Confiados en el «éxito» de Pedro Sánchez en su anterior cara a cara con Feijóo en el Senado el pasado 6 de septiembre, en Moncloa creen que el próximo martes el presidente volverá a noquear al líder de la oposición, esta vez sobre la base de un discurso basado en la defensa del estado de bienestar frente al liberalismo egoísta de la derecha.

Por si acaso, la mesa de portavoces del Senado, controlada por el partido del Gobierno y sus socios, ha rechazado la propuesta del PP para alterar el formato habitual del debate, claramente favorable al presidente, que tiene todo el tiempo que quiera para sus intervenciones, mientras que a Feijóo se le conceden quince minutos, más cinco de replica.

El presidente, que hay que reconocer que ha crecido como parlamentario, cree haber encontrado en su gestión económica la llave maestra para desmontar a Feijóo.

Ni en Moncloa, ni en Génova ocultan que el del martes será el pistoletazo de salida de una larguísima campaña electoral que tendrá una crucial meta volante en el mes de mayo (municipales y autonómicas) y que concluirá a finales de 2023 con unas generales muy apretadas entre los bloques de izquierda y derecha.

En el PSOE no se da tanta importancia a ganar al PP, aunque afirman que, de aquí a finales de 2023, Sánchez logrará darle la vuelta a las encuestas. Lo relevante, afirman, es que la suma de socialistas, podemitas -con cualquiera de sus siglas-, independentistas, etc. sume un escaño más que la agregación del PP y Vox. Por desgracia para Inés Arrimadas, la marca C’s no cuenta ya como actor para las próximas contiendas electorales.

Los socialistas remarcan que en esa suma de bloques, «las encuestas siguen dando una mayoría de izquierdas».

La argamasa para aglutinar a ese grupo variopinto (que Rubalcaba llamó Frankenstein) está en la gestión de la crisis económica, en llevar el debate a un terreno simple que consiste en personificar en Sánchez las políticas de gasto y de protección de los más desfavorecidos frente a las propuestas del PP, que consisten básicamente en bajar impuestos. Como dijo Félix Bolaños esta misma semana en entrevista a elDiario.es: «El proyecto político de Feijóo es la demolición del estado de bienestar». Ese será el hilo conductor de la intervención de Sánchez en el Senado, apoyándose en los distintos paquetes de medidas aprobados hasta ahora y que suponen 35.000 millones de euros.

A Feijóo le quiere poner el Gobierno ante el espejo de Rajoy, y el periodo caracterizado por los recortes. En resumen: dos formas de gestionar las crisis. Una, cortando gastos sociales; otra, protegiéndolos y ayudando a los más débiles.

Si las cosas fueran tan simples, el PSOE podría barrer en las próximas elecciones, como lo hizo Felipe González hace ahora casi cuarenta años.

El presidente del Gobierno hará el martes un debate duro, en el que se presentará como ‘defensor del estado de bienestar’ frente a un líder de la oposición ‘que sólo piensa en bajar impuestos’

Sin embargo, esa dicotomía, esa distinción entre buenos y malos no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, lo primero que hizo el gobierno socialista de González nada más tomar el poder fue devaluar la peseta ¿Alguien duda de que esa fue una dura medida de ajuste? Tan dura como necesaria. Como la reconversión industrial llevada a cabo poco después por Carlos Solchaga… ¿Se acuerdan del cierre de Altos Hornos del Mediterráneo y de los enfrentamientos callejeros que provocó? Pero había que hacerlo, porque a veces hay que aplicar la cirugía para evitar males mayores. No olviden que la huelga general más masiva de la España democrática se la hicieron CCOO y UGT al gobierno socialista de González, en aquel histórico 14 de diciembre de 1988, para protestar por el abaratamiento del despido.

Pero no hace falta remontarse a esa época para comprobar que la política de recortes no es patrimonio de la derecha. La memoria de este Gobierno, tan prodigiosa en acontecimientos lejanos, tiene lagunas importantes cuando se trata de otros más próximos, cómo la forma de abordar la crisis financiera de 2009 de Rodríguez Zapatero cuando era presidente. En un pleno extraordinario difícil de olvidar, celebrado el 12 de mayo de 2010, Zapatero anunció un recorte del sueldo a los funcionarios del 5% (algo que sucedía por primera vez en la historia); la congelación de las pensiones; la supresión del cheque-bebé, y una drástica rebaja del gasto en productos de farmacia. Entre otras lindezas. Recuerdo que en esas fechas, Carmen Chacón (ex ministra de Defensa y lamentablemente fallecida) me dijo: «Con esto nos hemos asegurado perder las elecciones». Y así fue.

Zapatero no quería aplicar lo que el llamó «plan de austeridad». No lo hizo por gusto. Incluso una semana antes de hacerlo negó que fuera a llevarlo a cabo. Pero se vio obligado a ello. Angela Merkel, la Comisión Europea, e incluso Barak Obama presionaron a Zapatero para que redujera el alarmante déficit público de España: el euro corría peligro.

Cuando Rajoy ganó las elecciones en noviembre de 2011, el déficit público rondaba el 11% del PIB. Así que el líder del PP, muy a su pesar, tuvo que aplicar la tijera. ¿Se acuerdan de los ‘hombres de negro’? Si el presidente popular hubiera estado encantado con el desmantelamiento del estado de bienestar, no hubiera hecho falta que esos tacañones visitaran asiduamente nuestro país para controlar el gasto.

Es más, el gobierno cuyo partido prometió bajar los impuestos, aprobó una histórica elevación del IRPF en diciembre de 2011, que supuso una subida progresiva de hasta el 7% para las rentas más altas. ¡Eso si que es una reforma fiscal y no lo que ha presentado María Jesús Montero! Por cierto, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda entonces, dijo que aquella subida era «temporal» y la bautizó como «recargo de solidaridad». ¿No les suena?

España evitó en 2012 el rescate (cosa que no pudieron evitar Grecia, Portugal e Irlanda), pero la concesión de un crédito de hasta 100.000 millones de euros para salvar a las cajas de ahorro de la quiebra (fundamentalmente Bankia y Caixa Catalunya) fue condicionada a la realización de un programa de recortes del gasto público.

Ahora las cosas son distintas. Merkel ya no es la canciller de Alemania y su sustituto, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha optado por abrir la espita del gasto para sortear la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Ha aprobado un histórico paquete de 200.000 millones para ayudar a familias y empresas. Así que Sánchez ya no tiene la presión que sí tuvieron Zapatero y Rajoy para hacer una política más laxa, recurriendo a la deuda. El Presupuesto de 2023 es la prueba de esa política expansiva en tiempos de brusca caída del crecimiento.

Tirar de chequera es un recurso fácil si a un gobierno Bruselas le permite relajarse en los compromisos de déficit y deuda. Pero, tarde o temprano, más bien cuando Alemania consiga salir de la recesión que se le avecina, la ortodoxia acabará imponiéndose en Europa. Y la deuda habrá que devolverla.

En 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa, la deuda pública se elevaba a 1.173.003 millones de euros (más o meno lo mismo que el PIB). Ahora, con datos del mes de julio y según el Banco de España, supone 1.486.978 millones. Es decir, que ha aumentado en más de 300.000 millones de euros. Cada españolito debe 6.000 euros más que hace cuatro años. Con una diferencia importante, el escenario ahora, a diferencia de lo que ocurría en 2018, es que los tipos de interés suban.

Veremos, me temo, un debate de brocha gorda, en el que el presidente querrá endilgarle a Feijóo el papel de defensor de los intereses de bancos y eléctricas.

Además, el lunes hay CIS. Sánchez no podrá decir que ha tenido que luchar contra los elementos.