En la primavera de 1986 entrevisté al presidente de Volkswagen (VW), Carl Hahn. La multinacional alemana acababa de cerrar la compra de la mayoría del capital de Seat (hasta entonces en manos del INI).

Me desplacé a la ciudad de Volksburg, en el norte de Alemania, donde VW tiene su sede: una gigantesca fábrica en la que, por entonces, trabajaban unos 60.000 trabajadores.

Hahn (un economista que había empezado a trabajar en la empresa automovilística en 1953) era un presidente ejecutivo eficiente, que ha dejado huella en VW, a la que proporcionó sus años más brillantes. Me invitó a comer en el comedor de los trabajadores (los ejecutivos podían disfrutar de una separación con mamparas de madera a modo de reservados) y me contó la peculiar forma en la que VW podía compaginar una gestión muy similar a la de una empresa privada con una propiedad pública, en la que los representantes del lander de Baja Sajonia y los sindicatos tenían la mayoría en el llamado Consejo de Vigilancia. El secreto consistía en que el Consejo daba autonomía total al equipo gestor.

VW logró sacar a Seat del marasmo tras integrarla en su grupo, modernizó sus fábricas y, sobre todo, le aportó una gestión profesional, que era de lo que carecía cuando pertenecía al INI (un holding público fundado por Juan Antonio Suanzes en 1941 durante la etapa de autarquía del régimen de Franco).

La venta de Seat se produjo durante el gobierno socialista de Felipe González. Y fue un acierto. Así como la decisión de comenzar a privatizar otras empresas públicas como Telefónica. A partir de 1986, ya con José María Aznar en La Moncloa, el Gobierno puso en marcha un ambicioso plan de privatizaciones, que incluyó a grandes empresas como la propia Telefónica, Argentaria, Tabacalera, Repsol o Endesa.

La primera ex ministra británica, Margaret Thatcher, fue la pionera de un modelo que bautizó como «capitalismo popular», del que Aznar fue un convencido continuador. La líder conservadora impulsó en el Reino Unido durante su primer mandato (1979-1983) una oleada de privatizaciones que provocó la ira de los sindicatos y del Partido Laborista británico. Pero ella no cedió.

Aunque José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) gobernó España desde 2004 hasta 2011, nunca sucumbió a la tentación de volver atrás. La socialdemocracia que defendía respetaba el capitalismo y sus reglas, y ese fue el programa con el que ganó las elecciones. En una entrevista en El País (16-5-2003) afirmó: «Bajar impuestos es de izquierdas».

Pablo Iglesias ha llegado a proponer en un Consejo de Ministros la nacionalización de una parte del sector eléctrico

Fue Pablo Iglesias y otros líderes de su partido quienes sacaron del baúl de las reliquias la idea de las nacionalizaciones. El líder de Podemos ha llegado a cuestionar la propiedad privada en los medios de comunicación y se jacta de estigmatizar a empresarios de grandes compañías como Amancio Ortega (Inditex).

Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno desde el pasado mes de enero, ha aprovechado la crisis del coronavirus para proponer las viejas recetas de la izquierda, entre las que está la nacionalización de algunas grandes empresas.

En algún Consejo de Ministros ha llegado a proponer la nacionalización de una parte del sector eléctrico, o frenar la privatización de Bankia. Su mensaje ha calado en los sindicatos, cuyos líderes, Unai Sordo (CCOO) y José María Álvarez (UGT), han insistido esta semana en la conveniencia de pasar al sector público algunas empresas o bien dotar a otras, como Bankia, de una gestión con vocación pública.

La crisis que ya tenemos encima, consecuencia de la irrupción del coronavirus, abona el terreno para que Podemos pretenda que la izquierda retroceda medio siglo en sus planteamiento ideológicos.

Antes de que comencemos a tirarnos los trastos a la cabeza, conviene saber algunas cosas.

En primer lugar, que el sector público ya tiene un peso muy importante en la economía española. Según datos de Eurostat, referidos a 2018, en España el sector público representa el 41,7% del PIB; bien es verdad que por debajo de la media de la UE (46,7%).

En segundo lugar, izquierda y sector público no son sinónimos. Por ejemplo, Francia, que ha estado muchos años gobernada por la derecha, tiene uno de los porcentajes más altos de Europa de presencia pública en su economía: 56%. Mientras que un país que construyó su poder industrial con gobiernos socialdemócratas, como Alemania, tiene el 44,6%.

El empeño en crear una potente banca pública sólo tiene explicación si nos fijamos en cuáles fueron los ejes sobre los que se creó Podemos: el llamado «rescate de la banca» y los desahucios.

Iglesias y otros líderes podemitas han construido una realidad alternativa que ha ocultado lo que de verdad ocurrió durante los años del boom financiero. A principios de este siglo, las cajas de ahorro representaban casi el 50% del sector financiero en España y estaban controladas por ayuntamientos y comunidades autónomas; es decir, indirectamente, por los partidos políticos.

Los más de 60.000 millones de dinero público que, según el Banco de España, ya no se recuperarán de aquella operación de salvamento fueron destinados en su inmensa mayoría a las cajas de ahorro. A Rodrigo Rato (Bankia), Narcis Serra (Caixa Cataluña), José Luis Olivas (Bancaja) o Juan Pedro Hernández Moltó (Caja Castilla-La Mancha) no les pusieron al frente de esas entidades fondos buitre, ni oscuros intereses capitalistas, sino los partidos políticos a los que representaban. Eso sí, con la aquiescencia de los sindicatos, algunos de cuyos dirigentes se han tenido que sentar en el banquillo.

Una cosa es tomar participaciones para evitar la caída de las empresas, como hizo el Estado con Bankia (en tiempos de Rajoy), y otra cosa es que el Estado se quede con las empresas para hacer con ellas una gestión política

Quitar a José Ignacio Goirigolzarri de Bankia (en la que el Estado sigue manteniendo el 61% del capital) para poner en la presidencia, pongamos por caso, a un líder de los movimientos sociales o a un economista con carnet de Podemos supondría un desastre que demostraría que no hemos aprendido nada de la terrible crisis financiera que comenzó en 2008. Para banca pública, ya está el ICO, como ha explicado esta misma semana el banquero vasco.

Algunos despistados socialistas dicen: «¡Pero si hasta Borrell defiende las nacionalizaciones!». No, no. Lo que ha defendido esta semana el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores en entrevistas a La Vanguardia y Onda Cero es que «los estados tendrán que protegerse y una manera de hacerlo es participar en las empresas». Y puso como ejemplo el caso de Air France, cuya renacionalización ha anunciado el nada izquierdista Macron.

Una cosa es tomar participaciones para evitar la caída de las empresas, como hizo el Estado con Bankia (en tiempos de Rajoy), y otra cosa es que el Estado se quede con las empresas para hacer con ellas una gestión política. Cosa que aquí se hizo descaradamente con las cajas de ahorro, que se dedicaron a colocar amiguetes, especular con el sector del ladrillo y a dar créditos baratos a los grupos que mandaban en ellas.

Lo que me gustó de la VW de Carl Hahn fue la nítida diferencia entre su gestión (que estaba destinada a obtener beneficios) y la propiedad, que utilizaba una parte de esos beneficios con fines sociales.

El problema, por tanto, no es si la propiedad es del Estado o no (en general el sector privado es más eficiente), sino si al frente de las compañías o bancos está un Hahn o un Goirigolzarri, o bien si tenemos a un Olivas o a un Hernández Moltó.