Si nos atenemos al escrito presentado por sus abogados, los ex consejeros del gobierno catalán  deberían seguir en prisión porque su texto es, sobre todas las cosas, un mal recurso que contiene un alegato político que no tiene por qué tener el menor  efecto en la decisión que haya de tomar el juez de instrucción del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Y porque el letrado se refugia en un argumento que está vacío, que es hueco: el del acatamiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Las leyes no es que se acaten, que por supuesto se acatan por todos los ciudadanos que vivan en un Estado de Derecho: es que se tienen que cumplir. Eso es lo que interesa al juez, no si acatan o no acatan las normas sino si las han cumplido o no. Lo del acatamiento es un recurso retórico que tiene veneno porque pretende encubrir el previo incumplimiento de la ley.

Por poner un ejemplo: si a mí me para la Guardia Civil y me detiene porque me he saltado un stop y he provocado un grave accidente, yo no le puedo decir al juez que me ponga en libertad porque acato el Código de Tráfico y Seguridad Vial porque la razón por la que voy a ser juzgada es por haber incumplido esa norma.

No estamos ante un contrato que las dos partes se comprometen voluntariamente a respetar sino ante una Constitución que todos los españoles están obligados a cumplir. Por lo tanto, al juez instructor no le interesa la relación personal que tenga un acusado ni tampoco un investigado con la ley, porque las normas son imperativas y de lo que se trata es de determinar si esas normas han sido violadas o no por los encausados.

Lo del acatamiento es un recurso retórico que tiene veneno porque pretende encubrir el previo incumplimiento de la ley

Y hay otro elemento que no favorece en nada sino que definitivamente perjudica la pretensión de los ex consejeros encarcelados de que el juez instructor decrete su libertad y es la afirmación de que «no renuncian a defender sus convicciones políticas por las vías pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña». En definitiva, el letrado está repitiendo la versión que han dado los independentistas de su acción de estos dos últimos años que estaba encaminada a un sólo fin: el de lograr la separación de una parte de España, que es un delito tipificado en el Código Penal.

Si a un encausado por una agresión sexual se le decreta prisión provisional por el riesgo de reiteración delictiva, no le servirá de nada decir en su descargo que acata el Código Penal pero que considera que actividades como la suya deberían permitirse porque le parece a él que son  perfectamente lícitas. Tengan ustedes por seguro que el sujeto va a la cárcel sin remisión. Y eso es lo que viene a decir el abogado defensor de los ahora encarcelados. Afirma, con razón, que las convicciones políticas de sus defendidos son legítimas. Y lo son. Las que no son legítimas sino susceptibles de ser duramente sancionadas son las acciones que han llevado a cabo para conseguir que sus legítimas convicciones se hicieran realidad.

El delito cometido no está en discrepar, incluso renegar, de las normas jurídicas, sino en incumplirlas, que es lo que ellos han hecho de forma organizada, deliberada y  reiterada. Y como del escrito de su letrado -destinado en parte a salvar la cara de sus defendidos ante la parroquia independentista- se deduce que pretenden seguir incumpliéndolas, lo que se interpreta es que persisten en cometer el delito.

Por eso están en prisión preventiva. Por eso y porque, aunque su abogado no lo mencione en su escrito, su jefe máximo, Carles Puigdemont -que se ha convertido ya en una atracción turística más en Bruselas– ha huido de la acción de la Justicia junto con un puñado de sus compañeros de gobierno. Y eso, aunque por razones políticas no lo quieran reconocer los encausados, es lo que llevó a la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional a decretar el ingreso inmediato en prisión de los que se habían quedado en España.

En definitiva, con este escrito, que ya digo que tiene un aroma político que previsiblemente irritará al juez instructor, es muy poco probable que el magistrado Llarena los ponga en libertad provisional a la espera de juicio. Seguramente lo que suceda es que les llame a declarar y les interrogue para acreditar que se comprometen a que su actividad futura se desarrolle dentro de los cauces de la legalidad.

El tratamiento que han recibido los miembros de la Mesa y el que previsiblemente van a recibir los destituidos miembros del gobierno catalán constituye todo un privilegio

El precedente que ha sentado respecto a la presidenta del parlamento catalán Carmen Forcadell, cuya responsabilidad en el ataque frontal a la Constitución es evidente pero es menor que la de quienes llevaron a cabo ejecutivamente ese ataque, es el que empujará probablemente al juez a levantar la prisión provisional de los ahora encarcelados, siempre, insisto, que abandonen la cantinela del «acatamiento» y amplíen su compromiso con la legalidad de manera más efectiva.

Con todo y con eso, hay que decir que el tratamiento que han recibido los miembros de la Mesa y el que previsiblemente van a recibir los destituidos miembros del gobierno catalán constituye todo un privilegio. A ningún delincuente se le pone en la calle con libertad provisional porque se dé unos cuantos golpes de pecho. A los golpistas del 23-F  no se les preguntó si acataban la ley y se les mandó a continuación a su casa. Al contrario, entraron inmediatamente en prisión y, una vez juzgados, fueron condenados a largas penas de cárcel.

Otra cosa aplicada a los golpistas de la independencia de Cataluña constituiría un agravio para los demás delincuentes. Pero sucederá.