto por el Partido Popular. Se olvida que el Defensor del Pueblo (entonces presidido por el socialista Enrique Múgica) también recurrió el Estatut con argumentos similares e incluso más sólidos que los que incorporaba el escrito del principal partido de la oposición. Los nacionalistas fabricaron un argumento que fue inmediatamente asimilado por la izquierda: la sentencia era un engendro legal impulsado por el PP contra Cataluña.

La declaración del presidente de la Generalitat Montilla significó una falta de lealtad institucional inaudita», dice un ex miembro del Tribunal Constitucional

Pero, sin duda, lo que le hizo más daño al Constitucional fue que desde la propia presidencia de la Generalitat se deslegitimara la sentencia. «Hubo una falta de lealtad institucional inaudita», asegura uno de los magistrados que en 2010 formaba parte del Constitucional y que pide mantenerse en el anonimato.

Pero vista hoy, con perspectiva, y sin la hojarasca de la disputa política, aquella sentencia está sólidamente fundamentada. La cuestión esencial es que «gracias a ella se evitó que se hiciera una reforma de la Constitución por la puerta de atrás», señala el mismo magistrado.

Los que defienden el Estatut de 2006 antes de su recorte o piensan que su recuperación serviría para rebajar la tensión en Cataluña olvidan las cargas de profundidad contra la Constitución que incorporaba. El magistrado Ramón Rodríguez Arribas (miembro del TC en 2010 y que emitió un voto particular de gran calado jurídico) señala: «Había en el Estatuto dos cuestiones profundamente inconstitucionales: la primera de ellas era que se pretendía establecer una relación bilateral entre la Generalitat y el Estado; la segunda, que se establecían unos supuestos derechos históricos que se situaban por encima de la Constitución».

Pero además, el Estatuto pretendía instaurar un órgano similar al Consejo General del Poder Judicial en Cataluña bajo control de la Generalitat. Es decir, se planteaba un poder judicial propio, independiente del poder judicial del Estado. Ese fue, afortunadamente, uno de los preceptos declarados inconstitucionales por el TC.

Si no se hubiera anulado la pretensión de tener un poder judicial propio en Cataluña los tribunales estarían haciendo lo contrario de lo que hacen», dice el magistrado Rodríguez Arribas

«Si ese precepto no se hubiera anulado -señala Rodríguez Arribas- los tribunales estarían haciendo justo lo contrario de lo que están haciendo ahora. Hay que poner en valor la labor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que está actuando de forma independiente y ello a pesar de las presiones que está sufriendo a diario y con manifestaciones a sus puertas».

Otro magistrado del TC, que también prefiere no ser mencionado afirma: «Sin la sentencia del Tribunal Constitucional, Cataluña sería hoy una república independiente».

Francisco Pérez de los Cobos:»El poder judicial ha sido decisivo para frenar el desafío soberanista»

Los  jueces del Constitucional consultados -tanto progresistas como conservadores- coinciden en que no tiene sentido atacar la sentencia de 2010 y, al mismo tiempo, pedir a los jueces que actúen contra la ofensiva soberanista que está a punto de poner patas arriba el Estado de Derecho en España. Sin esa sentencia, el Estado estaría desarmado. Francisco Pérez de los Cobos, ex presidente del Tribunal Constitucional durante cuyo mandato se han producido las sentencias unánimes que han declarado inconstitucionales las iniciativas tanto de la Generalitat como del Parlament para poner en marcha la independencia, remarca: «El poder judicial ha sido decisivo para frenar el desafío soberanista».

Sin las sentencias del TC, sin la actuación de los tribunales ordinarios (la investigación sobre un posible delito de sedición la lleva a cabo el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (que tiene bajo la lupa a todos los miembros del Govern por posible malversación de fondos en la organización del referéndum ilegal del 1-O), la Generalitat podría haber puesto en marcha el estado catalán sin que nada ni nadie hubiese podido impedirlo desde el punto de vista legal.

Así que hay que empezar a desmontar ese consenso que atribuye a la sentencia del Constitucional el auge independentista. Porque, al final, ha sido esa sentencia la que lo está frenando. Sin ella, Cataluña sería independiente: el Estatut de 2006 suponía la constitución de un estado propio con competencias similares a las del Estado español.