Esto no puede ser y hay que denunciarlo. Desde las esferas oficiales no es admisible que sus representantes se arroguen la facultad de establecer cuál es la Verdad Revelada y de tratar de imponerla a quien no comulga con ella o de descalificar con insultos de grueso calibre como indignos ciudadanos movidos por oscuros intereses a quienes se atreven a discutir esa Verdad. Y eso es lo que está pasando desde hace semanas y que ha alcanzado ayer el punto de ebullición.

Es verdad que las noticias falsas circulan por las redes con una intensidad y velocidad directamente proporcional al estado de inquietud de una opinión pública a la que, por cierto, nunca hasta este preciso momento se ha intentado alertar desde el Gobierno para que fuera consciente del grado de fragilidad en que se encontraba la ciudadanía ante las mentiras que le estaban llegando, desde hace mucho tiempo ya, insistentemente a sus móviles y a sus tabletas.

Tezanos demuestra ser un fanático incendiario, cosa que no era en su vida anterior, y lo dice esta servidora que años atrás lo ha conocido, y apreciado mucho, como alguien reflexivo y moderado

Es ahora cuando desde el Gobierno y desde las terminales de la izquierda se está poniendo el grito en el cielo porque a las criticas que está recibiendo el Ejecutivo por parte de la oposición por su gestión de la crisis del coronavirus, se suma un clima crecientemente negativo en la sociedad, algo que en estas circunstancias sólo se puede comprobar asomándose a las redes sociales, que es hoy el foro donde se debate todo tipo de cuestiones y donde se introducen verdades y mentiras, todas amontonadas y todas en el mismo saco y acompañadas todas de la misma vitola de credibilidad.

En el Gobierno están empezando a sentirse agobiados por el acoso de los reproches, que en una curva ascendente empiezan a formular cada vez más ciudadanos que están dando paulatinamente crédito a las acusaciones de la oposición política en aspectos muy concretos. Aspectos que tienen que ver sobre todo con el hecho de que España sea el tercer país con mayor número de muertos de todo el mundo, a la sensación cada vez más fundamentada de que no se están dando la cifras reales de fallecidos, que es en realidad mucho mayor que la del cómputo oficial, al ninguneo en los círculos y en los medios próximos al Gobierno al que están siendo sometidos los muertos y a la escasez comprobada de material de protección para la población, especialmente para los profesionales sanitarios y todos aquellos que siguen cubriendo los servicios imprescindibles para que los españoles puedan vivir confinados pero con todas sus necesidades cubiertas.

Es este nivel de desacuerdo y de condena lo que el Gobierno y sus terminales mediáticas no soportan y lo que les hace revolverse contra los medios de comunicación críticos con la gestión del Ejecutivo. Y eso les lleva a adentrarse en descalificaciones insultantes que son respondidas a su vez en el mismo tono por la otra parte. Panorama que resultaría lamentable pero que no pasaría de ahí si no se estuvieran produciendo actuaciones que han levantado la cólera de esa parte del país que juzga con ojos de reproche la actuación del Ejecutivo.

Me estoy refiriendo al último trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuya publicación ha supuesto un auténtico escándalo entre los sociólogos, los institutos de opinión, los medios de comunicación y los partidos políticos que no son socios del Gobierno. Para empezar, porque este trabajo ha sido publicado diez días antes de lo que acostumbra el CIS a dar a conocer sus trabajos. Un detalle que tendría una importancia relativa si no hubiera alentado la sospecha de que ese adelanto tiene por objeto el de arropar con el manto de una opinión pública favorable a un Ejecutivo asediado por los problemas.

Y eso se ha desatado en los términos del escándalo al que me refiero por la monumental irregularidad -que, dado el alto nivel profesional de quienes componen la plantilla del CIS no se puede atribuir a la torpeza o a la incompetencia- que comporta la compleja y manipuladora pregunta que se hace, por teléfono además, a los encuestados. En esencia, se les invita a elegir entre recibir la información sobre el coronavirus de la fuente oficial, «prohibiendo la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco documentadas por las redes y los medios de comunicación social» o mantener la «total libertad para la difusión de noticias e informaciones «.

No podemos tolerar que esta tempestad que está derruyendo tantas de nuestras antiguas seguridades llegue a poner en cuestión uno de los pilares más fundamentales de nuestras libertades públicas que es el derecho a la libre información

El mero planteamiento es por sí escandaloso porque todo lo que propone es indefendible. Lo que somete a la consideración de los encuestados es que bendigan la posibilidad de estar informados únicamente por los canales oficiales. Tal como si estuviéramos viviendo en una dictadura en la que la libertad de información fuera una quimera. La sola sugerencia de un escenario así estremece por sí misma pero aún mucho más lo hace viniendo como viene de un instituto público, financiado por los Presupuestos Generales del Estado.

Naturalmente, las evocaciones al orwelliano Ministerio de la Verdad se han multiplicado en el día de ayer acompañadas de la constatación de que esa verdad oficial en este momento ni siquiera es de fiar porque tiene numerosas lagunas. Por ejemplo, la de la cifra real de muertos en España, que a estas alturas no se conoce porque las fuentes del Gobierno aún no la han suministrado. Pero proponer que el ciudadano elija remitirse exclusivamente a la información de un sólo cauce y que ese cauce sea precisamente el del Gobierno evoca los regímenes de esas autodenominadas democracias que son en realidad oscuras y tiránicas dictaduras.

Pero es que además sugiere que se prohíban los bulos. No que se combatan, no, directamente que se prohíban. De nuevo aparece aquí el aroma escandaloso de un planteamiento político que detesta la libertad de información si con esa libertad no solo no se acata la posición oficial sino que encima se la combate. Prohibir los bulos. Eso, como propuesta, es algo radicalmente inviable y en el mejor de los casos solo evidencia una ceguera demasiado inquietante por lo peligrosa viniendo de un instituto de opinión dependiente del Gobierno.

Pero no acaba ahí la cosa. La pregunta de marras mete en el mismo saco los bulos y «las informaciones poco documentadas», categoría que requeriría una Autoridad Superior para decretar cuál de todas las informaciones que se hacen públicas cuentan con un nivel suficiente de documentación que la haga apta para el consumo de la población. Estamos hablando entonces de censura. Y para rematar tamaño despropósito, en ese mismo saco donde comparten miseria «los bulos y las informaciones», el CIS encierra también a los medios de comunicación, así en general. Ahí queda eso.

En definitiva, pocas veces se ha visto en la España democrática mayor desprecio a un principio constitucional tan valioso como es la libertad de información. Y digo desprecio porque al fin y al cabo no se trata más que de una pregunta, pero cabe plantearse qué consecuencias tendría ese planteamiento traducido a la posible capacidad ejecutiva de quien asume su sugerencia como un ejercicio de honestidad y no es capaz ni siquiera de atisbar la enormidad antidemocrática de su exposición.

Pero lo peor viene cuando vinculamos la pregunta del CIS con las opiniones personales publicadas por su director. Ahí es donde encontramos la explicación de este desvarío. A un responsable público cuya función consiste en ofrecer un retrato lo más aproximado posible de las opiniones de los ciudadanos, le es exigible una exquisita neutralidad. Es decir, que deje sus opiniones políticas en el sofá de sus casa para evitar contaminar con ellas el delicado trabajo que tiene encomendado y que es el de ofrecer una fotografía lo más fiel posible de los puntos de vista de la población en un momento determinado.

El respaldo del Gobierno a Tezanos resulta además de rotundamente escandaloso una buena prueba de lo inquietos que están sus miembros ante la ola de críticas recibidas

Pero nos encontramos con que el retrato que el señor Tezanos hace de sí mismo al calificar a los partidos de la oposición al Gobierno, y en consecuencia a los millones de españoles que los han respaldado con su voto, le desacredita de raíz para ocupar el puesto que hoy ocupa. Los términos que emplea para expresar su radical desacuerdo con ellos -desacuerdo nada ilegítimo en sí mismo puesto que él mismo milita en el PSOE- le convierten en profundamente incompatible con su actual cargo.

Porque una persona que llama «carroñeros» a los políticos de centro y de la derecha, y los tilda de «desagradables, insolidarios, agresivos, hipercríticos, en las antípodas de lo que se espera de un pueblo civilizado y que roza en su comportamiento lo punible» demuestra ser un fanático incendiario, cosa que no era en su vida anterior, y lo dice esta servidora que años atrás lo ha conocido, y apreciado mucho, como alguien reflexivo y moderado. Inteligente.

Y digo muy a mi pesar que se ha convertido en un fanático porque con esos planteamientos es evidente que no admite más que su verdad y cualquier otra versión de un mismo hecho merece en su criterio ser combatida con todos los medios a su alcance, que en este caso es un arma tan poderosa como la palabra. Eso es un fanático, alguien que no admite la disidencia si no es bajo la condición de interpretarla a través del prisma de la indignidad y la inmoralidad del discrepante.

Podríamos entrar aquí a subrayar las diferencias que dice el señor Tezanos que existen hoy entre la clase política de España y la de Portugal, gobierno y oposición incluidas, pero no es el momento. Sí lo es, sin embargo, de denunciar las agresiones que se están haciendo, y no sólo desde el CIS, a un derecho fundamental como es el de la libertad de información del que son titulares todos los ciudadanos de este país.

Y es intolerable que el Gobierno, cuyo presidente nombró al señor Tezanos para desempeñar una tarea tan delicada y trascendental en un régimen de opinión pública como el que vivimos, tenga ayer la desfachatez de respaldarle con el argumento de que «desarrolla una buena labor». Ese respaldo resulta, además de rotundamente escandaloso, una buena prueba de lo inquietos que están sus miembros ante la ola de críticas recibidas.

Y es en estas circunstancias insólitas y del todo alarmantes cuando cobran actualidad las opiniones emitidas por el ahora vicepresidente del Gobierno cuando aún era sólo el líder de Podemos a propósito de su idea de la función social que cumple el periodismo: «Es un oficio que sirve para disparar», dice. «Un arma». Y añadía entonces Pablo Iglesias que su referencia en materia informativa era Ecuador, Argentina y… Venezuela. Así se explica que en la misma intervención asegurara que»el simple hecho de que existan medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente», aseguraba Iglesias.

Pero es que tan cerca como ayer el señor Iglesias, que no quiso pronunciarse sobre la famosa pregunta hecha por el CIS, sí aceptó hacerlo a propósito de lo que él ha englobado en el concepto de la «ultraderecha mediática» -es decir, todos los medios que no apoyan al Gobierno- a la que acusó de ser responsable de «la mentira y el bulo» y sobre la que ha deseado, no sabemos si también amenazado porque con esos antecedentes se puede una temer lo peor, que «no forme parte de nuestro futuro» porque daña «lo común» y «la defensa de lo colectivo». Así que en eso coincide con el director del CIS y su sugerencia de una única fuente de información, la oficial. ¡Acabáramos!

La crisis que estamos padeciendo nos está golpeando muy grave y dolorosamente además de dibujar ante nuestros ojos un futuro de empobrecimiento y desesperanza. Eso es verdad y es una tragedia pero lo que no podemos tolerar es que esta tempestad que está derruyendo tantas de nuestras antiguas seguridades llegue a poner en cuestión uno de los pilares más fundamentales de nuestras libertades públicas que es el derecho a la libre información.

Eso sí que no. Por ahí no se puede pasar.