Interrogó a Luis Bárcenas en el año 2009, en el germen del caso Gürtel que durante años ha centrado la actualidad mediática judicial. También a la expresidenta valenciana Rita Barberá antes de fallecer. Su firma estuvo en los informes del equipo que redactó el recurso del caso Nóos contra Iñaki Urdangarin, yerno del Rey emérito. Sin embargo, los abogados presentes en los contados interrogatorios y vistas por asuntos penales que se celebran en el Tribunal Supremo ni siquiera "recuerdan el rostro de Juan Ignacio Campos, pero sí sus certeros escritos", según trasladan a El Independiente.

Este detalle da cuenta del carácter discreto del fiscal de Sala experto en delitos económicos que reúne la "más alta cualificación y experiencia", como explicó la Fiscalía General del Estado este lunes en la nota donde comunicó que será quien investigue "directamente" a Juan Carlos I, sin duda la tarea más importante de su carrera y probablemente la más destacada de la Fiscalía del Supremo en la historia democrática de España.

Fuentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo próximas a Campos destacan la rigurosidad de su trabajo, que afirman se mantiene "en todas las causas que caen en sus manos, tengan la relevancia que tengan". De ahí que estén seguros de que procederá de la misma manera en la encomienda que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le ha confiado directamente: despejar si Juan Carlos I pudo incurrir en delito fiscal y de blanqueo, penados con hasta seis años de prisión, después de abdicar en 2014, momento en que perdió la inviolabilidad que le confería la Constitución Española como jefe de Estado.

Tras la investigación del fiscal suizo

La Fiscalía suiza inició una investigación en el año 2018 a raíz de la aparición de las denominadas cintas de Corinna en casa del comisario investigado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, que publicaron El Español y Okdiario. Un audio grabado por éste a Corinna Larsen, ex amante del Rey emérito, sin su permiso y en el que ella afirmaba que Juan Carlos I cobró una comisión millonaria por la mediación en la adjudicación de la obra de ampliación del AVE a la Meca a una unión de empresas españolas motivó la investigación. Una comisión que el padre de Felipe VI habría tratado de ocultar con la ayuda de Arturo Fasana y Dante Canonica, expertos en la creación de sociedades offshore, según la versión de Larssen, a través de testaferros. Precisamente el fiscal suizo Yves Bertossa ordenó registros en los despachos de estos dos abogados en busca de indicios de un fraude cometido por ellos y Larssen.

La investigación del fiscal Bertossa llevó al hallazgo de la sociedad Lucum, constituida en Panamá y con una cuenta abierta al nombre de esta sociedad en el banco suizo Mirabaud. Precisamente ésta habría sido la fundación utilizada por el rey emérito para recibir 64,8 millones de euros del rey saudí Adbul Aziz Al Saud según Corinna Larsen como comisión por su mediación en la adjudicación de la segunda fase de ampliación del AVE la Meca también denominado "tren del desierto".

Precisamente lo que tendrá que despejar Campos es si el emérito pudo cometer un delito fiscal por no declarar en España el dinero depositado en la cuenta a nombre de Lucum si tuvo ingresos superiores a 120.000 euros anuales. Para ello, será clave la información que tenga sobre esa cuenta para presentar los indicios contra él a la Sala Segunda del Supremo ante la que Juan Carlos I está aforado y que tendrá que decidir si le abre o no una investigación.

Expertos en derecho penal económico trasladan a este diario que la investigación en sí misma no es complicada, sino que la "complejidad" a la que se refiere la Fiscalía General del Estado alrededor de ésta es por la personalidad a la que afecta. El exjefe del Estado es el artífice de la Transición de la dictadura de Francisco Franco a la democracia española, así como quien estuvo tras la redacción de la Constitución Española que rige, entre otras cosas, las normas para investigar a los miembros de la Casa Real.

Ingresó en la carrera en 1978

Precisamente Campos ingresó en la carrera fiscal en 1978, año en que la Constitución Española fue ratificada en referéndum popular. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la más progresista de entre las existentes, no es precisamente un fiscal dado al protagonismo ni a la exposición mediática, según explican quienes le conocen, que destacan como hecho anecdótico que es un hombre que disfruta de las actividades corrientes del día a día en su céntrico barrio madrileño de Cuatro Caminos.

Las citadas fuentes trasladan que cree en la República como sistema deseado, aunque no dudan de que eso no influirá en su trabajo de investigación contra Juan Carlos I. Le definen como una persona tranquila y rigurosa, ante quienes otros fiscales acuden a consultar asuntos penales económicos.

Campos es fiscal de Sala del Supremo desde 2005. Años antes, en 2012, fue nombrado fiscal delegado en materia de delitos económicos. Según su currículum facilitado por la Fiscalía General del Estado, tras ingresar en la carrera fiscal en 1978 fue destinado en Barcelona entre los años 1978 y 1982. En 1982 fue destinado a Madrid. En 1990 fue nombrado Teniente Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, en 1994 fue nombrado Fiscal de la Secretaría Técnica y en 1996 Fiscal del Tribunal Supremo, cargo que ha venido desempeñando durante estos años, habiendo sido nombrado Fiscal de Sala en el año 2005.