El ministro de Justicia Juan Carlos Campo tomó posesión este lunes en el palacio Parcent de Madrid de su cargo. Sin embargo, el magistrado sevillano no fue el protagonista real del acto, sino su antecesora, Dolores Delgado, quien le entregó la cartera una vez sabido que Moncloa la nombrará este martes fiscal general del Estado.

La designación de Dolores Delgado para tal cargo no pasó, como habría sido natural, por el ministro de Justicia, sino que fue una elección directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas consultadas por El Independiente consideran una «anomalía» que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general se hiciera público antes de que Campo tomara posesión. En el gesto ven una prueba de que la fiscal general no dependerá, en realidad, de la cartera de Justicia, sino que despachará directamente con el presidente del Gobierno los asuntos que le coloquen en una posición delicada con sus socios independentistas de Gobierno.

Especialmente los que tengan que ver con el avance de la causa del procés. Miembros críticos del Poder Judicial consideran que el Ejecutivo quiere convertir la Fiscalía en una institución «politizada e imparcial» para «desjudicializar» el conflicto catalán, como acordó Pedro Sánchez con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y obtener así su apoyo para la investidura en forma de abstención.

Las fuentes jurídicas consultadas consideran que de esta manera Sánchez pretende «puentear» al ministro de Justicia (magistrado respetado en la Judicatura) antes incluso de que comience a desarrollar su labor. La carrera fiscal también entendió el nombramiento de Delgado como una «injerencia política sin precedentes» que dañará la imagen de independencia del organismo. Por primera vez en la democracia española un ex ministro de Justicia ocupará el cargo de mayor responsabilidad del Ministerio fiscal, encargado de velar por los intereses del Estado (no del Gobierno) y de los españoles contra quienes cometan delito.

Una ministra «partidista»

Dolores Delgado es fiscal de carrera. Ha desarrollado su labor (durante un cuarto de siglo) en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la mayor parte del tiempo coordinando las acusaciones contra terroristas en los juzgados centrales.

Pero, además de haber desempeñado su cargo en el último gobierno socialista de Sánchez, parte de sus compañeros de carrera no la consideran acta para el cargo de fiscal general puesto que creen que ha sido una ministra «partidista». En los últimos meses ha participado en mítines del PSOE apoyando a los candidatos de distintas comunidades y capitales de provincia, lo que ha dañado su imparcialidad.

La oposición recurrirá su nombramiento

Los partidos políticos de la oposición no tienen dudas de que el nombramiento de Delgado busca allanar el camino judicial al independentismo para avanzar en las negociaciones con quienes quieren la independencia de Cataluña.

El presidente del Gobierno ya mostró públicamente su visión sobre la dependencia de la Fiscalía del Ejecutivo cuando, durante una entrevista de radio, preguntó al periodista que le entrevistaba: «¿De quién depende la Fiscalía?» Y éste le contestó: «Del Gobierno». «Pues ya está», concluyó el presidente Sánchez.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que su partido recurrirá el nombramiento de Dolores Delgado ante el Tribunal Supremo por incumplir, según considera, el artículo 59 del estatuto fiscal, que establece que no podrán ser miembros de éste quienes pertenezcan a partidos políticos o sindicatos.