Buscaré votos debajo de las piedras, acaba de decir el presidente del Gobierno, y todos los ciudadanos hemos entendimos claramente el mensaje: aceptaré el chantaje de los separatistas. Los votos no están debajo de ninguna piedra sino en Waterloo, al alcance de aquellos que acepten pagar su alto precio. Y el PSOE de Pedro Sánchez parece estar en disposición de hacerlo: condiciones para una extorsión, que no negociación, que de ser aceptadas caerán como piedras sobre nuestra democracia. Tras analizar los riesgos de una repetición electoral, el presidente ha decidido que es preferible que los riesgos los asuma España. 

Riesgos ciertos de fractura territorial, pero también de fractura social. Hay muchos españoles, votantes de todas las fuerzas políticas, que mantienen la misma y profunda convicción que el sanchismo tenía antes del 23-J: la amnistía no cabe en un régimen democrático. Todos ellos quedarán al margen de las decisiones que se adopten a partir de ahora para garantizar la impunidad de delincuentes fugados de la justicia. 

El grupo parlamentario socialista y sus veinte partidos coligados tendrán mayoría en las Cortes para sacar adelante esta ley de vergüenza, impunidad y olvido, pero muchos de los diputados que pulsarán el botón verde de la amnistía posiblemente no estarían allí sentados si hubieran llevado esa medida en su programa electoral. No olvidemos que no solo no la incluyeron, sino que, por el contrario, se reclamaron garantes de que con ellos no habría ni amnistía ni autodeterminación en Cataluña. 

Por respeto a sus votantes deberían suponer que muchos no les habrían apoyado de haber sabido que su primera medida sería una amnistía

Parece que los militantes socialistas y de Sumar están dispuestos a aceptar este cambio esencial, este engaño, para mantener a Sánchez y Díaz en el Gobierno. "Haz lo que tengas que hacer, Pedro", dijo el presidente de Asturias, Adrián Barbón. Pero por respeto a sus votantes, que son muchos más que sus militantes, deberían suponer que algunos nunca les habrían apoyado de haber sabido que su primera medida sería una amnistía. Ninguno de esos votantes recibirá sin embargo una explicación razonable, más allá del desprecio que supone situarlos automáticamente en el bando de los reaccionarios y la extrema derecha. El gobierno de coalición, autodenominado "de progreso", marca las lindes; dentro de ellas sitúa a todos los que están dispuestos a aceptar las tesis de la España plurinacional y abrazar la lógica del nacionalismo de derechas. Este grupo también incluye ahora el nacionalismo identitario supremacista que representan Carles Puigdemont y los suyos. 

Ellos son los progresistas auténticos. Fuera de esa frontera ideológica imaginaria, todos somos reaccionarios. Eliminan de un plumazo la posibilidad de que la lucha contra la desigualdad, la falta de oportunidades y la justicia social se haga a la vez que se defiende la integridad territorial de la nación española, donde la mejor identidad a defender es la de ciudadanos libres e iguales.

A los que osan levantar la voz para decir "soy socialista, socialdemócrata, de izquierdas e incluso marxista, y creo que España es una nación" se les tacha de antiguos, se les acusa de traidores. Si esas voces salen del PSOE, se reclama lealtad al partido y a su secretario general, olvidando que la mayor lealtad en política es con tus votantes. 

En el delirio de este relato de cómo se construye un fraude, la frontera entre la verdad y la mentira ha desaparecido. Sánchez dice ahora que nunca debería haberse judicializado un conflicto político, y lo dice ante los mismos socios europeos a los que explicó, en su momento, que el espacio de libertad y justicia de la UE no podía ser utilizado como refugio de delincuentes que habían cometido delitos tan graves como el de rebelión contra la democracia española. Reclamaba entonces la puesta a disposición de la justicia de Puigdemont con la misma contundencia con la que ahora defiende la impunidad de sus delitos a cambio de sus siete escaños.

Los jefes de Estado y de gobierno de los 27 y los líderes de los partidos europeos asisten a este espectáculo tan atónitos como muchos ciudadanos españoles. Son conscientes de que Sánchez está mintiendo, no sólo porque hace escasamente unos meses dijo lo contrario sino porque saben, como dirigentes que son, que en democracia los únicos que judicializan un conflicto son los políticos que violan la ley y pisotean las normas democráticas que nos hemos dado para resolver esos conflictos, poniendo en peligro los derechos y las libertades de los ciudadanos. Exactamente lo que sucedió en Cataluña hace seis años con la promulgación de leyes ilegales y la convocatoria de un referéndum también ilegal. Toda una operación de desestabilización en el corazón de las democracias europeas de la UE.

Como en el clásico de la cinematografía de Ken Loach de los noventa Lloviendo piedras, que describe sin concesiones la situación desesperada de la clase obrera británica, lloverán piedras sobre nuestras instituciones democráticas y nuestro crédito en la comunidad internacional, si se consuma el reconocimiento a cara descubierta de un poder ilimitado, el Ejecutivo, para decretar que no se cumplan sentencias o desaparezcan los procedimientos judiciales abiertos si ello favorece sus intereses políticos propios. 

Como apuntaba el filósofo del Derecho John Finnis, la impunidad frente al incumplimiento de la ley constituye una ventaja ilegítima. Aquel que actúa con desprecio a la ley obtiene una ventaja frente al ciudadano cumplidor; por eso, si se le permite disfrutar de esa ventaja es como si al ladrón se le permitiera disfrutar de lo robado. 

Sobre esa ventaja ilegitima de Puigdemont y los suyos no se podría construir más democracia; sólo socavarla. La impunidad del delincuente siempre se hace vulnerando los derechos de las víctimas. Los ciudadanos merecemos respeto, reparación y justicia. Y, sobre todo, que nadie acepte un chantaje a la democracia en nuestro nombre y sin nuestro consentimiento.

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos