El pasado domingo Venezuela se enfrentaba a unas elecciones que, por primera vez en quince años, contaban con observación por parte de la Unión Europea. Un hecho histórico. No obstante, la convocatoria electoral no podía constituir la base de un proceso democrático, porque es imposible que éste se dé en un país en el que las instituciones han sido duramente golpeadas, el Estado de derecho se encuentra en claro deterioro y donde no existe un poder judicial independiente. No hay condiciones para un proceso competitivo y libre.  

Venezuela es el primer país de América Latina donde la Corte Penal Internacional abre una investigación preliminar, fase previa para abrir un proceso contra altos funcionarios del régimen chavista»

Los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU han señalado en repetidas ocasiones la brutalidad del régimen: secuestros, detenciones arbitrarias, desaparecidos y asesinatos que han llevado a que la Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto una investigación preliminar, fase previa para abrir un proceso contra altos funcionarios del régimen chavista. Triste distinción: Venezuela en el primer país de América Latina en el que la CPI llega hasta este punto.  

Sin embargo, en este duro escenario, la mayoría de la oposición democrática decidió participar después de no haberlo hecho en las anteriores legislativas y presidenciales de 2018 y 2020 por falta absoluta de garantías. Importantes agentes sociales y económicos apostaron por un dialogo para mejorar algunas condiciones que permitieran mayores garantías. Un amplio sector del país ha decidido invertir en la esperanza, apostar por que aún vale la pena defender una democracia maltrecha como la venezolana. Sin olvidar el carácter totalitario y cruel del régimen, han decido dialogar -con la convicción de que no conversar es letal para la democracia- y avanzar en algunas mejoras del sistema electoral.

La primera y más importante fue la modificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), formado por cinco miembros, nombrados por el gobierno hasta ahora y que ha pasado a ser más plural: dos de los cinco han sido propuestos por la sociedad civil y la oposición, y sus decisiones se ha adoptado por consenso. Abrió 60 investigaciones por utilización de fondos públicos en la campaña, aunque carece de poder sancionador. Para ello se requiere una reforma de la ley electoral. 

Tampoco tiene competencias para impedir la inhabilitación arbitraria de candidatos, que no solo se produce cuando se inscriben. El Partido Comunista, que por primera concurría por separado y no con el chavismo, sufrió la inhabilitación de una de sus candidatas con más posibilidades de éxito tres días antes de las elecciones. La inhabilitación depende de un órgano administrativo que no tiene obligación de justificar la causa; esta arbitrariedad no puede ser recurrida. 

El CNE tampoco tiene competencias sobre la intervención judicial de los partidos: hasta 14 grupos intervenidos acudieron a las urnas, tres de la oposición y 11 progubernamentales. Sin una justicia independiente, la intervención es en realidad un secuestro por parte del régimen.

El CNE sí ha denunciado la desigualdad en el acceso a los medios de comunicación. Más que desigual, la situación es claramente abusiva. En Venezuela no existe libertad de prensa, y diría más: no hay prensa. En los últimos años se han cerrado 300 medios. Es el único país que yo he visitado en el que no puedes comprar un periódico en papel, porque no existe. Solo hay dos diarios gratuitos, altavoces y voceros del gobierno chavista. 

El CNE ha ejercido las competencias que tiene prohibiendo los puntos rojos fuera de los colegios electorales, dando instrucciones claras de la hora de cierre de los colegios e intentando garantizar que los candidatos de los partidos intervenidos pudieran concurrir en las diferentes coaliciones. El sistema digital de votación ha sido sometido a distintas auditorias, una de ellas imparcial e independiente. La conclusión fue que no era manipulable, que no se podía alterar los resultados.

Este Consejo renovado es también el que instó a la UE a enviar una misión de observación tras 15 años sin hacerlo, algo respaldado por los partidos de oposición. La decisión de la UE no afecta en absoluto al carácter fraudulento de las legislativas y presidenciales de 2018 y 2020. No las reconocimos, no lo haremos. Ni altera la condena de las elecciones robadas de 2015, en las que la oposición ganó la mayoría de la asamblea legislativa y no pudo ejercer sus competencias, al ser usurpadas por la asamblea constituyente creada por Nicolás Maduro. No hay, por tanto, blanqueamiento del régimen. 

El gran problema de Venezuela es el de un régimen fallido, el de un presidente, sin legitimidad externa ni interna, que ha llevado al país a un colapso económico y social y a más de cinco millones de venezolanos a huir

Los sectores con los que la delegación del Europarlamento se entrevistó coincidieron en que este proceso debería servir para reconstruir el retorno a la ruta electoral, para que los venezolanos se reencuentren con su voto. La cuestión es muy compleja y no se resolverá con unas elecciones regionales. El gran problema de Venezuela es el de un régimen fallido, el de un presidente, Nicolás Maduro, sin legitimidad externa ni interna, que ha llevado al país a un colapso económico y social y a más de cinco millones de venezolanos a tener que huir. Para muchos de ellos no hay salida que no pase por un dialogo inclusivo y una negociación de todos los sectores. La meta es la democracia; el camino es el diálogo. 

La mayoría de la oposición democrática de Venezuela ha activado sus aparatos electorales tras cuatro años sin acudir a ninguna elección. Se han organizado y se han desplegado por todo el país. Han intentado movilizar a sus electores para reconstruir el valor del voto como primer paso para reconstruir la democracia. 

En unas elecciones libres hay incertidumbre en el resultado y certidumbre en las reglas. Desgraciadamente, el pasado domingo sabíamos que el chavismo ganaría y teníamos serias dudas sobre el cumplimiento de las reglas. Aun así, en votos ganó la oposición, y si hubiera acudido con candidatos unitarios habría logrado un número mucho mayor de Estados. Hay un largo camino hacia la democracia en Venezuela. Estas elecciones podrían ser un primer paso, junto con el diálogo abierto en México entre el gobierno y fuerzas opositoras. 

Reconstruir un poder judicial independiente es un pilar fundamental en la restauración de la institucionalidad democrática para acabar con la vulneración de los derechos humanos y la impunidad. Estas elecciones podrían ser una primera piedra en la reconstrucción del país, que solo pasa por unas elecciones presidenciales verdaderamente democráticas.

La UE dio un paso valiente acompañando y observando en estas elecciones. Entiendo las razones de los que no quisieron participar, pero no tengo ninguna duda de que el pueblo de Venezuela nos esperaba. Nos lo demostraron en los colegios electorales y en las calles a través de manifestaciones de respeto, cariño y afecto hacia la Misión de Observación de la UE. Un respeto y un cariño que son recíprocos con un pueblo hermano que sufre las terribles consecuencias sociales, económicas y políticas de un régimen fallido. Por ello merecen todo el apoyo, la solidaridad y el compromiso para acompañarles en el camino que ellos decidan, que ellos construyan. Esperemos que el informe final que presentará la Misión en enero –y que incluirá recomendaciones para subsanar todas las irregularidades detectadas—pueda contribuir a este proceso. 

Seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela.


Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento europeo en la delegación de Ciudadanos