El ruido político que desde haces semanas acapara nuestra atención con ocasión de las medidas adoptadas para el control de la pandemia traducido, básicamente, en una lucha entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid, con resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de por medio; la declaración, nuevamente, del Estado de Alarma; o el intercambio de datos como si de golpes se trataran, ha eclipsado algunas medidas que en otro escenario hubieran tenido más repercusión, sobre todo en el ámbito inmobiliario y urbanístico y, por consiguiente, en el de la propia economía de nuestra región.