El diario El Mundo provocó ayer un terremoto político con un titular a toda página de los que hacen época: «El fiscal sostiene que el Emérito era comisionista internacional».

El presidente del Gobierno debió ponerse nervioso y Moncloa instó a aclarar el asunto. Dolores Delgado, la Fiscal General del Estado de la que depende la investigación a don Juan Carlos, se vio forzada a emitir una nota a las 11,30 de la mañana para puntualizar: «No estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación».

La información del rotativo recoge el texto de comisión rogatoria (petición de información) del fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, dirigida a las autoridades suizas en la que sostiene que el padre de Felipe VI amasó su fortuna mediante el «cobro de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales».

Hasta ahora sabíamos era que el Emérito había reconocido implícitamente la elusión fiscal al haber llevado a cabo dos regularizaciones ante la Agencia Tributaria: una de 680.000, que tuvo lugar en 2020, por el dinero recibido y no declarado del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause; la segunda, en febrero de esta año, por un total de 4,4 millones por el dinero que le transfirió la Fundación Zagatka, controlada por su lejano primo Álvaro de Orleans, y que habría servido fundamentalmente para financiar vuelos en aviones privados.

La investigación sobre las posibles comisiones cobradas por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas por parte de Arabia Saudí por el proyecto del AVE de Medina a la Meca es la que sigue la Fiscalía de Suiza, y en ella está siendo investigada, entre otros, Corinna Larsen, a la que su ex amante, el entonces Rey Juan Carlos I, transfirió 100 millones de dólares.

El fiscal suizo Yves Bertossa no ha logrado, tras años de investigación, determinar si el dinero trasferido por don Juan Carlos tenía su origen en una comisión pagada por el Rey de Arabia Saudí. Las fuentes consultadas por El Independiente en la Fiscalía Anticorrupción han mantenido en varias ocasiones que no hay ningún dato, hasta ahora, que puede sostener esa hipótesis. Al margen de los posibles delitos fiscales, se lamentan las mismas fuentes, el Emérito sólo podría ser procesado por un posible delito de enriquecimiento ilícito…. si es que ese delito figurase en nuestro Código Penal, añaden.

La Fiscalía, hoy por hoy, carece de base para acusar al Emérito de haber cobrado comisiones ilegales

Pero el escrito de Juan Ignacio Campos -el fiscal del Supremo nombrado por Delgado para investigar la causa- dice lo que dice. Estamos, pues, ante un despropósito, que provocó la inmediata respuesta de Javier Sánchez-Junco, abogado del padre del Rey, que, en un duro comunicado, critica a la Fiscalía por «conculcar la presunción de inocencia» de su cliente.

El Emérito no está procesado en Suiza, ni tampoco ha sido imputado todavía por parte de la Fiscalía española. La solicitud de información al país helvético tendría poca base se hiciese sólo por posibles delitos contra la hacienda cometidos en España. De hecho, Suiza rechaza dar esa información si no incorpora, como mínimo, indicios de blanqueo. Así que la Fiscalía española, que quiere acceder a toda la información de la que disponen las autoridades suizas, ha tenido que incluir la investigación por el posible cobro de comisiones ilegales para que su petición pudiera tener un efecto positivo.

Pero, seamos claros, ni la Fiscalía española tiene datos sólidos sobre ese posible cobro de comisiones ilegales y, si llegara a tenerlos, es muy dudoso que diera el paso de sentar en el banquillo al anterior Rey de España.

Ha sido la propia frivolidad de la Fiscalía la que ha provocado este enorme desaguisado, que ha llevado al presidente del Grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, a pedir que don Juan Carlos se siente ya en el banquillo.

La nota de Sánchez-Junco llama la atención sobre un detalle no menor. La comisión rogatoria -que teóricamente debe ser secreta- se remitió a Suiza el pasado mes de febrero. Es decir, que han transcurrido siete meses desde que se apuntó a don Juan Carlos como presunto comisionista. La filtración se produce en un contexto de fuerte enfrentamiento de Corinna Larsen con su otrora amigo íntimo. El pasado 27 de julio el diario Financial Times reveló que la empresaria había presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales en la que acusa a don Juan Carlos y a los servicios secretos españoles (CNI) de someterla a «vigilancia ilegal» en Reino Unido.

En esta desgraciada historia, que está minando a la institución sobre la que se basa nuestro Estado de Derecho, nunca hay que perder de vista la estrategia de la mujer que hizo perder la cabeza al protagonista de la Transición.