El Fiscal del Tribunal Supremo investigará al Rey Juan Carlos por las presuntas comisiones cobradas por el contrato del AVE Meca-Medina, que supuso para un consorcio de empresas españolas un negocio de 6.736 millones de euros.

La Fiscalía del Supremo recibió hace tres semanas las diligencias realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, que lleva dos años investigando el cobro de comisiones en el macrocontrato que se firmó en 2011. Al toparse con el Rey (aforado), ha elevado sus pesquisas a la Sala Segunda que preside Manuel Marchena.

La investigación abarcaría los delitos fiscal y de blanqueo, aunque todavía es pronto para determinarlo con exactitud. Lo que sí parece claro es que Don Juan Carlos tendrá que acudir a declarar ante el Tribunal Supremo, un hecho inédito en la historia de la Monarquía española.

Aunque el Rey consiga eludir el banquillo (su abogado Javier Sánchez Junco seguramente buscará un acuerdo de conformidad), el desgaste para la institución es evidente, ya que viene a añadirse a la condena del Supremo, también por delito fiscal, a su yerno Iñaki Urdangarin.

La Fiscalía Anticorrupción ha arrastrado los pies en este asunto. De hecho pidió el archivo de la llamada pieza Carol -que investigaba el caso de las comisiones del AVE Meca/Medina-, al no dar suficiente credibilidad a las manifestaciones de Corinna Larssen y, al mismo tiempo, estimar que el Rey estaba protegido por la inmunidad que le reconoce el artículo 56.3 de la Constitución. El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó de inmediato el archivo de la causa el 7 de septiembre de 2018.

Afortunadamente, Alejando Luzón, jefe de Anticorrupción, continuó con las pesquisas sobre las comisiones, dejando fuera al Rey, hasta que el Rey volvió a aparecer. Eso hay que agradecérselo al fiscal suizo Yves Bertossa, que descubrió que Juan Carlos de Borbón era el beneficiario de una cuenta en el banco Maribeau en la que recibió una transferencia del rey saudí Abdulá bin Abdulaziz. Entre otras cosas, Bertossa llamó a declarar al gestor de la fortuna del Rey en Suiza, Arturo Fasana, que contó algunas cosas interesantes, como que Don Juan Carlos le llevó en 2010 un maletín con 1,9 millones de euros que le había «donado» el Sultán de Bahrein.

Los enemigos de la Monarquía, algunos en el Gobierno, no han dudado en aprovechar la oportunidad para arremeter contra la institución

Luzón ha interrogado ya, entre otros, a Corinna Larssen y a la iraní Shahpari Zanganeh, viuda y tercera esposa del traficante Adnan Khashoggi, que intervino como intermediaria en el contrato del AVE.

En enero, Luzón pidió a su colega suizo Bertossa que le remitiera las supuestas cuentas del Rey de España en Suiza, lo que este hizo gustoso.

El pasado 15 de marzo -ya en pleno auge de la pandemia- Felipe VI decidió renunciar a la herencia que pudiera corresponderle de esas cuentas y le retiró a su padre la asignación de 190.000 euros que recibe todos los años de la Casa Real.

Era un gesto evidente por parte del Rey de querer desligarse del devenir de unos acontecimientos que, con toda seguridad, como ha sucedido, terminarían en el Supremo.

El super contrato del AVE Meca-Medina llegó en el momento más agudo de la anterior crisis económica. El gobierno de Rodríguez Zapatero intentó atarlo por todos los medios, e incluso llegó a enviar a su ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, a Riad, con resultados nada satisfactorios.

El Rey se implicó a fondo en la consecución del contrato aprovechando su amistad con el monarca saudí. Pero utilizó a su entonces amiga íntima Corinna Larssen como asesora. De hecho, ella acompañó a Don Juan Carlos y a un nutrido grupo de empresarios españoles a Riad en un avión oficial de la Fuerza Aérea.

La Fiscalía española ha ido con pies de plomo en este asunto. El fiscal suizo ha hecho de acelerador de un caso que obligará, como mínimo, a que Don Juan Carlos declare ante el Supremo

El asunto no se desatascó hasta que fue contratada la intermediaria iraní Zanganeh, con importantes conexiones en la familia real saudí. Tanto la amiga del Rey de España como Zanganeh cobraron por sus servicios, aunque la ex mujer de Khashoggi reclama actualmente ante la Corte de Arbitraje una parte de sus emolumentos (en principio, lo pactado fue un 2% del total del contrato).

La decisión de la Fiscalía General de remitir el asunto al Supremo (el caso lo llevará el Fiscal de Sala Juan Ignacio Campos) se produce en un momento especialmente delicado para la Monarquía.

Pedro Sánchez tiene como socio de Gobierno a Pablo Iglesias, que no ha renegado nunca su fe republicana y que ahora estará encantado con la perspectiva de ver a Don Juan Carlos teniendo que acudir a declarar ante el Supremo. El resto de los partidos que apoyan al Gobierno no le van a la zaga en el fervor anti monárquico. ERC o incluso el PNV han alardeado siempre no sólo de su vocación independentista, sino también de su ideario republicano.

Ayer, sin ir más lejos, el portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, afirmaba en Twitter: «Más allá de las consecuencias penales que pueda investigar la Fiscalía, es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional de nuestro país».

Parece evidente que Don Juan Carlos pecó, como mínimo, de imprudencia. El creerse blindado por la inviolabilidad que le reconoce la Constitución le llevó a actuar con una liberalidad impropia en todos los asuntos que tenían que ver con el dinero.

La puntilla a sus nefastos últimos años de reinado se la dio su ex amiga Corinna Larssen, quien, en mayo de 2015, confesó en su domicilio de Londres al comisario Villarejo algunos de los asuntos que ahora se dirimen y que dieron pie a la apertura de la llamada pieza Carol.

Resulta lamentable que un Rey que hizo tanto para que España transitara de forma pacífica desde la dictadura de Franco a la democracia (con Adolfo Suárez y Santiago Carrillo fue el protagonista de la Transición) vaya a tener un final tan poco ejemplarizante.

Esperemos que la demagogia y el oportunismo no emborronen esa parte modélica de su trayectoria como Rey.