Podría tratarse de un chiste de gallegos, esa ambigüedad calculada a la que Mariano Rajoy es tan aficionado ("Puede ser. O no"). Pero, en este caso, el error de interpretación no es como para tomárselo a broma, ya que ha supuesto el más serio traspiés del gobierno -al margen de la operación policial para desactivar el referéndum del 1-O- en su denodada lucha contra el procés.

Se trata del varapalo del Consejo de Estado al recurso preventivo del gobierno contra la investidura de Carles Puigdemont. Aunque el Tribunal Constitucional dictó el pasado sábado una resolución que limita dicha posibilidad a la presencia del candidato en la Cámara, previa solicitud al juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la realidad es que el TC aún no ha decidido si admitir o no a trámite dicho recurso. Lo que sí sabemos es que la posición del ponente Juan Antonio Xiol es contraria a darle curso, opinión que también comparten otros cuatro magistrados del TC.

Tras saberse la decisión del Consejo de Estado surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que el gobierno se metiera en ese lío sin haber evacuado previamente consultas? ¿Por qué la vicepresidenta del gobierno, que fue la encargada de anunciar el pasado día 25 a bombo y platillo la decisión del presidente de remitir el recurso, no tuvo la cautela de medir las consecuencias de un posible rechazo y actuó con una precipitación impropia de una abogada del Estado?

Tanto en la cúpula del PP como en el propio gabinete se atribuyó a la vicepresidenta esa monumental metedura de pata, que tendrá consecuencias jurídicas y políticas del alto alcance si, finalmente, el TC rechaza la admisión a trámite del recurso. Por no hablar de una posible sentencia en contra del Tribunal de Estrasburgo.

Pero la culpa, en este caso, no fue de Soraya Sáenz de Santamaría,  sino de su jefe, el presidente Rajoy. Recapitulemos telegráficamente:

-El lunes 22 de enero el presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció que el candidato a la investidura como presidente de la Generalitat era Puigdemont.

-El miércoles 25 de enero, en una entrevista a Carlos Alsina en Onda Cero, Rajoy respondía que "el gobierno no puede recurrir anuncios" a la pregunta de si se impedirá la nominación del ex presidente de la Generalitat.

-Ese mismo día por la tarde los servicios jurídicos del Estado tenían listo el recurso preventivo y, tras un debate en el que participaron la vicepresidenta, el titular de Justicia, Rafael Catalá, y el propio Rajoy, se decidió poner en marcha la maquinaria para evitar por todos los medios que Puigdemont pudiera ser elegido por delegación o por vía telemática. A las 10,30 del jueves la petición del gobierno recalaba en la sede del Consejo de Estado.

El presidente del gobierno habló con su amigo y presidente del Consejo de Estado dio por hecho que sería avalado sin problemas

Cuando se trata de un recurso ante el Constitucional que afecta a disposiciones y normas de las comunidades autónomas es preceptivo (aunque su opinión no es vinculante) solicitar un informe del Consejo de Estado.

¿Quién preside dicho órgano? José Manuel Romay Beccaría, un hombre de la plena confianza del presidente del gobierno. Fue Rajoy quien le propuso para ese cargo en marzo de 2012 y fue también él quien le propuso para su anterior puesto: tesorero del PP en sustitución del innombrable Luis Bárcenas. Mayor cercanía, imposible.

Así que fue Rajoy el que habló personalmente con el presidente del Consejo de Estado para medir la temperatura de su Comisión Permanente, que debía decidir en tan sólo unas horas, durante la la tarde del jueves, sobre un asunto tan relevante como delicado. Según fuentes de la máxima solvencia el padre político de Rajoy (los dos son gallegos y, además, Romay fue el padrino político del ahora presidente en los tiempos de las duras batallas internas del PP, cuando el partido estaba capitaneado por el todopoderoso Manuel Fraga), fue quien dio garantías de que se daría el visto bueno a la pretensión del Gobierno, porque en el asunto de Cataluña en el Consejo de Estado no hay fisuras.

Tan seguro estaba el gobierno de que obtendría el níhil óbstat del órgano consultivo que, durante la presentación de la iniciativa en rueda de prensa, la vicepresidenta deslizó que el recurso firmado por Rajoy estaba condicionado a la opinión del Consejo de Estado: "Si es positivo, -el gobierno ha decidido- interponer el recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional". Afortunadamente, el dictamen no es vinculante y ello permitió que el gobierno acordara en el Consejo de Ministros del viernes 26 de enero enviar su recurso preventivo al TC. Pero Sáenz de Santamaría se comportó en su comparecencia como si la decisión del Consejo de Estado fuera un mero trámite. Nada más lejos de la realidad.

En la reunión de la Comisión Permanente no hubo ni un solo consejero que viera motivos para darle la razón al gobierno

Landelino Lavilla, presidente del Congreso de los Diputados cuando se produjo el intento de golpe del 23-F, fue el ponente en el debate sobre el recurso del gobierno.

El borrador de informe presentado a la Comisión Permanente del Consejo de Estado, elaborado por el letrado mayor de la sección primera y visado por Lavilla, no dejaba lugar a dudas. El recurso del gobierno estaba fuera de lugar. El primer punto del dictamen dice así: "Que una eventual convocatoria del Pleno del Parlamento de Cataluña para la sesión de investidura del diputado Carles Puigdemont i Casamajó no puede considerarse contraria al orden constitucional con base a la hipótesis, de imposible constatación en el momento de emitirse el presente dictamen, de que el candidato propuesto no comparecerá en la sede parlamentaria el día de la sesión, y, por tal razón, no existen fundamentos jurídicos suficientes, atendida la jurisprudencia existente, para su impugnación ante el Tribunal Constitucional". Se puede decir más alto, pero no más claro.

Según fuentes del Consejo de Estado, durante la reunión del jueves por la tarde hubo debate, pero nadie cuestionó el borrador del ponente Lavilla. "Hubo consenso y nadie planteó un voto en contra", dice uno de los miembros de la Permanente. De hecho, el presidente Romay Beccaría ni siquiera llegó a intervenir.

¿Qué ocurrió, por tanto, en la conversación mantenida previamente a dicha reunión entre el presidente del gobierno y el presidente del Consejo de Estado? ¿Hubo un error de interpretación? ¿Confundió su deseo con la realidad? ¿Tal vez Romay Beccaría fue demasiado gallego en su respuesta a Rajoy?

Sea como fuere, el caso es que, pase lo que pase con Puigdemont, el gobierno ha dado un paso adelante muy arriesgado que, por lo pronto, ha logrado el rechazo unánime del Consejo de Estado; ha dividido al Tribunal Constitucional y ha dado al independentismo un arma de incalculable valor para ganar en Europa una batalla fundamental.