Confrontación, aunque cordial en las formas, así ha terminado la reunión de ayer con los consejeros de las comunidades autónomas porque el Gobierno les ha dicho que no va a alterar ni una coma del decreto-ley que, con evidente improvisación sacó adelante el consejo de ministros el pasado uno de agosto. 

Confrontación me temo que deseada por el PSOE, que puede así acusar de egoísmo al PP, una categoría moral que no debería estar presente dentro de un planteamiento político, e “insolidario”, que eso ya sí entra dentro de las acusaciones políticas de rigor.

Pero el Gobierno se equivoca porque todas las medidas que se vayan a implementar deberán formar parte de las que adopten las comunidades y los ayuntamientos y por lo tanto, sería muy conveniente contar con su colaboración, aunque esas comunidades estén gobernadas por el PP.

Pero el Gobierno cree haber encontrado en este choque la oportunidad perfecta que de momento le niegan los sondeos para urdir un choque que le sirva para levantar la cabeza en términos de opinión pública. Y cree que la ocasión perfecta es la de adjudicar a esas autonomías, singularmente a la de Madrid, una falta de solidaridad con Europa.

Lo que sucede es que estas medidas son en principio más cosméticas que otra cosa y los estudios realizados a vuela pluma dicen que el ahorro que esa decisión va a suponer va a ser mínimo.

En cambio, y dado que España es un país eminentemente turístico y que esa industria suponía alrededor del 12,4% del PIB en 2019, cifras que se pretende que se alcancen en este 2022 o que se aproximen a ella, introducir unas medidas de limitación no hará sino dañar esas perspectivas.

Y dada esta circunstancia, pretender que los comercios más importantes y más lujosos, que son los que atraen las miradas de los turistas, apaguen sus luces a las 10 de la noche es tanto como estrangular uno de los atractivos de una ciudad grande como Madrid, Sevilla o Barcelona.

Es una pésima idea en un país que vive de un modo tan determinante del turismo el imponer el apagado de las luces a una hora tan temprana como las 10 de la noche»

Un periódico de ayer titulaba algo así como “Tienda para ricos, encendida, pequeño comercio, apagado”. Naturalmente, pero son precisamente esas las tiendas que atraen las miradas de los turistas que luego pueden hacer sus compras en las “tiendas de ricos” o en el pequeño comercio apagado.

Por eso es una pésima idea en un país que vive de un modo tan determinante del turismo el imponer el apagado de las luces a una hora tan temprana como las 10 de la noche, cuando el calor -y ahora más- permite a las personas salir a la calle y a las terrazas.

Esa, la del comercio, es una competencia propia de las comunidades autónomas y es la  razón por la que Madrid va a llevar este decreto- ley ante el Tribunal Constitucional.

Pero es que tampoco se ha negociado con los sectores afectados, que son muchos, y que ahora mismo no saben con total certeza como tienen que comportarse.

Sobre todo, porque si se trata de comunidades gobernadas por el PP, seguramente encontrarán muchas reticencias al cumplimiento de un decreto-ley que por supuesto, todas ellas tienen que aceptar.

Pero no es de recibo que unas medidas que afectan a tantas empresas y que no han sido pactadas en ningún momento con ninguno de los sectores implicados, se condensen en un decreto-ley del que no se ha querido modificar ni una coma.

Aunque no sólo han sido las comunidades gobernadas por el PP. También lo han sido la gobernada por los independentistas catalanes y la dirigida por los nacionalistas vascos. El consejero catalán de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, ha pedido el aplazamiento de la entrada en vigor del decreto-ley pero tampoco se le ha hecho caso. Teresa Ribera ha zanjado la cuestión con dos palabras: “Está en vigor” 

Y en la Generalitat catalana creen también como en las comunidades del PP, que las imprecisiones del Real Decreto generan «inseguridad jurídica». 

Castellanos ha asegurado que, como el resto de las comunidades, Cataluña cumplirá lo decretado a pesar de las dudas que genera: «No queda claro en el redactado qué medios hay para garantizar el cumplimiento ni cuál es el régimen sancionador». Aunque la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica ha venido a decir que este decreto no tenía voluntad sancionadora lo cual, si fuera así, lo convertiría directamente en papel mojado.

También la consejera de Euskadi, ha criticado la falta de «claridad» del decreto, o la ausencia de diálogo antes de su aprobación en el último Consejo de Ministros.

Se olvida el señor presidente de las veces que el voto de los populares le ha servido para salvar la situación en votaciones  importantes»

Pero a ninguna de ellas se ha referido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando desde Lanzarote ha arremetido contra el Partido Popular de quien ha dicho que es “como predicar en el desierto porque llevan dos años sin apoyar las medidas del Gobierno, primero con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania”. «Estamos viendo la oposición de siempre, destructiva, que bloquea, negacionista», afirmaba Sánchez.

Se olvida el señor presidente de las veces que el voto de los populares le ha servido para salvar la situación en votaciones  importantes. Pero no es esto lo que interesa a Sánchez sino evidenciar que con el PP no se puede contar para nada.

Por eso Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del Partido Popular, ha puesto pie en pared y ha anunciado que “no es nuestra obligación apoyar medidas que son incongruentes e inútiles” en línea con lo argumentado por el consejero de la comunidad de Madrid Javier Fernández Lasquetty según el cual «Les hemos dicho que no se pueden hacer las cosas así, sin evaluar las consecuencias, sin evaluar la inseguridad que va a traer. No se puede tomar una medida así sin ver qué consecuencias tiene en términos de contracción económica, de reducción del tamaño de nuestra economía, y por tanto, de pérdida de empleos».

En general todas las autonomías han expresado sus dudas sobre la eficacia de la medida pero ninguna ha amagado con una posición de rebeldía. Faltaría más, los presidentes y consejeros autonómicos no son Carles Puigdemont, ni siquiera lo son los consejeros de la Generalitat. 

Pero si el presidente piensa que con las acusaciones al PP va a limitar su preeminencia en las encuestas, se puede estar equivocando de medio a medio porque no debe olvidar que las próximas elecciones son precisamente las autonómicas y municipales y el elector  apoyará siempre a quien ha defendido su territorio, su comunidad o su municipio.

Por eso Pedro Sánchez corre el riesgo de que en su estrategia de echar en cara al PP su falta de solidaridad le acabe saliendo el tiro por la culata.