«Bien resuelto». Así reaccionó Pedro Sánchez a la masacre de Marruecos en la frontera entre Nador y Melilla. Su intento de rectificación posterior casi una semana después —»no había visto las imágenes»— deja sin resolver la cuestión principal: no es un problema de imágenes. Ya se sabía que había muertos. Y toda España pudo ver esas imágenes muy pronto. Toda, excepto un líder que vive de la imagen.

En el otro lado del gobierno, el silencio: la ministra de Igualdad, Irene Montero, tal como demostró el pacto al que había llegado y que asumió bajo la batuta de la portavoz del gobierno —¿tampoco había visto las imágenes?—, acata la nueva sensibilidad con la cuestión marroquí; una cuestión que desde hace meses se ha vuelto nacional. Podemos pide una investigación pero, igual que la otra parte del gobierno, sigue sin condenar la actuación agresiva, desproporcionada e inhumana de las fuerzas de seguridad marroquíes.

El control de la migración en la frontera sur de Europa es complejo; un reto pendiente para España y Europa. Las dificultades de la UE para llegar a un acuerdo sobre el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo son muestra de ello.

Pero la actitud del gobierno ante la masacre deja abiertos cauces especialmente preocupantes, porque asume como propio el marco argumentativo de la extrema derecha.

No es la primera vez que se produce un salto de alrededor de 500 migrantes desesperados sobre una valla plagada de concertinas. Pero hasta ahora ningún gobierno español lo había calificado de un ataque a la integridad territorial del Estado.  

Extendiendo esta narrativa por parte del gobierno, la extrema derecha tiene el plato servido para su próxima victoria; sin desgastarse, da un gran paso adelante.

Tampoco es nueva la existencia de numerosas redes mafiosas que se organizan y lucran en torno al traslado de migrantes a través de distintas rutas hacia y en Europa. Pero simplificar que la llegada de 2.000 subsaharianos a las inmediaciones de Nador es responsabilidad de las mafias, intentado justificar la actuación de violencia sobre las víctimas de esas redes de tráfico de personas, es inadmisible. Máxime si se contrasta con el fracaso, no solo de España sino también de la UE, en la lucha contra esas redes de tráfico.

Sin embargo, lo que sí es un elemento verdaderamente relevante es que este nuevo asalto a la valla se produce dos meses después del giro del presidente del gobierno sobre la posición histórica en torno al Sáhara occidental. Una decisión de consecuencias imprevisibles en nuestra posición estratégica en el Mediterráneo y especialmente con Argelia, también con influencia en los procesos migratorios.

En cualquier caso, la utilización de la inmigración como arma política no es aceptable.

 La UE y Marruecos tienen un Acuerdo de Asociación que entró en vigor en el año 2000 y que hacen de Rabat un socio privilegiado. Después de Turquía, Marruecos es el segundo país que más fondos recibe para el control migratorio: al menos 346 millones de euros desde 2015 a través de diferentes programas de financiación que los marroquíes se han encargado de utilizar en sus relaciones con España y Bruselas. La nueva Agenda para el Mediterráneo, la hoja de ruta europea para la región aprobada en 2021, vuelve a confirmar el carácter imprescindible de Marruecos para el control migratorio. 

Esta relación privilegiada exige que Rabat abandone el chantaje y cumpla con el acuerdo de manera integral, también respetando las disposiciones de derechos humanos. Pero también exige que la Comisión Europea apoye de manera urgente la investigación independiente sobre la masacre de Melilla que ha solicitado la Unión Africana. Será un error si no avanza hacia ello, tanto por lo que significa en términos de transparencia y fines de los fondos comunitarios como por lo que comporta para nuestras relaciones diplomáticas con el continente vecino en un año en el que la UE ha impulsado la renovación de sus relaciones con África.

El Parlamento Europeo va a tratar antes que el español la pérdida de vidas, la violencia y el trato inhumano en la frontera hispano-marroquí contra los que buscan protección internacional»

Y así, el Parlamento Europeo va a tratar antes que el español la pérdida de vidas, la violencia y el trato inhumano en la frontera hispano-marroquí contra los que buscan protección internacional. Desde Renew Europe hemos impulsado un debate que reconozca la frontera sur y las violaciones de derechos humanos que allí se producen como una responsabilidad compartida. No sabemos quiénes son las al menos 23 personas que en ese día perdieron la vida en la frontera hispano-marroquí. Marruecos ocultó rápidamente las pruebas de su delito de la forma más inhumana posible. Cadáveres sin identificar, escondidos con urgencia, a miles de kilómetros de tantas familias que hoy seguirán preguntándose sobre su paradero.

De los 133 que llegaron a cruzar a Melilla, el 80% viene de Sudán, mayoritariamente de Darfur, una región en conflicto que ha empujado al exilio a más de dos millones de personas, la mayoría acogidas por países vecinos como Uganda. Hablamos de una situación política y social gravísima que el mismo gobierno español reconocía cuando el pasado año otorgó protección internacional al 92% de los sudaneses que lo solicitaron. Hoy, la llegada de estas mismas personas se criminaliza como un ataque a la integridad territorial del Estado.

En los próximos meses habrá un claro incremento de las migraciones hacia países de la UE, en parte consecuencia de la utilización por parte de Vladimir Putin del hambre como arma de guerra contra Europa. Ante la perspectiva de una nueva crisis migratoria, necesitamos adelantarnos y repensar un modelo migratorio basado en la gestión de flujos, y no sólo en el control de estos; fundado en la solidaridad entre Estados miembros y acompañado de una verdadera política de asilo que no deje lugar a la violencia en las fronteras.

El gobierno español debe atender a la responsabilidad sobre la situación física de la valla y las obras anunciadas desde 2019, y sobre los medios con los que cuentan nuestros agentes y las vacantes de policía nacional y guardia civil con el objetivo de reforzar efectivos.

Lo ocurrido en la frontera en Melilla es difícilmente justificable. Imposible no reaccionar con extrema repulsa.

Y, sin embargo, aún esperamos una verdadera rectificación y explicaciones serias por parte del presidente del gobierno. Sánchez justifica el inaugurado privilegio marroquí –obtenido con la venta del derecho internacional en el caso del Sáhara y los derechos humanos en el caso de la frontera sur- enviando este mensaje brutal también a la población marroquí que sufre a su régimen: ante la violación de derechos, de España sólo obtendrán aprobación o silencio.

España ha renunciado a tener una voz frente a Marruecos. Europa no puede hacer lo mismo.


Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos.