Nueva polémica a cuenta de las decisiones de la ministra de Justicia. Dolores Delgado acaba de cesar al abogado del Estado que ocupaba hasta hoy el puesto de jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado, Edmundo Bal, por “pérdida de confianza” de la Abogada General Consuelo Castro.  El Gobierno justifica tan drástica y sorprendente decisión en una supuesta insubordinación del  recién destituido.

Según argumentan fuentes del Ejecutivo, el jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado  no sólo se negó en su día a modificar el escrito de acusación presentado ante el Tribunal Supremo, en el que inicialmente se acusaba a los líderes independentistas catalanes de un delito de rebelión, para rebajarlo a los delitos de  sedición y malversación de caudales públicos, tal y como había sido ordenado por el Gobierno. Según afirman desde el ministerio de Justicia, Edmundo Bal habría anunciado además que en el transcurso de la vista oral él no estaba dispuesto a defender ninguna posición que no compartiera personalmente, motivo por el cual su destitución ha sido inevitable puesto que los abogados del Estado están al servicio de la Administración del mismo Estado y actúan en subordinación a las directrices que reciben en cada caso.

Bueno, vamos por partes.  De entrada, es completamente cierto que el jefe de la Sección Penal había firmado el escrito de acusación en el que se imputaba la rebelión a los acusados y también es cierto que a principios del mes de noviembre se negó a firmar la modificación a su escrito en el que se establecía la rebaja del delito. Sólo recordar aquí que en nuestro Código Penal la rebelión está incluida en los delitos contra la Constitución mientras que la sedición es considerada un delito de desórdenes públicos. Son, pues, dos  categorías muy diferenciadas, una  de mucha mayor gravedad que la otra. Es decir, que es verdad que hubo una desobediencia en primera instancia porque la orden emanada del Gobierno tenía un objetivo político, algo que desde el ministerio de Justicia se desmintió una y otra vez, sin éxito ninguno: nadie se creyó la versión según la cual había sido los propios abogados del Estado los que habían concluido, con criterios puramente jurídicos, que lo ajustado a Derecho era acusar por sedición.

Lo único que ha cuarteado el bloque de la secesión ha sido el temor de unos y otros a entrar en la cárcel

Lo cierto es que éste ha sido uno más de los innumerables gestos de “desinflamación” que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho con sus socios de moción de censura y que no ha obtenido la menor respuesta positiva por parte de los secesionistas catalanes en calidad de sus interlocutores-adversarios. Como el que no se consuela es porque no quiere, el equipo gubernamental se refugia en lo bien que están funcionando las comisiones bilaterales Gobierno-Generalitat para convencerse a sí mismo de que su apacible docilidad está debilitando la unidad independentista cuando la verdad es que lo único que ha cuarteado el bloque de la secesión ha sido el temor de unos y otros a entrar en la cárcel a hacer compañía a sus compañeros presos.

Y es este convencimiento beatífico el que ha empujado a Pedro Sánchez a ordenar a la Abogacía del Estado apearse de la acusación de rebelión y el que explica la negativa de Edmundo Bal a aceptar los criterios políticos y no jurídicos que venían del Gobierno. Por eso fue la Abogada General, Consuelo Castro, quien firmó el nuevo escrito suavizado respecto del original. Hasta ahí todo cierto.

Pero sucede que la Abogacía del Estado siempre defiende en los juicios la posición de la Administración general  y eso es algo que sabe hasta el último abogado del Estado recién llegado al cuerpo y que esté en ejercicio. Y sucede que el jefe de la Sección Penal iba a ser el encargado de representar al Gobierno en el  juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo y que es del todo inverosímil que un profesional de reconocido prestigio como es el señor Bal  haya advertido a su jefa inmediata, Consuelo Castro, que él se disponía a bailar solo durante el transcurso de la vista oral y que iba a defender la posición que le pareciera más oportuna.  Eso no hay quien se lo crea porque es un planteamiento sideralmente  contrario a la función propia de la Abogacía del Estado y Edmundo Bal lleva  más de 20 años formando parte de ese cuerpo de letrados y conoce perfectamente, como todos, cuál es su papel.

Lo que parece más bien es que la ministra de Justicia Dolores Delgado no admite discrepancias

Por lo tanto, la versión según la cual el jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado se ha vuelto loco y su jefa no ha tenido más remedio que destituirle no se sostiene de ninguna de las maneras. Lo que parece más bien es que la ministra de Justicia Dolores Delgado no admite discrepancias, ni siquiera de tipo jurídico y mucho menos si esa discrepancia se sostiene  con rotundidad. Y no es su primer intento. La ministra ya había cesado a Edmundo Bal en agosto pasado con motivo de la polémica que se generó en torno a su injustificable decisión inicial de que el Gobierno no iba a personarse en la defensa del juez instructor del  procés Pablo Llarena contra el que Puigdemont y cuatro de sus consejeros huidos habían planteado una demanda civil en Bélgica a causa de unas declaraciones que había hecho el juez en Oviedo en las que había afirmado que los encarcelados en España no eran presos políticos .

En aquella ocasión el departamento de Justicia hizo pública en un primer momento su decisión de no  personarse “en ningún caso” en defensa del juez Llarena por unas  “afirmaciones privadas”. Y lo hacía en contra de dos informes emitidos desde la Abogacía del Estado que sostenían que esa defensa formaba necesariamente parte de la defensa de la soberanía jurisdiccional del Reino de España. Aquello provocó la indignación de casi todas las asociaciones de jueces y fiscales -solo se mantuvo en defensa del Gobierno la asociación progresista de jueces- y de la cerrada oposición  de Ciudadanos y el PP.  El incendio siguió creciendo hasta que el presidente del Gobierno dio un giro a la posición sostenida por el ministerio de Justicia y declaró sin ambages que la defensa del juez Llarena era “una cuestión de Estado”.

La ministra de Justicia no había perdonado a la Abogacía del Estado ni sus dos informes favorables a la defensa del magistrado Pablo LLarena ni el hecho de que esa posición hubiera trascendido a la opinión pública. Resultado: cesó a Edmundo Bal. Pero el giro copernicano imprimido al asunto por el presidente se le cruzó en el camino y tal como le había cesado le repuso de nuevo en su cargo en cuestión de horas. Así que de lo dicho, nada. Hasta ayer, en que con el siempre tan socorrido argumento de la”pérdida de confianza”, se ha librado de un profesional que no la secundó en su momento y, por segunda vez, defendió con convicción su criterio contrario al de la ministra.

Un cese que tiene por lo tanto el sospechoso y desagradable aroma de la represalia.