Concentración ante la sede de la Comisión Europea en Barcelona, tras el fallo del TJUE sobre Oriol Junqueras.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede abrir la vía para la excarcelación de Oriol Junqueras, o, al menos, para que la cuestión catalana se convierta en un tema de debate en el Parlamento Europeo, dando pie a la "internacionalización del conflicto" tan ansiada por parte del independentismo.
La clave para ello la tiene la Abogacía del Estado, en la que ayer ERC puso el foco hasta el punto de condicionar la continuidad de la negociación el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez a lo que diga esta institución que depende -esta sí- del Gobierno y, más en concreto, del Ministerio de Justicia.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que la Abogacía del Estado está estudiando la forma para que el Supremo pueda cumplir con la resolución del TJUE. No hace falta ser más explícito.
El TJUE contestó ayer a una cuestión planteada por el propio Tribunal Supremo: ¿Era Oriol Junqueras eurodiputado y, por tanto, gozaba de la inmunidad que implica el cargo, una vez que fue elegido? La respuesta es clara. Rechaza el argumento esgrimido en su día por la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, según el cual la limitación de los derechos políticos del líder de ERC se justificaba por el riesgo de fuga y por su carácter "temporal", dado el "pronto desenlace" de la causa.
Al reconocer que Junqueras debería haber adquirido la inmunidad cuando fue elegido en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo, el TJUE no cuestiona la sentencia que condena a Junqueras a 13 años por delitos de sedición y malversación, porque no entra en el fondo de la causa por la que ha sido juzgado. Es más, plantea que el Tribunal podría haber pedido la suspensión de la inmunidad si creía que debía mantenerse la prisión provisional.
Pero eso a los independentistas les da igual. La resolución del TJUE fue recibida con euforia: Pere Aragonés y Marta Vilalta han pedido su libertad inmediata, al entender que la inmunidad le convierte en inocente de los delitos por los que ha sido condenado.
La política irrumpe sin recato en el terreno judicial. ERC condiciona seguir negociando con el PSOE a que la Abogacía del Estado facilite la libertad de su líder
El argumento es burdo y hay que situarlo en el terreno de la agitprop a la que tan aficionados son los independentistas.
La respuesta de la Fiscalía a la sentencia del TJUE fue contundente y limita la capacidad de maniobra del gobierno. El MInisterio Público se opone a la libertad de Junqueras y pide al Supremo que comunique la sentencia condenatoria al Parlamento Europeo para que suspenda su inmunidad de forma inmediata.
Ahora bien, ¿qué hará la Abogacía del Estado? Esa es la clave. No tanto para determinar lo que hará el Tribunal Supremo, en una resolución que hará pública el próximo 3 de enero, sino para comprobar si ERC se da por satisfecha y decide mantener las negociaciones con el PSOE.
En su día, la Abogacía ya defendió que Junqueras debía haber recogido su acta de eurodiputado. Por tanto, ahora podría solicitar al Tribunal que permitiera al condenado acceder a dicha condición, saliendo para ello de prisión. Eso obligaría al Supremo a pedir la suspensión de la inmunidad, abriendo así un proceso de discusión en el Parlamento Europeo nefasto para los intereses de España.
El gobierno ya actuó de manera expeditiva con el Abogado General del Estado, Edmundo Bal, cuando éste se opuso a cambiar el criterio sobre el delito de rebelión. Así que ahora no sería extraño que la Abogacía redactara un escrito al dictado del gobierno.
Excusas no van a faltar. Por ejemplo, que la vulneración de los derechos políticos de Junqueras podría ser un argumento de peso en favor de las tesis de los condenados frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante el que se ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo.
Mientras Junqueras espera con ansiedad el escrito de la Abogacía del Estado, los acontecimientos se suceden a velocidad de vértigo. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, decidió ayer a última hora levantar la prohibición de entrada a la institución a Carles Puigdemont y a Antoni Comín para hacer efectiva la resolución del TJUE que supone, de hecho, que el ex presidente de la Generalitat y su ex consejero accederán pronto a su condición de eurodiputados.
Este es el primer paso para que Puigdemont se convierta en candidato a presidir la Generalitat. Curiosamente, la decisión sobre Junqueras a quien más va a favorecer, al menos a corto plazo, es a su máximo contrincante.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puede abrir la vía para la excarcelación de Oriol Junqueras, o, al menos, para que la cuestión catalana se convierta en un tema de debate en el Parlamento Europeo, dando pie a la "internacionalización del conflicto" tan ansiada por parte del independentismo.