“Porque no estamos hablando, o al menos nosotros no hablamos, de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico como el que ningún régimen ni gobierno español ha sido capaz de hacer realidad desde la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 y el Decreto de Nueva Planta que abolió las instituciones y constituciones catalanas, e inició la persecución de la lengua catalana. La pregunta no es si no nosotros estamos preparados para negociar, sino si lo están los dos”.

Hasta aquí llegó la pretensión de Carles Puigdemont, hasta la petición de un compromiso histórico entre el PSOE y el PP en una tergiversación de la Historia a la que nos tienen acostumbrados. No se entiende el optimismo que se destilaba ayer por la mañana en La Moncloa y en la sede socialista de la calle de Ferraz, ante semejante planteamiento.

Tampoco es verdad que no haya planteado la celebración de un referéndum. Lo ha hecho aunque de modo más sutil - solo un referéndum acordado podría sustituir al 1”O- que otros planteamientos como la ley de amnistía o la presencia de un relator de corte internacional, como los noruegos, que son especialistas en mediar en conflictos internacionales.

El papel de Puigdemont sería mucho más modesto y menos exigente: bastaría que se abstuviera en la probable sesión de investidura de Pedro Sánchez

Y esa es precisamente la pretensión del expresidente de la Generalitat: convertir la pretensión de independencia de sus siete escaños en una vieja nación de Europa que quiere ver colmados finalmente sus aspiraciones de verse como una nación más del concierto de naciones que conforman la Unión Europea: "Cataluña es una nación, una vieja nación europea que se ha visto atacada en su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714", dijo Puigdemont en su conferencia de ayer.

Pero todo eso son ensoñaciones que tienen que ver con la importancia que el PSOE le da a los siete escaños que esgrime Puigdemont como la exigencia de todo un pueblo, el catalán. Nada más lejos de la realidad. Son sus siete escaños, eso es todo, los que necesita el Partido Socialista para sacar adelante la investidura. Nada más y nada menos que los siete escaños que le pueden dar la presidencia a Pedro Sánchez.

Ayer tarde supimos que el Tribunal Constitucional había admitido a trámite el recurso planteado por el PSOE para  que se recuenten los votos nulos de Madrid procedentes del CERA. Si el TC finalmente recupera el escaño en discusión con el PP, el papel de Puigdemont sería mucho más modesto y menos exigente: bastaría que se abstuviera en la probable sesión de investidura de Pedro Sánchez. Pero ese es un precio que Puigdemont pondrá tan caro como si lo que se le pide es que voten a favor. 

Pero de momento lo que hay es lo que el señor Puigdemont exhibió ayer en un hotel de Bruselas: unas exigencias completamente desmesuradas y fuera de la Constitución, aunque haya juristas dispuestos a hacer de la Constitución un chicle, como decía Felipe González ayer por la mañana a Carlos Alsina en Onda Cero. Y no es un chicle que se pueda estirar hasta el infinito.  

Cabe hasta que unos señores defiendan la independencia en su Parlamento y luego sean indultados después de haber sido juzgados y condenados por el Tribunal Supremo de nuestro país. 

Pero no cabe la amnistía ni el referéndum de autodeterminación, que es lo que el señor Puigdemont pretende llevar a cabo. Porque, por supuesto, lo volverán a hacer, como bien dijo ayer. No pide otra cosa más que la impunidad para ejecutar esa repetición de las acciones con el que el independentismo viene amenazando al Estado. 

Para ello, ha reclamado el “abandono completo y efectivo de la vía judicial” y el reconocimiento de que “el 1-O, la declaración unilateral de independencia y las protestas contra la sentencia del procés” no fueron delito. 

Además de la amnistía, que ya da por hecha y solo considera el punto de partida para abrir la negociación.

Con este planteamiento, la repetición de un ataque al orden constitucional sería cosa de coser y cantar porque los jueces carecerían ya de los instrumentos punitivos que permitieron juzgar y condenar a los autores de la asonada de 2017. Perfecto para las pretensiones de un señor que ha huido de la Justicia española y que por obra y gracia de sus siete escaños está en disposición de chantajear a todo un país.

No hay nada que decirle a un señor que pretende acabar con la España constitucional que los españoles se dieron en 1978 y que él y los suyos pretenden hacer saltar por los aires a cambio de los apoyos de siete de los suyos a la segunda sesión de investidura, que será previsiblemente la de Sánchez.

Sólo me queda celebrar que Alberto Núñez Feijóo no quiera ya sentarse a hablar por persona intermedia con Miriam Nogueras, la radical que en el Congreso de los Diputados  hace de portavoz de Puigdemont.

Con EH Bildu, ni un saludo. Con esta gente ni agua.