Ya se ha atemperado el inmenso optimismo del PP a propósito de los resultados previsibles en las elecciones de Castilla y León de este próximo domingo. Lo primero que hay que decir, sin embargo, es que todos los cálculos que se manejan ahora mismo en los cuarteles generales del Partido Popular en lo referente a probables escaños conseguidos no justifican en absoluto la movida que se organizó en diciembre para disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas.

Sí que habría tenido sentido que se hubieran convocado inmediatamente antes de que se hubiera cumplido el año desde la moción de censura promovida por el PSOE puesto que podría repetir la operación en cuanto el calendario se lo permitiera.

Pero Fernández Mañueco no lo hizo así. Cuatro días antes de la Nochebuena, el 20 de diciembre, su vicepresidente, Francisco Igea, se enteraba por la radio en la que se encontraba haciendo una entrevista de que ya no formaba parte del gobierno de Castilla y León y que se disolvían las Cortes y se convocaban elecciones anticipadas.

Pero la justificación dada por Mañueco de esa sorprendente decisión -la supuesta deslealtad de los procuradores de Ciudadanos- ha ido perdiendo fuerza y credibilidad según han ido transcurriendo los días.

Y al final ha quedado la desnuda explicación de que ésta es una decisión tomada desde la dirección nacional del PP para dar continuidad al éxito arrollador de Díaz Ayuso en Madrid de modo que, sumando estas dos victorias a la más que previsible de Juanma Moreno en Andalucía, construir, con la impagable ayuda de la mayoría absoluta de Núñez Feijóo en Galicia, un formidable trampolín para que Pablo Casado estuviera en las mejores condiciones para dar el salto a La Moncloa en las próximas generales.  

Sin embargo, llegados a este punto de la campaña, los  cálculos parecen ir a la baja según todos los sondeos. Ya estamos en torno a los 35 escaños, uno arriba, uno abajo que, siendo un muy buen resultado, se queda muy lejos de los 39 o 40 que se daban como casi seguros al comienzo de la campaña.

Fernández Mañueco puede llegar a estar a lo que le digan los del partido verde

Y eso cambia mucho las cosas. De decir que se va a gobernar en solitario porque Vox no va a tener la fuerza suficiente más que para respaldar las políticas del PP a riesgo de ser acusados de apoyar las posiciones de la izquierda, a empezar a calcular que a lo mejor Vox no va a querer entrar en el gobierno hay un trecho inmenso. Sobre todo porque, si tiene los escaños suficientes, podría querer entrar y en ese caso Mañueco, Casado y García Egea habrían hecho un pan como unas tortas.

Es decir, que con ese planteamiento de si Vox va a querer o no va a querer, se está demostrando que Fernández Mañueco puede llegar a estar a lo que digan los del partido verde.

Esa es una hipótesis que afecta también de lleno a los propósitos enunciados una y otra vez por Pablo Casado en el sentido de que él gobernará en solitario cuando llegue al Gobierno de España.

Es verdad que Vox no tenía ni candidato cuando el presidente convocó por sorpresa, pero en estas semanas de precampaña y campaña ha ido recogiendo apoyos de modo creciente que los sondeos de opinión ya han registrado y que les dan una horquilla de 9 a 11 procuradores. Los suficientes como para exigir, si quiere, un par de consejerías.

Y es verdad también que los de Santiago Abascal no tienen montada una estructura territorial sólida y arraigada en las distintas provincias. Pero con todo y con eso tienen, o parecen tener, según los sondeos, la suficiente fuerza de convocatoria para multiplicar por 10 su único procurador ganado en las elecciones de 2019. 

Sea como sea, no tengan ninguna duda los dirigentes del PP de que la más mínima participación o influencia de Vox en el gobierno de Castilla y León va a ser suficiente para que desde el PSOE se advierta amenazadoramente a los electores de todo el país que cualquier hipotético gobierno del PP allí, en Andalucía o en España significará la entrada en el poder de “la ultraderecha”.

Y eso lo dicen y lo dirán quienes comparten Gobierno con una ultraizquierda radical, detractora de la Constitución, amiga y socia de partidos independentistas e incluso de la formación proetarra que pone al frente de su partido nada menos que al último jefe de la banda terrorista ETA. Todos ellos formando parte de lo que llamamos con absoluta naturalidad y sin sobresalto “los socios de vestidura” del Gobierno de Pedro Sánchez.

De esas acusaciones y de esas descalificaciones amenazadoras se va a tener que defender Pablo Casado si las cosas no le salen -como parece que no le van a salir- como él había calculado en Castilla y León.

Y si los sondeos aciertan en sus predicciones, se hará evidente que para hacer ese viaje mejor no hubieran venido.