Política

Sánchez nombra a Delgado Fiscal General para facilitar la negociación con ERC

En su mano estará recurrir o no el grado penitenciario que la Generalitat otorgue a los políticos presos del 'procés'

La ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La exministra de Justicia, Dolores Delgado.

El Consejo de Ministros aprobará este martes el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado en sustitución de María José Segarra, según ha confirmado Moncloa.

El nombramiento de Delgado, que Sánchez se ha reservado para hacer público en el último momento, ha generado una fuerte polémica en el mundo judicial, donde ha sido entendido como una «injerencia política para facilitar las aspiraciones independentistas en la causa del procés«, según trasladan fuentes del propio Ministerio Público con evidente enfado a El Independiente.

Segarra, a la que eligió la propia Dolores Delgado, marcó límites al independentismo y se puso del lado de la carrera fiscal, manteniendo la acusación por rebelión contra los líderes del procés en el juicio del Supremo. Una vez concluyó éste y se conoció la sentencia, afirmó que el Ministerio Público recurriría cualquier grado penitenciario de la Generalitat de Cataluña que no considerara «adecuado» contra los políticos independentistas condenados.

«La única dispuesta a ceder»

Precisamente el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado inmediatamente después de ser ministra de Justicia socialista «únicamente puede buscar que ceda lo que ningún fiscal estaría dispuesto a ceder con el independentismo», reflexiona un magistrado en conversación con este diario.

En su mano estará presentar o no recursos contra los grados penitenciarios que la Generalitat otorgue al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados en la sentencia del procés que continúan en prisión y que podrían solicitar y obtener la semilibertad.

También dependerá de Delgado que se mantenga la línea de la Fiscalía respecto a la petición de mantener la orden nacional y la orden europea de detención contra el ex president fugado Carles Puigdemont o ajustar la acusación contra el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, que se enfrentará a juicio por su responsabilidad en el referéndum del 1 de octubre a partir del 20 de enero.

Son conocidos los choques entre Dolores Delgado, ex fiscal de la Audiencia Nacional, con Javier Zaragoza, quien fue su superior y ejerce como fiscal contra los líderes del procés en el Supremo. Ahora, será Delgado quien marque la línea de los escritos del Ministerio Público en dicha causa.

El Gobierno (a través de la Abogacía del Estado entonces bajo en mando de Dolores Delgado) fracasó en su intento por conseguir que el Supremo permitiera al líder de ERC Oriol Junqueras salir de prisión para ejerecer como eurodiputado. La Sala Penal del alto tribunal presidida por el juez Manuel Marchena concluyó la pasada semana que no tiene inmunidad porque está condenado por sentencia firme por delitos graves, entre ellos de corrupción, y por tanto no puede ejercer como eurodiputado. En su auto, reprochó precisamente a la Abogacía del Estado que reconociera la sentencia del procés pero quisiera dejarla sin efecto para el político condenado.

Sánchez no pudo contentar a Esquerra -que le permitió con la abstención acceder al Gobierno- por esa vía. Ahora, le queda la baza del papel de la Fiscalía General del Estado. Delgado no ha escondido en ningún momento su «militancia» con el Partido Socialista, que exhibió en el Congreso de los Diputados ya como ministra. Habló de la «derecha trifálica» refiriéndose a Partido Popular, Vox y Ciudadanos, a los que acusó de montar un bloque contra Sánchez.

Tan sólo hay un precedente histórico de un fiscal general que pasó a ser ministro, el de Javier Moscoso, al frente de la cartera de Presidencia en el primer gobierno de Felipe González. Años más tarde, se encargó de las conversaciones con la banda terrorista ETA para negociar su desarme.

Los audios de Villarejo

Los inicios de Delgado al frente del Ministerio de Justicia también estuvieron marcados por la polémica. Dos meses después de tomar posesión salió a la luz la grabación de la comida que compartió años antes en el restaurante madrileño Rianxo con el comisario investigado en la Audiencia Nacional y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, y con otros altos mandos de la Policía también investigados. Delgado acudió al encuentro acompañando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En los audios de dicha comida, se escuchaba a Delgado hablar sobre la condición sexual de su actual compañero de gabinete, Fernando Grande-Marlaska, entonces juez de la Audiencia Nacional.

Precisamente la estrecha relación de Delgado con el juez Garzón la sitúa también frente a los miembros de Podemos del Gobierno de Sánchez. Garzón, ahora como abogado, defiende en la Audiencia Nacional a ex altos cargos policiales investigados por pertenecer al presunto «clan policial mafioso» de Villarejo. La Fiscalía Anticorrupción y el partido Podemos son las acusaciones del conocido caso Tándem con el ex agente encubierto como principal investigado.

Huelga jueces y fiscales

Delgado concluyó su mandato como ministra con las asociaciones de jueces y fiscales enfrente. En su mayoría le reprochan no haber hecho frente a la necesaria modernización de la Justicia y el incremento de plantilla en juzgados, especialmente en los de violencia de Género.

Comenzó su labor al frente del Ministerio con una huelga de la Judicatura y el Ministerio Público que ella misma alentó como miembro de Unión Progresista de Fiscales (UPF). Las asociaciones mayoritarias de fiscales consideran que, a pesar de tener disposición para reunirse con ellos, no ha avanzado en la solución de ninguna de sus reclamaciones.

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