Lo que le faltaba al Gobierno: que el Tribunal Constitucional le haya tumbado, por unanimidad, la ocurrencia planteada por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert, según la cual la Generalitat de Cataluña estaba obligada a pagar unos 6.000 euros a los padres que, queriendo que sus hijos reciban educación en castellano y no pudiendo conseguirlo en los centros públicos, se vieran obligados a inscribirlos en centros privados. Lo que el Constitucional dice es que esa medida excede de las competencias del Estado e invade las de la comunidad autónoma. Eso es todo porque, por otra parte, la sentencia del TC da la razón al Gobierno en asuntos de tanta relevancia como la implantación de las reválidas en la ESO y en el Bachillerato.

Pero eso ha pasado desapercibido porque la situación en la que se encuentra el Gobierno en lo que se refiere a sus planes -o más bien a la ausencia de sus planes conocidos o por conocer- para garantizar un mínimo de enseñanza del castellano en las escuelas catalanas es de una debilidad dramática. El resumen de su posición es el siguiente: sabe que debe hacer algo pero no sabe qué hacer. Y lo peor es que ese estado de inanidad, que nunca y en ninguna circunstancia debería exhibir quien ostenta el poder Ejecutivo de un país -lo cual significa que es quien toma las decisiones que afectan al interés general y que las hace ejecutar-, ese lamentabilísimo espectáculo que nos está ofreciendo el Gobierno ha sido provocado por el mismo Gobierno y por nadie más que él.

El resumen de la posición del Gobierno es el siguiente: sabe que debe hacer algo pero no sabe qué hacer

Ha sido el secretario de Estado el que, sin que nadie antes se hubiera ocupado del asunto, dio el jueves pasado el «queo» cuando declaró públicamente que el Gobierno estaba estudiando incluir una casilla en la preinscripción escolar del curso que viene que permita a las familias escoger si su hijo quiere estudiar en castellano, acabando con el catalán como única lengua vehicular en la enseñanza pública autonómica. «Lo decidiremos en las próximas semanas», anunció. Y detrás de él se lanzaron en tromba durante todo el jueves otros miembros del equipo gubernamental rematando la faena.

Pero, ay amigo, amaneció el viernes y el titular de Educación y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, tuvo que salir al ruedo para desmentir de todas las maneras posibles el que hubieran considerado incluir en los impresos de preinscripción para el curso que viene la casilla que permita a las familias escoger si su hijo quiere estudiar en castellano. Mil veces insistió el ministro en que ellos no habían hablado de «casillas» en ningún caso hasta concluir de manera un tanto patética con una frase inolvidable: «El cómo lo hagamos lo estamos estudiando, pero sin duda lo haremos». Esto dijo después de haber aclarado un detalle fundamental, y es que ningún Gobierno puede modificar por sí mismo una ley aprobada por un Parlamento autonómico, y éste es precisamente el caso. Por eso se asustaba tanto cuando los periodistas insistían en preguntarle cuándo se iba a poner la famosa casilla para elegir la enseñanza en castellano.

Por si no tuvieran ya bastantes problemas, hay división entre los miembros del Gabinete a propósito de cómo actuar en este espinoso asunto

En definitiva, el Gobierno se había columpiado, había hablado más de la cuenta y ahora se encontraba con que había prometido hacer algo que no podía hacer. Y no sólo eso: es que con tanto anuncio de una inminente intervención en el sistema de enseñanza imperante hoy en Cataluña había puesto en pie de guerra a todo el independentismo militante y encima se encontraba con la oposición del PSOE, su aliado natural frente al secesionismo. Un viaje desastroso.

Pero aquí no ha acabado todo porque parece que, por si no tuvieran ya bastantes problemas, hay división entre los miembros del Gabinete a propósito de cómo actuar en este espinoso asunto de la inmersión lingüística que ha expulsado al castellano de las escuelas públicas y concertadas catalanas. Una parte del Gobierno se inclina por andarse con pies de plomo mientras  otra parte considera que «ahora o nunca», siendo ese «ahora» el hecho de que está en vigor la aplicación del artículo 155 que otorga al ministro de Educación las funciones que corresponden al consejero de Enseñanza de la Generalitat y los hay que quieren aprovechar la ocasión para darle un vuelco al asunto.

En esa división de opiniones hay que engarzar la sorprendente y extemporánea intervención de la ministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat, que se ha lanzado a anunciar con todas las palabras y todas las letras, sin ni una pizca de paños calientes, que “nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y, por tanto, nosotros vamos a cumplir la ley y las sentencias judiciales y va a existir esa casilla porque es devolver un derecho a los padres”.  Ahí queda eso. Volvía la «casilla» a ocupar un lugar preeminente en esa confusión, generada, ya digo, por el propio Gobierno, que se ha hecho un lío consigo mismo. Pero la cosa duró poco porque enseguida salió el ministerio de Educación a decir que la ministra «ha tenido una confusión» y que se «sigue trabajando en la búsqueda de la fórmula». Es decir, la ministra «ha confirmado algo que el Gobierno aún no tiene cerrado». No sólo no lo tiene cerrado, lo tiene abierto en canal porque el artículo 155 no faculta al Ejecutivo a aprobar una medida así.

El golpe al Gobierno ha sido más duro por las circunstancias en las que ha sido recibido y por el argumento del TC

En definitiva, se han ido todos de la lengua, todos, también la ministra de Sanidad que, si creía que con eso iba a forzar al ministro de Educación a meterse en un berenjenal del que no se sabe como podría salir, se ha equivocado de pleno. Y en mitad de esta tormenta y de esta apoteosis de la confusión y de las versiones contrarias e incompatibles de los miembros del mismo Gobierno, el Tribunal Constitucional hace pública la sentencia sobre un recurso presentado en 2014 por la Generalitat, en la que da la razón al Ejecutivo en asuntos tan importantes como la implantación de reválidas, pero se la quita en lo que toca al método para asegurar a los padres que lo deseen la enseñanza del castellano.

El golpe al Gobierno ha sido más duro por las circunstancias en las que ha sido recibido y por el argumento empleado por el Constitucional: invade las competencias de la Generalitat.  Eso, habiendo decidido en condiciones de normalidad legislativa. No digamos nada si las medidas se toman en caso de excepcionalidad, es decir, amparándose en la vigencia de un artículo plenamente constitucional pero que supone la toma de control del gobierno autónomo catalán por parte del Gobierno de España.

En conclusión, no nos vamos a arriesgar mucho si aseguramos desde ahora mismo que el ministro de Educación no va a hacer nada. Va a seguir estudiando el asunto mucho, pero mucho, tiempo más. Y aunque tiene la obligación de hacer que se cumplan las sentencias de los tribunales en el sentido de que la enseñanza del castellano debe ocupar un 25% de la programación escolar, nadie sabe, ni él mismo, cómo lo puede llegar a hacer.

Para hacer este viaje mejor no lo habíamos empezado.