Todo lo que concierne al futuro político de Cataluña es hoy una formidable incógnita porque nunca en la historia de nuestra democracia el paisaje electoral ha estado tan condicionado por decisiones que no competen únicamente al ámbito de la política sino también al ámbito judicial. Y porque tampoco se puede calibrar el efecto que en la población independentista pueden estar causando tantas confesiones de error de cálculo que hay que traducir en una manifiesta voluntad de engaño.  Decir a estas alturas, como dicen los dirigentes de la secesión, que lo de la independencia no ha podido ser porque sus más conspicuos promotores no habían previsto el grado de ferocidad de la «violenta represión» del Estado es una auténtica tomadura de pelo, sólo apta para los muy creyentes.

¿A qué violencia se refieren? No será a la que manejan como argumento victimista, la que se produjo el 1 de octubre, porque, aparte de que el comportamiento de las fuerzas de seguridad no fue ni mucho menos peor, ni siquiera igual, que el que practican las policías de nuestros países vecinos, esos sucesos se produjeron en el tramo finalísimo de este proceso independentista que en su fase más virulenta tiene ya cinco años de vida. Pero no ha habido nada que se parezca ni de lejos a una «violenta represión».

Ha habido, eso sí, una actuación de los jueces a instancias de la Fiscalía por la sencilla razón de que los preventivamente encarcelados, los que están en libertad bajo fianza y los huidos de la Justicia han violado las leyes y eso tiene una respuesta judicial a la altura del delito presuntamente cometido. Y lo segundo que ha habido es una aplicación de un artículo de la Constitución pensado en ésta y en todas las constituciones de los países federales o con gran nivel de descentralización en previsión de que se produzca justamente lo que se ha producido en España: que una comunidad autónoma no cumpla las leyes o actúe gravemente contra el interés de la nación a la que esa comunidad pertenece.

Y en esas estamos. De violencia y de represión, nada de nada. Ha bastado que los interrogados en el Supremo hayan declarado que acatan la aplicación del 155 y que de ahora en adelante caminarán dentro de los cauces constitucionales para que el juez les mande a su casa tras pagar una fianza que la ANC -que debe de tener un fondo infinito de dinero salido de no se sabe dónde- puso inmediatamente sobre la mesa sin rechistar. La aplicación de ese artículo está funcionado a la perfección y sin ninguna clase de incidentes. Los funcionarios están actuando como los profesionales de la función pública que son y las cosas marchan con la normalidad que puede esperarse de una situación excepcional provocada, hay que dejarlo claro una y otra vez, por quienes intentaron por todos los medios poner una bomba en los cimientos del Estado.

Antes de retirar la tutela del Estado en todos los órdenes será necesario tener acreditado que Cataluña ha regresado a la normalidad

Pero hay que decir que ni el artículo 155, ni la intervención financiera de la Generalitat, ni el control de la seguridad por parte de la Administración central pueden de ninguna manera levantarse hasta que el Estado no compruebe que el nuevo gobierno salido de las urnas queda constituido y va a comportarse con arreglo a lo exigible a todo gobierno autonómico, es decir, con arreglo a las leyes y con sometimiento a la Constitución.

En primer lugar, porque ni el control financiero de la Generalitat se ha aplicado respondiendo al artículo 155 ni tampoco responde a ese artículo el control de la seguridad interior, es decir, de los Mossos. Ambas decisiones responden a la aplicación de otras leyes: la de Estabilidad Presupuestaria en el caso de las finanzas y la de Ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en el caso del control de la seguridad, de modo que, aunque se levantara el 155, esas otras dos leyes podrían seguir aplicándose el tiempo que se considere necesario.

El Gobierno no va a cometer, no debe hacerlo, la insensatez de levantar el pie del freno el día 22 de diciembre, una vez celebradas las elecciones.  Primero, porque no se sabe cuáles van a ser los resultados de estas elecciones tan particulares y, en consecuencia, se ignora cuánto tiempo van a tardar las fuerzas políticas en conformar un nuevo gobierno en Cataluña. Y segundo, porque no se sabe qué clase de gobierno va a ser ése y cómo se va a comportar. Lo que es evidente es que un gobierno que intentara por segunda vez circular en su actuación por fuera de las leyes y pretendiera imponer, por ejemplo, la aplicación de la ley de transitoriedad aprobada ilegalmente en la madrugada del 8 de septiembre, cosa harto improbable pero no del todo imposible si lo presidiera un Puigdemont echado al monte como parece que se va a echar, tendría  de nuevo enfrente al Estado con toda su fuerza de coacción legal.

Por eso nada se va a mover el día siguiente de las próximas elecciones. Antes de retirar la tutela del Estado sobre la administración catalana en todos los órdenes será necesario tener perfectamente acreditado que Cataluña ha regresado a la normalidad que otorga el cumplimento de la ley. Y eso va a llevar un tiempo, aunque cuanto menos sea mejor será para todos. Hasta entonces, paciencia y tranquilidad.