El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez volvió a pecar de optimista el pasado sábado cuando afirmó en la reunión del Comité Federal del PSOE, celebrado en Barcelona para lanzar a Salvador Illa como candidato a la Generalitat, que "el 70% de la población española estará vacunada este verano". Cuatro días después de su rotundo vaticinio Cataluña ha advertido que se ha quedado sin vacunas y Madrid ha suspendido durante dos semanas la administración de las primeras dosis.
Como cuenta hoy Cristina Castro en El Independiente, España necesita con urgencia 775.000 vacunas para que otras tantas personas puedan recibir la segunda dosis. Hay un riesgo cierto de que esas personas puedan ser contagiadas si no se les administra la segunda dosis en el periodo de 21 días establecido por las autoridades sanitarias.
Como ocurrió el pasado mes de junio, cuando afirmó pletórico aquello de "hemos derrotado al virus", el sábado el presidente perdió otra gran oportunidad para no meter la pata.
Lo que evidencia este ansia por apuntarse tantos antes de tiempo es que la gestión de la mayor crisis sanitaria que ha sufrido España en un siglo sigue estando marcada por una grosera utilización política. Y no sólo por parte del Gobierno.
Obsesionadas por el ritmo de vacunación, las comunidades autónomas entraron en una loca carrera. Lo que debía haberse planificado como una gigantesca operación logística se dejó al albur de criterios fundamentalmente numéricos, sin atenerse muchas veces a los protocolos establecidos o sin calcular si había reservas suficientes para, al menos, garantizar que los ya vacunados pudieran recibir una segunda dosis.
A los cuatro días de asegurar ante el Comité Federal del PSOE que en verano estaría vacunado el 70% de la población, Cataluña y Madrid anuncian que ya no tienen más dosis
La modificación de la norma en Extremadura para permitir que se vacunasen antes personas que no están "en riesgo de exposición" demuestra que cada autonomía ha hecho la guerra por su cuenta. Eso es en lo que ha derivado la "cogobernanza". En ese furor por ver quién se vacuna primero hemos visto la vergonzosa eclosión de casos de políticos e incluso militares que -algunos incluso de buena fe- han pensado que ellos tenían tanto derecho a recibir la dosis salvadora como los médicos y enfermeros que dan la cara día tras día en las UCI cada vez más llenas de enfermos de coronavirus.
Lo que sí que podemos asegurar es que, al ritmo que vamos, será imposible que se cumpla el pronóstico del presidente del Gobierno. Para nuestra desgracia. Porque ello significará más contagios, más muertos, menor crecimiento económico y todas las desastrosas consecuencias que ello conlleva.
Lo que ha ocurrido es fruto, de nuevo, de una escandalosa falta de planificación. De la que España ha sido protagonista y, a la vez, víctima.
La falta de suministro nada tiene que ver con el problema de AstraZeneca y la Unión Europea. Hasta ahora, España sólo ha recibido vacunas de Pfizer (1,73 millones) y unas pocas de Moderna (35.700). Es un problema en una de las plantas de la multinacional Pfizer-BioNtech lo que ha generado la interrupción del proceso de la vacunación en Cataluña y Madrid. A ese contratiempo se suma ahora el lamentable hecho de que AstraZeneca sólo esté en disposición de suministrar el 25% de lo que supuestamente había prometido la empresa con sede en Reino Unido.
Del lote comprado a AstraZeneca por Bruselas a España le corresponderían unos 30 millones de vacunas.
Es decir, que aunque Pfizer solucione sus problemas en unas semanas, no se podrán cumplir los planes de vacunación ya que las vacunas de AstraZeneca, curiosamente las más baratas y las que tienen condiciones de conservación más fáciles, se van a retrasar durante unos meses.
Los datos hablan por sí solos: a mediados de febrero habrá ya 15 millones de personas vacunadas en Reino Unido. Casi tantas como en todos los países miembros de la UE.
La polémica entre la Comisión Europea y AstraZeneca se ha convertido ya en un enfrentamiento político entre la UE y Reino Unido. Ayer Boris Johnson presumió de que su país no haya seguido dentro del programa de vacunación de la UE y, por contra, haya tomado su "propio camino".
La multinacional británica, por boca de su CEO, Pascal Soriot, es clara a la hora de establecer las responsabilidades de lo que puede suponer un retraso en los planes de vacunación europeos. El contrato firmado con la UE no habla de fecha sino tan sólo de que la compañía hará sus "mejores esfuerzos" por cumplir sus compromisos. Soriot señala que Reino Unido firmó su acuerdo en junio, mientras la UE esperó hasta finales de diciembre. Business is business. Mientras que la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, apela al "deber moral" para exigir que al menos dos de las fábricas de AstraZeneca envíen su producción al continente, el gobierno británico exige el cumplimiento de un acuerdo cuyos términos no parece que hayan sido dejados al albur de la buena voluntad de los firmantes.
Como se ve, la improvisación o la falta de profesionalidad no son privativos de los políticos españoles. Pero eso no debería consolarnos.
Pedro Sánchez volvió a pecar de optimista el pasado sábado cuando afirmó en la reunión del Comité Federal del PSOE, celebrado en Barcelona para lanzar a Salvador Illa como candidato a la Generalitat, que "el 70% de la población española estará vacunada este verano". Cuatro días después de su rotundo vaticinio Cataluña ha advertido que se ha quedado sin vacunas y Madrid ha suspendido durante dos semanas la administración de las primeras dosis.