El día 6 de diciembre se leyó en el Tribunal Federal del Distrito Federal la sentencia por el caso Vialidad, donde estaba imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto con otras doce personas. Los hechos juzgados se remontan entre 2003 y 2015, relacionados con la licitación pública de 51 procesos en la provincia de Santa Cruz, vinculados a la construcción de obras viales, de allí el nombre del caso. La actual vicepresidenta ha sido condenada a seis años de prisión, e inhabilitación perpetua. Este veredicto tiene que ser confirmado por Casación, y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero más allá de la sentencia, lo importante es que se ha condenado a un alto político en activo. Por motivos de fraude y corrupción se había juzgado a otros, pero no en activo, y menos a la vicepresidencia. Y es aquí donde está lo más relevante. Se puede discutir sobre los años, si son pocos o muchos, sobre si tiene que cumplir prisión domiciliaria o no, sobre si tienen razón los fiscales recurriendo o no. Pero lo más trascendente es que se llegó a un fallo judicial y una condena. Y esto, alguien que no conozca la política argentina le parecerá un motivo liviano, pero no lo es. Durante mucho tiempo había una áurea de intocabilidad de las figuras políticas argentinas, incluso algunos llegan a defender que por tener muchos votos, son impunes, no pueden ser juzgados.

Desde el gobierno argentino, desde ministros al propio presidente de la república Alberto Fernández han salido a hacer declaraciones, o hilos de tuits y no han conseguido nada. Por mucho que digan que el Poder Judicial actúa en su contra, les persigue, la Constitución y sus instituciones han aguantado el embate. Incluso en algunos momentos se investigó a petición de la vicepresidenta Fernández de Kirchner si había motivos para dudar de la imparcialidad del Ministerio Fiscal, o de los tres jueces. Pero no, los tribunales superiores desestimaron las alegaciones al no presentarse pruebas al respecto, y el caso siguió. Tres años y medio después de iniciarse, pues la pandemia se frenó el proceso, se leyó sentencia.

La impunidad se ha acabado, quienes cometen fraude son juzgados con todas las garantías procesales y sentenciado con las condenas que contempla el Código Penal»

La impunidad se ha acabado, quienes cometen fraude son juzgados con todas las garantías procesales, y sentenciados con las condenas que contempla el Código Penal. Los delitos y las penas han ido de la mano, y no ha habido interpretaciones rebuscadas. Esto aun da más aire a un Poder Judicial en paliativos como el de Argentina, completamente desautorizado, cuestionado, atacado, intimidado cada vez que abría una causa contra algún político en activo. Ahora se puede aspirar a proclamar de nuevo el nunca más, con la misma contundencia que se hizo en los ochenta, pues la lacra de la corrupción y el fraude político ha arruinado desde siempre a la Argentina, y ha sido constante la impunidad contra los corruptos.

Es indiferente que Cristina Fernández de Kirchner, aunque sentenciada a la inhabilitación perpetua se presente de nuevo porque la condena no sea firme. O que cumpla los seis años de prisión en casa, y no en una cárcel, porque tendrá más de 70 años. Esto es lo de menos realmente, porque es lo que contempla la ley argentina. Y ya se está hablando desde la oposición de modificar el Código Penal porque la condena es muy limitada en relación a lo grave del delito. Pero allí recae la importancia de la legitimidad del Poder Judicial: se habla de modificar la ley, no de saltársela por estar disconforme. Es en esta diferencia donde se da un toque de atención: de aquí en adelante, seas quien seas, si cometes fraude, serás sentenciado. Se ha acabado la impunidad. 

En conclusión, la sentencia leída ayer en Comodoro Py, como se conoce popularmente al Tribunal Federal del Distrito Federal, marcará un antes y un después en la historia política y judicial de la Argentina. Ha dotado al Poder Judicial de una legitimidad que hacía décadas que no tenía, como también ha puesto en valor el rol de fiscales y jueces. Tendremos que ver como se desarrolla el tiempo de la posterior a la sentencia, cuando esta sea firme dentro de unos meses. Seis de diciembre será un día para la historia. 


Guillem Pursals es politólogo, máster en Seguridad, especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado.