El varapalo del Consejo de Estado a la impugnación preventiva de la investidura de Puigdemont ha provocado estupor entre varios miembros del Gobierno por el hecho de que no se sondeara antes al órgano consultivo y se ahorraran el bochorno de que éste les enmendara la plana. «Si esa caterva de abogados de Estado no tenían prevista la reticencia del Consejo de Estado, apaga y vámonos», señala de forma harto gráfica una fuente ministerial.

Y otra apunta a que, visto lo visto, «me imagino que alguien habrá sondeado a algún miembro del Tribunal Constitucional», tras la decisión de seguir adelante con un recurso que, salvo defecto de forma, el Alto Tribunal admite a trámite y decreta la suspensión del hecho impugnado.

Desde Moncloa recuerdan que el dictamen de los letrados catalanes habla de «ilegalidad»; el del Consejo, no

No faltan los que quieren serenar las aguas bajo el argumento del carácter consultivo, que no vinculante, de los dictámenes del Consejo, y frente a los que creen que da munición al independentismo para saltarse el informe elaborado por los letrados del Parlament -que han cuestionado la legalidad de una investidura telemática-. Aseguran que no tiene nada que ver lo uno con otro.

Explican a El Independiente que el Consejo «no ha dicho que sea ilegal presentar el recurso, sino que ‘mejor en otro momento’, mientras que los letrados del Parlament sí han señalado en más de una ocasión y de dos que las maniobras de estos iluminados se estaban saltando la ley y el propio reglamento de la Cámara». Los mismos medios niegan que el Consejo sea «duro» con el Gobierno y, en cambio sí lo es, dicen, con los independentistas.

No hay discrepancias sobre el fondo, pero sí respecto a la «fanfarria» del anuncio

Lo cierto es que entre los miembros del Ejecutivo consultados no hay un cuestionamiento sobre el fondo del asunto, esto es, la necesidad de hacer algo para evitar el espectáculo de medio Parlament jaleando por pantalla o discurso delegado al ex president desde su retiro en la capital comunitaria. Otra cosa ha sido la escenografía elegida, la secuencia de hechos del jueves. Porque el impacto del tirón de orejas del Consejo de Estado «no hubiera sido el mismo si en lugar de comparecer la vicepresidenta ante los periodistas con tanta fanfarria se hubiera hecho a través de una nota de prensa de Moncloa», dice un ministro.

Y mucho peor, aducen, «dar por sentado que el Consejo de Estado lo iba a aprobar» como si fuera nada más que un mero trámite fastidioso. Porque los señores miembros de la comisión permanente del órgano consultivo, con su presidente al frente -nada menos que el padre político de Mariano Rajoy, José Manuel Romay Beccaría-, se tomaron la consulta tan en serio que no tuvieron empacho en calificar de «mera hipótesis» dar por hecho que Puigdemont no se va a presentar en el Parlament el día 30.

Hay quien atribuye la «precipitación» al intento de tapar la declaración de Costa

No falta alguna voz muy crítica que atribuye el cambio de criterio, que mudó en cuestión de horas durante la mañana del jueves, en «precipitaciones propias de la desesperación política». Una desesperación derivada del juicio de la Gürtel valenciana. Afirma en este sentido que «ésas son las cosas que te pasan cuando la decisión de impugnar la investidura la motiva la declaración de Ricardo Costa».

El miércoles se solaparon dos cuestiones para el PP de infausto recuerdo; una, la declaración del ex secretario general de los populares valencianos Ricardo Costa afirmando que el partido en la región se había financiado con dinero negro y que se lo había comunicado oportunamente al ex tesorero Luis Bárcenas. La otra, la entrevista de Mariano Rajoy en Onda Cero. «¿Le molesta que se refieran a usted como M. Rajoy?», no es mala pregunta para arrancar una cita radiofónica que no fue cómoda para el inquilino de la Moncloa. Precisamente, en dicha entrevista el jefe del Ejecutivo desechaba la posibilidad de una impugnación preventiva.

Resurge algún dedo que señala a la vicepresidenta por ser la responsable de la cuestión catalana

Resurge asimismo algún dedo que vuelve a señalar a la vicepresidenta por tratarse de la responsable directa de la cuestión catalana. Argumentan que «es muy buena, pero nadie es capaz de abarcar tanto poder y tantas competencias en un Gobierno, y está sobrepasada», aunque no era esa la imagen que dio en su comparecencia de este viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, para dar cuenta de la presentación de recurso ante el Tribunal Constitucional.

En su día, los negociadores del 155, esto es, Gobierno, PSOE y Ciudadanos, plantearon la posibilidad de designar a un ministro especial para Cataluña, alguien que se dedicara en exclusiva a la intervención de la Generalitat y que estuviera sobre el terreno. Finalmente, Rajoy no sólo no nombró a alguien centrado en la gestión de aquello con mando en plaza, sino que delegó en su número dos todas las competencias que le correspondían como president interino.

Los partidarios de haber nombrado a una persona específicamente para esa tarea argumentan que la cuestión catalana «tiene la suficiente envergadura política como para tener a un peso pesado del Gobierno haciendo lo que hacen ellos: dedicar todo su tiempo y energías a pelear», independientemente de que Santamaría, en su calidad de ministra de Administraciones Territoriales, hubiera coordinado el trabajo de ese ministro especial.

Sea lo mismo o no, el revolcón del Consejo de Estado da argumentos al independentismo para desobedecer a sus letrados, como ya hizo en septiembre del año pasado al aprobar de forma fraudulenta las llamadas «leyes de desconexión». Si esto puede tener consecuencias negativas para un amplio sector de la opinión pública, lo minimiza, de forma harto exagerada, un asesor gubernamental: «Como si entramos con los tanques por el Parlament».