Carles Puigdemont está a punto de convertirse en un “marrón” tanto para el presidente del Gobierno como para el presidente de la Generalitat. Y  lo será definitivamente en cuanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la decisión de la justicia belga de denegar la entrega del anterior presidente del gobierno autónomo catalán en base a unas supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en la Justicia española, “salvo que se justifiquen deficiencias sistémicas del Estado de Derecho del país emisor”, ha dicho el abogado general del Tribunal. Cosa que, naturalmente, no ha existido nunca en la democracia de nuestro país.

Normalmente, el TJUE se va a pronunciar a lo largo del mes de septiembre o en octubre a todo tirar. Y ese será el momento en que tanto Pere Aragonés como Pedro Sánchez tendrán que tener buscada, y aplicada, una solución al asunto.

Puigdemont era el máximo responsable en la cadena de mando del secesionismo imperante en aquella época

Peor lo tiene el presidente del Gobierno, porque en el momento en que Puigdemont fuera entregado a las autoridades españolas tendría que entrar en prisión preventiva, dado que ya se fugó de la justicia en su momento. 

Después debe ser juzgado, lo lógico es que se le aplique una pena por encima de la que se aplicó a Oriol Junqueras, 13 años por sedición y malversación puesto que Puigdemont era el máximo responsable en la cadena de mando del secesionismo imperante en aquella época.

Pero si Pedro Sánchez pretende, como sí pretende, que Puigdemont no pase como pasó Junqueras y el resto de los condenados cuatro años en la cárcel, aunque con todo tipo de excepcionalidades como acudir a impartir clases fuera de la prisión, debe darse prisa en modificar las penas asociadas al delito de sedición si pretende que beneficien al ex presidente de la Generalitat.

Eso le supondría acelerar al máximo una modificación legal que cuenta desde ya, se puede asegurar sin temor a equivocarse, con la opinión en contra de la mayor parte de la ciudadanía que ve en el ex presidente de la Generalitat el epítome de todos los acontecimientos que alteraron tan profundamente la vida política española en el otoño de 2017, una vida política que jamás volvió a recuperar la marcha normal en cualquier democracia.

No tendría mucho tiempo para hacerlo porque eso tendría que ser antes de que el Tribunal Supremo le juzgara porque sólo si para entonces la ley se hubiera modificado le sería aplicable en su versión más favorable al reo. De otro modo se le aplicaría la ley tal y como está ahora mismo.

Y no sólo eso. También tendría que cumplir una parte de la condena antes de ser indultado como los demás. Y si el indulto al resto de los presos condenados por el proceso independentista levantó una oleada de críticas que no se han acallado aún y que probablemente se le pasen al cobro al PSOE en las próximas elecciones generales, no digamos nada de lo que puede ser indultar a Puigdemont. 

Un político que durante todos estos años desde la fallida declaración de independencia no ha tenido otro objeto político que la confrontación con el Gobierno central, con la Constitución y con el Estado. 

Ese sería un problema añadido para Sánchez en un momento en que se aproximan las elecciones municipales y autonómicas y en las que el PSOE se juega mucho más que unas cuantas alcaldías. Se juega el estar en condiciones de ganar las próximas  elecciones generales.

A Pere Aragonés la llegada de Puigdemont a España le supondría una presión añadida a la ya altísima confrontación que mantiene con los neo convergentes a cuenta de su afán por mantener abierta la comunicación con el Gobierno central y huir de la confrontación que defienden los de Laura Borrás, lo cual se agudizaría extraordinariamente con Puigdemont de “cuerpo presente” en España.

 Existe también la posibilidad de que, si el TJUE se pronuncia en el mismo o parecido sentido que el abogado general Jean Richard de la Tour, Puigdemont decida abandonar cualquier país de la UE e instalarse, por ejemplo, en Suiza.

Pero en ese caso, el ex presidente de la Generalitat se convertiría en el fugitivo errante, sin posibilidad alguna de volver a su país, con su movilidad dramáticamente limitada y, al final, en un personaje del todo irrelevante en la vida política. Sería su final.

Pero estas son sus opciones, no tiene otras.