Sumergidos en la más grave crisis sanitaria y económica de que tenemos noticia, 194 diputados representantes de la soberanía popular han decido asombrosamente tomarse, al menos, seis meses de vacaciones pagadas dimitiendo voluntariamente de su supuesta responsabilidad política. Dimisión tan injustificada –si todo el mundo que puede trabaja, ¿porqué no los diputados?– como inconstitucional, aunque como es tristemente natural, nuestro Tribunal Constitucional tardará en juzgarla. Supuesto este del que se aprovechan deliberadamente los partidos antisistema, incluida la última  e inaudita incorporación del Ciudadanos.

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