Los acuerdos, por lo menos los que nosotros sepamos, alcanzados el pasado miércoles en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se resumió en una frase muy significativa de la consejera de presidencia de la Generalitat cuando se vanagloriaba de “tener al Estado sentado en la mesa de negociación y lo hemos hecho aquí, de igual a igual” lo que demuestra que no tiene ni idea de lo que es el Estado y lo confunde con el Gobierno, que no es más que una parte de ese Estado, a quien los independentistas querrían ver efectivamente sentado frente a ellos.
Pero eso no sólo está lejos de producirse -puedo apostar a que no se producirá jamás- y ello a pesar de la inclinación de este Gobierno por ir admitiendo todas las exigencias de los independentistas envueltas, eso sí, en circunloquios, rodeos, eufemismos, perífrasis y digresiones varias que no tienen otro objeto que el de disfrazar la verdad.
Y la verdad es que la pretensión de desjudicializar el conflicto producido por el independentismo, un planteamiento que ha sido admitido sin rechistar por el Gobierno, no incluye únicamente rebajar las penas asociadas al delito de sedición para que Carles Puigdemont y Marta Rovira puedan volver, que eso también.
Lo que se pretende con ese eufemismo es dinamitar el único baluarte, junto con la Corona que aún conserva esta disgregada sociedad, en la defensa efectiva del Estado. Son los jueces, es el Poder Judicial en su conjunto, la única fortificación que queda en la protección del Estado de Derecho que ampara nuestra Constitución.
Y en una posición inmediatamente posterior, el Rey como garante de que esa Constitución seguirá cobijandonos cuando hayan pasado los años y el independentismo catalán pase a ser un sentimiento tan residual como el que malvive en la provincia independentista en otro tiempo radicalmente defensora de la secesión como la provincia candiense de Quebec. Todo llegará, no lo duden.
Pero mientras tanto ésa es la pretensión que se esconde debajo de tanto rodeo y ésa es la grandísima responsabilidad en que está incurriendo este Gobierno por una sencilla razón: necesita los votos de ERC para sacar adelante los presupuestos del año que viene y porque Pedro Sánchez está dispuesto a ganar las elecciones generales al precio que sea.
Por lo tanto, han aceptado admitir ese auténtico fraude de ley que es la última maniobra del gobierno de la Generalitat relativa a la enseñanza del 25% de las asignaturas en castellano y que, atención, con los votos del PSC, han aprobado una legislación ad hoc que impide que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, avalada en su totalidad por el Tribunal Supremo, pueda cumplirse.
Es lo que el TSJC acaba de plantear al Tribunal Constitucional: la más que posible inconstitucionalidad de una ley elaborada con el exclusivo fin de que una sentencia judicial no pueda cumplirse. Si eso no es un fraude de ley que venga dios y lo vea. Y el hecho de que vaya a ser un TC de mayoría progresista, que es lo que toca ahora, no puede suponer que los magistrados vayan a incumplir su función de manera flagrante. De otro modo estaríamos ante el enésimo y gravísimo deterioro de las instituciones constitucionales a los que parece haberse abonado este Gobierno.
Esto es lo que pretenden con la "desjudicialización" del conflicto: neutralizar la acción de los jueces en cualquier aspecto que pueda alterar su hoja de ruta, que pasa por convertir en independentista a una población que, como bien indica el CIS catalán, va alejándose progresivamente del delirio en el que ha vivido los últimos diez o doce años y regresa poco a poco al sentido común y a la normalidad.
A Sánchez solo le interesan los votos de ERC... y por eso está dispuesto a dejar sin el ejercicio de sus derechos fundamentales a más de la mitad de Cataluña
Las apelaciones a diálogo tienen por eso todo el sentido para los independentistas catalanes porque sobre esa premisa obtendrán de este Gobierno todo lo que no podrían obtener de ningún otro. El diálogo es el manto en el que se envuelven todas las concesiones arrancadas al Gobierno. Todo lo que sea el cumplimiento de la ley les es ajeno, mejor el diálogo que es algo evanescente.
A Pedro Sánchez todo eso que subyace bajo la pretensión independentista no le interesa. Sólo le interesan los votos de ERC de aquí al final de la legislatura y para eso está dispuesto a dejar sin el ejercicio de sus derechos fundamentales a más de la mitad de la población de Cataluña.
Todo lo demás, eso de que vaya a ser el catalán una lengua de uso en el Senado, junto con las demás lenguas que se hablan en España y la solicitud de que se incluya también el catalán y el aranés en el parlamento europeo son adornos a cambio de los votos y a cambio de otra cosa que el independentismo no tiene más remedio que ofrecer: que nunca más va a iniciar una aventura independentista unilateral.
Pero eso no es una concesión debida al Gobierno, es la constatación de que les ha salido muy cara la aventura gracias precisamente a que los jueces españoles, superando todas las dificultades pero con toda la perseverancia, han seguido adelante con su obligación y han hecho honor a su compromiso esencial de hacer cumplir la ley.
Eso es precisamente lo que los independentistas no quieren. Pretenden la impunidad y eso es lo que este Gobierno les concedería si no se encontraran una y otra vez con esa muralla judicial que blinda las leyes y la Constitución y vela por su cumplimiento.
Y esa muralla se llaman el Poder Judicial y la Corona.
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