El rey Juan Carlos I está ya en España. Todos los medios de comunicación han enviado a sus reporteros para recoger el instante en que su avión ha tomado tierra en el aeropuerto de Vigo. Pero el recibimiento que se le ha hecho en las distintas cadenas de televisión ha distado mucho de ser de bienvenida.

Es evidente que para el viejo rey aún queda mucho camino por recorrer hasta que una parte del pueblo que le veneró en su día haga el balance de su reinado y ponga en el platillo de más peso la extraordinaria contribución a la llegada de la democracia que sin él no hubiera sido posible. 

De momento ese pueblo sigue siendo muy crítico con sus actividades como ciudadano, actividades de las que se ha librado de dar cuenta porque durante su reinado era inviolable y porque ya se han cerrado todas las investigaciones puestas en marcha por la Fiscalía del Tribunal Supremo en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

Y este es el asunto. Don Juan Carlos de Borbón no tiene ninguna causa pendiente con la Justicia española. Pero aunque la hubiera tenido, el viejo rey nunca debió marcharse de España. 

Don Juan Carlos de Borbón no tiene ninguna causa pendiente con la Justicia española. Pero aunque la hubiera tenido, el viejo rey nunca debió marcharse de España

Ése fue un error del que ahora vemos las consecuencias: todos los republicanos, incluidos los miembros del Gobierno, vuelven ahora a la carga con sus acusaciones contra la Institución en una vuelta a empezar que si hubiera permanecido en España se habría agotado hace ya mucho tiempo. 

Porque el daño que ha hecho don Juan Carlos a la Corona está fuera de toda duda. Y ese daño está volviendo a ponerse sobre la mesa ahora que el rey ha vuelto. Por unos días, pero los suficientes como para que el republicanismo se reavive hasta la extenuación. Y es que nunca debió poner tierra por medio. 

Y ahora que todas las investigaciones se han cerrado sin que haya sido posible imputarle nada, queda el reproche moral, aplicado a fuego en la conciencia ciudadana por quienes tienen el máximo interés en que el descrédito que acompaña ahora a Don Juan Carlos se extienda también a su hijo Felipe para así tener más amarrada la argumentación que busca desde hace tiempo acabar con la Constitución de 1978 en la que la Monarquía parlamentaria es la clave de bóveda del texto constitucional.

Misión imposible porque si existe en este país alguien cuya rectitud moral está a prueba de examen ése es Felipe VI, con lo cual todo este ruido que vuelve una y otra vez como consecuencia de la salida del viejo rey, y que regresará de nuevo cuando Don Juan Carlos vuelva por segunda y por tercera y por cuarta vez a España se convertirá en inútil -pero en algo muy disolvente- cuando choque con la actual Familia Real.

¿Por qué tiene el padre del Rey que vivir fuera de España? ¿No vive en su casa con su familia y su mujer Jordi Pujol al que nadie molesta a pesar de haber defraudado al fisco cientos, miles de millones de euros, una fortuna que tenía bien oculta en bancos del extranjero?

Todos dicen que el rey puede entrar y salir de su país cuando le venga en gana, pero el hecho palmario es que tiene su residencia permanente en Abu Dabi. ¿Por qué? Habrá cometido innumerables irregularidades pero ¿nos vamos a olvidar que sigue siendo, y además para siempre, el anterior Jefe del Estado? 

¿Vamos a tener al Jefe del Estado viviendo en Oriente Medio para los restos? Ése es un sinsentido y especialmente desde el momento en que las infinitamente largas investigaciones de la Fiscalía se han tenido que cerrar sin que se le haya podido imputar ningún delito. Don Juan Carlos debe regresar a su país y debe permanecer en él de manera estable y no en viajes esporádicos.

Y otra cosa: ¿cómo que no puede dormir en el Palacio de La Zarzuela? ¿Ni siquiera como invitado por la reina Sofía? ¿Pero esto qué es? Una persecución que ya ni siquiera se justifica porque no ha habido modo de atribuirle delito ninguno, y mira que se ha intentado. El viejo rey tiene méritos más que suficientes para residir en las instalaciones de Patrimonio Nacional, como es el palacio de La Zarzuela.

Otro disparate que es atribuible al Gobierno que parece no haber entendido que este señor es, y lo será para siempre, el impulsor directísimo de la llegada de la democracia a España.

Precisamente por eso estamos en deuda con él todos los españoles y merece un trato que, con irregularidades y todo, esté a la altura de su importancia histórica. Nos lo debemos como país.