Si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, da por proclamada la nueva república, esté o no esté en vigor,  y el Gobierno termina de activar los mecanismos del 155, no es descartable que se nombre una especie de «ministro» especial para Cataluña al estilo del que el Reino Unido designó para administrar los acuerdos de paz del Ulster. Aunque la situación catalana nada tiene que ver con la de Irlanda del Norte y Moncloa ha huido como de la peste de cualquier comparación bien con este caso o con el de Escocia, donde sí se celebró referéndum, la excepcionalidad de la intervención de la gestión de la Generalitat les lleva a manejar distintos escenarios.

Aunque el papel de «ministro» especial debería asumirlo en puridad el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, distintos ministerios manejan la idea de un perfil «más político» y con más ascendente para, por un lado, coordinar la administración de las competencias intervenidas y, por otro, la interlocución del día a día con distintos sectores sociales catalanes. Alguien instalado o que se instale en Barcelona, conocido y reconocido en Cataluña y, no necesariamente militante del PP, señalan fuentes gubernamentales.

Se trataría de una figura similar a la del ministro británico para el Ulster que creó Blair

La dirección política del desafío catalán corresponde a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la que escogió a Millo para sustituir a María de los Llanos de Luna, con un perfil mucho más duro que su sucesor. Pero la llamada «operación diálogo» no ha frenado al independentismo hasta este momento.

Interrogada precisamente la vicepresidenta este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros respecto a si tenía que reconocer algún error de gestión del conflicto, ha replicado que «probablemente, y lo digo en primera persona, haya cometido muchos errores, pero no he cometido el error mayúsculo, que es negociar por cuenta del Gobierno con la soberanía del pueblo español».

La aplicación del 155 abre, sin embargo, un nuevo escenario inédito que alguien tiene que administrar sobre el terreno al margen de que sean los respectivos ministerios los que gestionen las materias intervenidas. De momento, las cuentas de la Generalitat las dirige Cristóbal Montoro desde Hacienda y Administraciones Públicas, sin necesidad de terminales en Barcelona, aunque muchos compañeros del consejo de ministros manejan la necesidad de alguien sobre el terreno y con un buen perfil político.

El nombre del socialista José Borrell ha comenzado a circular para asumir ese cometido

Hay quien apunta incluso a la figura del ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo, el socialista Josep Borrell, cuyo protagonismo, después de llevar años desmontando los argumentos independentistas, se ha elevado a la enésima potencia tras su intervención en la manifestación en Barcelona del pasado 8 de octubre.

Rajoy no ha ocultado sus simpatías hacia el contenido de aquel discurso y hacia el papel que está jugando el que pudo haber sido presidente del PSOE, la misma persona que defendió la abstención socialista para propiciar la investidura del gallego aunque luego se pasó a las filas de Pedro Sánchez. Sin embargo, no dejaría de ser un ejercicio de alto riesgo encargar a Borrell este cometido, en buena medida porque a este socialista catalán, jacobino, le cuesta someterse a según qué disciplinas. Incluso en el Gobierno socialista se comportó muchas veces como un verbo suelto.

Puestos a buscar antecedentes con los que abordar la intervención de la Generalitat si Puigdemont admite el lunes que ha declarado la independencia de Cataluña y se niega a volver a la legalidad, Moncloa vuelve a encontrar ejemplos en el Reino Unido. Allí se suspendió, hasta por cuatro veces, la autonomía de Irlanda del Norte, todas ellas gobernando el laborista Tony Blair.

Santamaría insiste en que Puigdemont acuda al congreso a plantear sus propuestas

En todo caso, la vicepresidenta subrayó este viernes que Puigdemont aún «está a tiempo de recuperar la normalidad institucional» y restaurar la convivencia. En este sentido, invitó al Gobierno catalán a sumarse a la comisión de estudio que debatirá en el Congreso la reforma constitucional, así como a acudir ante el pleno para explicar su proyecto siempre y cuando acepte las reglas del juego establecidas. «Nada es inmutable, todo se puede hablar, desde el respeto a la reglas democráticas y a los derechos de los ciudadanos», subrayó acaso esperanzada de que el president dé marcha atrás.

Sin querer entrar en el escenario que se abre en caso de que los secesionistas sigan adelante, le ha invitado a que este fin de semana «con puente de por medio» reflexione para restaurar esa convivencia entre los catalanes. A Puigdemont se le ha planteado  una pregunta sencilla para terminar con un problema complejo», esto es, «si sí o si no ha declarado la independencia». Posiblemente una de las cuestiones más difíciles de responder mientras arrecian las presiones del sector más duro, la CUP y la ANC, para que no llegue al jueves sin proclamar la nueva República catalana.