Ya se ha dicho aquí hace unos días: con el escrito presentado por su abogadoAndreu Van Den Eynde, los ex consejeros del gobierno catalán que han seguido su línea de defensa tenían muy difícil obtener la concesión de libertad condicional por parte del juez instructor del Tribunal Supremo. Pero ahora, que ya sabemos que Oriol Junqueras y Raül Romeva ni siquiera se han dignado a contestar a las preguntas del fiscal, podemos aventurar que por lo menos estos dos van a seguir en la cárcel.

Y es muy posible que hayan optado por mantener esa posición precisamente para sacar partido del martirologio al que tan aficionados son los independentistas. Porque lo que no es concebible, más que si se acepta que estos señores son víctimas de una oceánica ignorancia o de una inabarcable prepotencia, o quizá de las dos cosas, es que hayan pensado que al Tribunal Supremo se le puede torear y que al magistrado instructor se le puede forzar a decretar su libertad porque no pueda soportar la presión política de mantener en la cárcel a unos señores que se quieren presentar a unas elecciones.

Lo que no es concebible es que estos señores hayan pensado que al Tribunal Supremo se le puede torear y al instructor se le pueda forzar a decretar su libertad

Eso sería de una estupidez injustificable porque ya tendrían que haber aceptado que España es un Estado de Derecho donde existe la división de poderes y donde los jueces son independientes, lo cual quiere decir que, o bien ellos acreditan que van a actuar de ahora en adelante dentro de los cauces que delimita la Constitución, o no hay libertad que valga. Pero parece que Junqueras quiere ganarle la batalla al señor Puigdemont a base de seguir rezando entre rejas. Y puede que le dé resultado. Ahora sólo nos falta que el ex presidente de la Generalitat le acepte el reto al líder de ERC y decida presentarse en España a partir del lunes -si el tribunal belga autoriza su entrega- con el propósito de que también le metan a él en prisión y entablar así una lucha carcelaria por los votos, uno desde Estremera y otro desde Soto del Real. Todo es posible en estas alucinantes circunstancias.

Pero Junqueras y Romeva se van a quedar presumiblemente donde están por una razón, y es que, visto lo que mantiene su defensa en su escrito, que es que sus defendidos van a trabajar en los mismos términos para conseguir por las mismas vías los mismos objetivos, lo que acreditan es su voluntad de reiterarse en el delito. Por eso la Fiscalía ha insistido en seguir pidiendo para todos los investigados la prisión incondicional aunque el hecho de que los dos dirigentes de las organizaciones activistas y algunos de los ex consejeros del PdeCat hayan expresado taxativamente su sometimiento a la Constitución les puede facilitar que su señoría les abra las puertas de la prisión. Y eso será aplicable en distinto grado a todos los comparecientes en la medida en que su compromiso con la legalidad haya quedado suficientemente acreditado.

Se les está otorgando un trato privilegiado respecto a otros delincuentes de cuello blanco con los que otros jueces no han tenido la misma consideración

Pero la arrogancia de quienes no han querido bajarse de su particular jumento, con toda seguridad no será admisible para el juez Pablo Llarena. Este es un juez del Tribunal Supremo, no es el encargado de un negociado de la Generalitat al que los señores Junqueras y Romeva puedan arrugar con sus bravatas. Y eso que se les está otorgando un trato privilegiado respecto a otros delincuentes de cuello blanco con los que otros jueces no han tenido la misma consideración y que han sufrido prisión provisional incondicional sin más preámbulos.

Está claro que al Gobierno lo que le habría convenido es que los diez dirigentes que han desfilado ayer ante el instructor se hubieran comportado de manera que hubieran merecido su clemencia, de modo que el lunes estuvieran ya todos en la calle listos para participar en la campaña electoral. Eso habría privado al independentismo de su principal, casi único, argumento de campaña: la libertad de lo que ellos llaman “presos políticos”.

La batalla de los constitucionalistas habría resultado entonces más fácil y el clima preelectoral se habría desarrollado con menos tensiones y menos riesgos de agresiones. Pero, insisto, estamos ante el más alto representante del Poder Judicial y las decisiones que se toman en ese ámbito no se someten a más consideraciones que las que estrictamente indica el cumplimiento de la ley. Así que toca aguantarse con las dificultades electorales porque, a cambio, queda garantizada la salud de nuestro sistema democrático. Como debe ser.