El archivo en Suiza de la causa contra Corinna Larsen por el ingreso de 100 millones de dólares en una de sus cuentas, transferidos por don Juan Carlos desde la Fundación Lucum, se ha producido porque el fiscal Yves Bertossa admite no haber podido demostrar que ese dinero, procedente de Arabia Saudí, tenía un origen corrupto. Esa decisión aboca a la Fiscalía española a cerrar el caso contra el rey emérito.

Don Juan Carlos, que no tenía ninguna casusa abierta contra él pero sobre el que pendía la espada de Damocles de una investigación sobre su fortuna oculta, podría volver a España en los próximos días, incluso aunque la Fiscalía mantenga de manera formal y artificial unas pesquisas que, como todo el mundo sabe, no llevarán a una acción penal contra el anterior monarca.

Ante la eventualidad de que don Juan Carlos decida volver desde Abu Dabi próximamente, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo ayer que la decisión sobre su regreso a España queda en manos de Felipe VI. Un cambio de posición sorprendente, ya que Moncloa hizo todo lo posible para que el Rey convenciera a su padre de que abandonara España el 3 de agosto de 2020.

La Fiscalía ha actuado en este caso sin pudor al servicio de los intereses del Gobierno. Llegando hasta extremos injustificables. El ejemplo más palmario de ello es la comisión rogatoria remitida el pasado 24 de febrero por el fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, a la Oficina Federal de Justicia Suiza solicitando información sobre la Fundacion Zagatka. En ese escrito, Campos afirmaba que don Juan Carlos consiguió su fortuna gracias al cobro «de comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales».

Después del archivo acordado por el fiscal suizo Bertossa, ¿mantiene ahora la Fiscalía la misma posición que argumentó hace diez meses? Hasta el último fiscal de la carrera sabe que no. La propia Fiscalía filtró en noviembre que tenía listo el decreto de archivo de la causa antes de que venciera el plazo el próximo 17 de diciembre. Sin embargo, contra toda lógica, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, decidió el pasado 2 de diciembre prorrogar otros seis meses las investigaciones sobre las presuntas irregularidades de don Juan Carlos.

Con ello se pretendía aplazar la vuelta a España del padre del Rey, que había manifestado a su círculo más cercano su deseo de pasar las Navidades en España junto a su familia, algo que preocupa enormemente al Gobierno por las complicaciones políticas que esta eventualidad le va a generar.

Hace tan sólo diez meses la Fiscalía del Supremo sostuvo que el emérito amasó su fortuna con el «cobro de comisiones»

El Gobierno ha gestionado con gran imprudencia un asunto que pone en riesgo la institución que encarna la jefatura del Estado. El miedo a que la investigación en Suiza y la publicación por la prensa española de los trapicheos de don Juan Carlos pudieran dejar al Gobierno y a la Fiscalía española en mal lugar llevó a abrir una investigación sobre la que se crearon enormes expectativas. «Iremos hasta el final», se decía una y otra vez. La táctica era sencilla: abrasar al padre para salvar al hijo. Todo ello con una torpeza que sólo se explica por la bisoñez de un Gobierno muy condicionado por Unidas Podemos, un partido antimonárquico.

El mayor pecado del rey emérito es que ha quebrado un principio elemental de la Corona: la ejemplaridad. El hecho de que haya tenido que regularizar ante Hacienda una cantidad cercana a los 5 millones de euros es la demostración de que su voluntad durante años ha sido la ocultación de su fortuna. Pero don Juan Carlos, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a defenderse y con él se ha vulnerado, empezando por el propio Gobierno, el principio de presunción de inocencia.

El Gobierno ha tenido que dar marcha atrás. Y no sólo en su posición sobre el regreso a España del emérito, sino en otros ambiciosos planes, como, por ejemplo, la aprobación de una nueva ley de la Corona. Pedro Sánchez se comprometió hace ahora un año a llevar a cabo esa iniciativa, que ha quedado aplazada sine die.

Mientras que la parte socialista del Gobierno pone la pelota en el tejado de Felipe VI (lo que quiere decir que si Juan Carlos no vuelve a España sería por una decisión sólo atribuible a su hijo), los miembros de Unidas Podemos redoblan su campaña no sólo contra don Juan Carlos, sino contra la Monarquía. Sin ir más lejos, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha declarado que es «un mecanismo para la corrupción».

Pedro Sánchez, que dijo en diversas entrevistas que el rey emérito tendría que «dar explicaciones» públicas sobre su fortuna, tendrá que tragarse sus palabras. Con su imprudencia, ha dado alas a sus socios y a todos aquellos que quieren que España se convierta en una república. Pero lo peor es que su pretensión de adecuar la investigación a su interés político ha dejado a los pies de los caballos el prestigio de la Fiscalía.