La presidenta del Congreso está intentando no tomar una decisión sobre los presos independentistas antes del domingo porque eso es lo que le conviene a su partido y, sobre todo, a su jefe, el presidente del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez pretende pasar el día de las elecciones sin tener que pagar ni un sólo voto por  una decisión que él y la presidenta de la Cámara saben inexorable pero que pretenden alargar hasta después del recuento de la noche del día 26.  Ni más ni menos.

No hay otra explicación a la actitud taimada de la señora Meritxell Batet que, recién estrenada en su cargo, se ha apresurado a enviar una carta "aclaratoria" al Tribunal Supremo para que le expliquen si la suspensión ordenada a los diputados procesados lo es para toda la legislatura o sólo para  el día de constitución de las Cámaras. Es tan burdo el juego que provoca sonrojo. Y es tan evidente que está actuando en favor de parte que ni siquiera consultó o informó al resto de los miembros de la nueva Mesa una decisión que tiene una evidente trascendencia institucional pero también parlamentaria y política. Actuó por su cuenta y rápidamente porque lo que perseguía era exactamente darle una patada al balón de modo que siga rodando hasta después de las elecciones.

Lo que pasa aquí es que la presidenta del legislativo no quiere asumir las responsabilidades que le son propias porque siempre es más cómodo ponerse de perfil y que sea otro quien cargue con el peso de una decisión que siendo estrictamente legal, no debe parecerle a la señora Batet una cosa "bonita". Según parece, los miembros de la anterior Mesa estaban también disconformes con el auto del Alto Tribunal porque hubieran preferido recibir una orden y cumplirla para no tener que asumir una medida que les resulta incómoda. Pero es que el Poder Legislativo está obligado, como todos, a cumplir la ley y concretamente a aplicar el Reglamento de la Cámara.

Lo que pasa aquí es que la presidenta del legislativo no quiere asumir sus responsabilidades porque siempre es más cómodo ponerse de perfil

Después del espectáculo ofrecido ayer en el hemiciclo por los presos independentistas y sus compañeros,  en el que se produjeron situaciones intolerables en la medida en que estos señores, que están siendo juzgados por haber cometido presuntamente delitos gravísimos contra la Constitución española, haber violentado  la ley, desobedecido consciente y deliberadamente al Tribunal Constitucional, declarado unilateralmente la independencia de Cataluña y convocado ilegalmente un referéndum para intentar legitimar con él tantos desmanes, estos señores fueron tratados no sólo con corrección, algo obligado en la Cámara, sino con afecto indisimulado y hasta con acatamiento, casi con vasallaje.

Y no digamos nada del aquelarre que se montó cuando llegó el momento de acatar la Constitución y la señora Batet se permitió asegurar que la jurisprudencia del TC daba por buena cualquier fórmula que incluyera el acatamiento. Pero, al margen de que eso no es cierto, porque el Constitucional dice que eso es así siempre que no se desvirtúe la declaración de observancia y cumplimiento del texto de nuestra Carta Magna, lo que algunos de los diputados independentistas hicieron fue poner por delante la supuesta legitimidad del referéndum ilegal del 1 de octubre, a cuyos resultados dijeron someterse, con lo cual se convierte en papel mojado la última parte del juramento o promesa. Yo creo que la enunciación de algunos de esos diputados fue directamente inconstitucional y que debería ser impugnada.

A ver si tiene el valor de no hacer nada y de seguir actuando en el interés político de su secretario general y no en el del más estricto cumplimiento de las normas

Con esas imágenes que deberían avergonzar a cualquier demócrata que no sea un auténtico insensato, los independentistas presos se han dado un baño de aparente legitimidad que echa por tierra meses de trabajo de un Tribunal Supremo empeñado en establecer con arreglo a Derecho las responsabilidades en que hubieran incurrido los procesados. En una palabra, el Congreso ha blanqueado a los presuntos autores de muy graves delitos, a unos presuntos delincuentes. Y ahora que el Alto Tribunal deja en manos del Poder Legislativo la toma de la única medida posible según la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también según el Reglamento del Congreso, la flamante presidenta de la Cámara se inventa una estratagema para devolver al Supremo la misión de ejecutarla.

La Fiscalía, que ya se había olido la jugada, ha pedido al Supremo que suspenda de manera automática a todos estos señores que han accedido ayer a su condición de diputados. Lo que intenta la Fiscalía es impedir que los intereses y las conveniencias electorales de los políticos puedan interferir y alterar la aplicación de las leyes. Y tiene razón.

Pero lo que se merece ahora  Meritxell Batet es que el Tribunal, en la respuesta a su carta, vuelva a recordarle que es su competencia y su obligación determinar la suspensión de quienes acaban de pasar a ser miembros de la Cámara. Y a ver si tiene el valor de no hacer nada y de seguir actuando en el interés político de su secretario general y no en el del más estricto cumplimiento de las normas.

Vaya estreno el de la señora Batet. Una vergüenza.