El presidente del Gobierno justificó ayer a los miembros del Grupo Socialista del Congreso y el Senado el bandazo sobre la 'ley del sí es sí': "Había que resolver un problema". Pero el "problema", en realidad, no son los "efectos indeseados" de esa ley, como él dijo, sino los efectos electorales que las reducciones de penas y excarcelaciones de violadores están generando en las expectativas del PSOE de cara a las elecciones del 28 de mayo.

Cuando Pedro Sánchez decide "resolver un problema", sus huestes se lanzan a cumplir su misión a fondo, sin pararse en barras, y sin medir las consecuencias de sus actos. Un ejemplo palmario de esa fogosidad irreflexiva fue la entrevista de la ministra de Justicia ayer en la Cadena Ser. Pilar Llop dejó dos perlas para la historia de la torpeza. Dijo que "la victima tiene muy sencillo probar que hubo violencia sólo con una herida"; y añadió que con la 'ley del sí es sí' "sale más barato agredir sexualmente y con violencia a una mujer que robar con intimidación".

Si esas dos afirmaciones las hubiera hecho Santiago Abascal, toda la izquierda se le hubiera tirado a la yugular, tildándolo de "machista" redomado.

La víctima, señora ministra, no necesita ninguna herida para probar la violencia, con esta y con lo establecido en el Código Penal de 1995. La intimidación también es violencia y no genera heridas corporales.

La segunda afirmación es, si cabe, aún más grave. Si, como ella dijo, violar a una mujer sale más barato penalmente que un robo con intimidación, eso significa que su Gobierno llevó a cabo una aberración jurídica a sabiendas. ¿O es que nadie se dio cuenta de esa barbaridad hasta ahora? La 'ley del sí es sí' entro en vigor el 7 de octubre. Es decir, que ya han pasado cuatro meses de aquello. Y la primera reducción de condena se produjo el 15 de noviembre. ¡Hemos tenido que llegar a más de 400 reducciones de condena para que el presidente se dé cuenta de que "había un problema"! Todo ello, después de haber defendido públicamente la ley y de haber desautorizado incluso a una ministra (Margarita Robles) que se atrevió a cuestionar los efectos de la norma.

Sabemos que hubo debate sobre este bodrio en el Gobierno antes de ser aprobado. Lo ha reconocido la ex vicepresidenta Carmen Calvo públicamente. También sabemos que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, puso pegas al texto impulsado por Irene Montero. Pero no pasó nada. Se impuso el silencio, la sumisión. Campo salió del Ejecutivo, pero después fue premiado con un puesto en el Tribunal Constitucional.

Los argumentos de la ministra de Justicia contra le 'ley del sí es sí' son tan burdos que dan oxígeno a la agonizante Irene Montero

Sánchez transigió con una ley nefasta -de cuyas consecuencia ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial- para cohesionar la coalición y no desairar a la ministra de Igualdad, que siempre ha calificado esta norma como suya.

Se modificó el Código Penal como si fuera la lista de la compra y ahora se vuelve a cambiar para que los votantes socialistas vean que el Gobierno tiene dos dedos de frente, que hay una diferencia entre el PSOE y Podemos.

Pero si la 'ley del sí es sí' ha tenido "efectos indeseados", la reforma de la reforma puede tener consecuencias imprevisibles.

En lugar de cambiar la norma mediante un proyecto de ley, es decir, una propuesta que aprueba el Consejo de Ministros, que requiere de los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, para después ser tramitada en el Congreso, Sánchez ha optado por tramitarla como proposición de ley, lo que evita unos filtros que le proporcionarían cierta red de seguridad jurídica.

No. Eso no. El presidente, asesorado por Félix Bolaños, como lo fue en la reforma de las leyes orgánicas del CGPJ y del Tribunal Constitucional (tumbadas por el TC), ha optado por este atajo para acelerar al máximo la tramitación y, al mismo tiempo, para evitar un choque frontal en el Consejo de Ministros. Chapuza sobre chapuza.

Los efectos de la reforma ya se verán, porque se puede producir un escenario de inseguridad jurídica por la pervivencia durante un tiempo de tres normas distintas: el Código Penal del 95, la 'ley del sí es sí', y la reforma de esa misma ley para elevar las penas recurriendo a un concepto contradictorio como es el de "agresión sin violencia". Basta con ver la definición del término 'agresión' en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, para comprobar que la agresión implica siempre violencia y, por tanto, que no puede haber agresión sin violencia.

Ya veremos si el PSOE rentabiliza el choque frontal con Podemos en las elecciones de mayo. Lo que sí es seguro es que la ofensiva, con Llop como punta de laza, contra la 'ley del sí es sí' ha sido tan burda, que ha provocado un cierre de filas en el Grupo de Unidas Podemos.

Así que al presidente puede salirle el tiro por la culata, porque ha cargado con toda la artillería contra una ley que no es de Irene Montero, ni siquiera de Podemos, sino suya, como él mismo ha defendido en todo tipo de foros hasta que las encuestas le han hecho rectificar.