Durante las últimas semanas, en las que hemos estado confinados en nuestras casas (y aún seguimos), los operadores jurídicos vivimos una catarsis personal y colectiva, mezcla de impotencia y tormenta de ideas caóticas. Un virus diminuto que se ha llevado por delante la vida de decenas de miles de ciudadanos y que ha segado las ilusiones y expectativas de muchos más, ha dejado al aire nuestras vergüenzas, como el Emperador del cuento, que caminaba desnudo ante la multitud con su traje nuevo e invisible solo que, en este caso, el personaje es La Cenicienta.

La Justicia, como la muchacha maltratada por su madrastra del cuento de Perrault, se viste con impúdicos plásticos como los que usan los pintores para cubrir los muebles. O como aquellos en los que envolvía Patrick Bateman los cadáveres masacrados de quienes despreciaba profundamente en la perturbadora novela American Psycho. Si no fuera por el trasfondo tan patético de la imagen que ha circulado por todas las redes sociales, diría que es una sublime alegoría metafórica de lo que la Justicia es para España.

Durante estas semanas de histerismo, asociaciones de jueces, abogados o fiscales, sindicatos, comunidades autónomas, salas de gobierno, etc…, cumpliendo con un ritual vacío, hemos trabajado y dado lo mejor de nosotros para escribir folios y folios de propuestas, posibles soluciones, fórmulas razonables y sensatas advertencias. A sabiendas de que era un trabajo perdido, la ilusión por ver alguna de las propuestas recogida en una ley ha impulsado los esfuerzos colectivos de cientos de profesionales cuya principal virtud es estar día a día sentados en estrados garantizando el cumplimiento de las leyes para los ciudadanos.

Siguiendo el consabido ritual de ignorarnos, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia han pergeñado al alimón el Real Decreto para hacer frente al Covid-19

Siguiendo el consabido ritual de ignorarnos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia han pergeñado al alimón el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Un Real Decreto Ley inútil e insuficiente, pero muy pinturero. El telediario se congratulaba el mismo día de su publicación de la habilitación de agosto, de la creación de un procedimiento rápido y específico de familia para paliar las consecuencias del confinamiento. Error. El efecto llamada va a ser brutal y la concentración de los asuntos en juzgados específicos de Covid-19, también. Los ciudadanos, que no saben de lo que les están hablando, se quedan con la sensación de que las medidas van a ser un éxito. Lástima que el telediario no acompañara la noticia con las fotos de las salas de vistas cubiertas con los plásticos con los que miles de españoles cubren sus mesas de la cocina para proteger la madera.

Yo me pregunto qué será de los juicios que suspendí. En alguna fecha tendré que volver a señalarlos. El problema es que tengo todo señalado ya hasta octubre. También me preparo para la avalancha de demandas que están esperando en los ordenadores de muchos abogados a ser presentadas por el sistema telemático LexNet. El problema es que tengo todo señalado ya hasta octubre. El Gobierno dice que algunos asuntos derivados del Covid-19 son declarados urgentes (artículo 7). Y el problema vuelve a ser, una vez más, que tengo todo señalado ya hasta octubre.

Aquellos que me estén leyendo dirán: “Pues trabaja por las tardes”. Ya lo hago desde hace 16 años, cuando entré en la Carrera Judicial. Es más, trabajo en domingos y festivos. Dos mañanas a la semana celebro juicios cuya duración es imprevisible: pueden ser de entre 5 minutos hasta 5 horas. Durante la celebración de juicios, el juez se dedica exclusivamente a escuchar y dirigir las vistas. Acabada la sesión, hay que dictar las sentencias y resolver el resto de asuntos de trámite que no se derivan de la celebración de un juicio. El tiempo de dictado de sentencias no se corresponde con el transcurrido en sala, puesto que algunos juicios breves requieren de horas -incluso jornadas laborales enteras- para ser resueltos y la mayoría de los juicios extensos sí suelen corresponderse con largos dictados de sentencias. Resolver un pleito no es tema baladí: requiere concentración, estudiar lo que se pide, examinar las pruebas y consultar la jurisprudencia para después plasmarlo en un escrito técnico motivado. Siento decirles, por tanto, que los jueces ya trabajamos por las tardes. Celebrar más juicios no solucionará nada, porque se formará el atasco en la resolución de los asuntos.

Aunque se limite la presencia de público, los testigos, las partes y los peritos siguen siendo numerosos

Tampoco podemos señalar más juicios al día. Es más, con el nivel de señalamientos actual y aplicando criterios estrictamente sanitarios, habría que descargar las agendas y, en lugar de señalar 13 juicios cada lunes y miércoles, programar la mitad para evitar aglomeraciones en las salas de espera, que no cumplen con los requisitos mínimos de distancia. Aunque se limite la presencia de público, los testigos, las partes y los peritos siguen siendo numerosos. Si ampliamos las horas de audiencia, alargando hasta la tarde la celebración de esos 13 juicios, tampoco avanzamos, puesto que los ya suspendidos y los que están por venir seguirán siendo señalados más allá de lo mínimamente razonable, además de obligar al juez a dictar las mismas sentencias en menos tiempo disponible.

La utilización de medios telemáticos habría sido una solución fantástica si se hubiera previsto e instaurado hace meses. En los juicios sin testigos, con la sola presencia de los profesionales y las partes, la solución es actualmente posible, pero no así en las jurisdicciones donde tradicionalmente se concentra más gente: Penal y Social. Los testigos no tienen por qué disponer de medios telemáticos y, lo más importante, no tenemos forma de autentificar su identidad y la integridad de su testimonio, por lo que, si bien pudiera hacerse uso de lo telemático para actuaciones judiciales concretas -en instrucción en sede policial o en deliberaciones de órganos colegiados, por ejemplo-, no es un medio eficaz para evitar la presencia de personas en las sedes judiciales.

Habilitar agosto es una medida tan naïf y populista que me parece digna de ser recogida en una batería de medidas como la que se ha propuesto

Habilitar agosto es una medida tan naïf y populista que me parece digna de ser recogida en una batería de medidas como la que se ha propuesto. En realidad, está a la altura del texto. Los trabajadores de Justicia no han disfrutado del permiso retribuido recuperable por servir en un sector esencial, por lo que sus vacaciones permanecen intactas. La medida no alivia la pendencia (asuntos pendientes de resolver), sino que únicamente perjudica de forma exclusiva a abogados y procuradores, que no pueden conciliar su vida profesional y familiar al ser privados de la posibilidad de cogerse las vacaciones en agosto con la seguridad de que no habría señalamientos. Una medida que atenta contra la conciliación familiar y, por tanto, contra la igualdad de género en un Gobierno que se autodenomina feminista. Todo por sacar un puñado de actuaciones judiciales.

Sin inversión. Sin medios. Con indignos plásticos. Así se viste la Justicia en España, como La Cenicienta.

Natalia Velilla, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)