Escuchando a Pere Aragonés ayer en el Senado, yo tuve, como muchos otros observadores de la política nacional, la sensación de que se estaba dirigiendo a los nacionalistas catalanes, o más bien a los independentistas catalanes. Sobre todo, a los de Junts para que no le hurtaran a ERC el mérito de haberse hecho con la simpatía del PSOE en la legislatura anterior y abrir boca en la legislatura que ahora empieza y en la que el presidente de la Generalitat avanza cuál debe ser la meta final: que el pueblo catalán se autodetermine. Y, eventualmente, se separe de España.

No era, desde luego, una intervención destinada a los oídos de los socialistas porque esas reivindicaciones ya se han formulado repetidamente en los oscuros foros que se mantienen ocultos para el público pero que existen

No era, desde luego, una intervención destinada a los oídos de los socialistas porque esas reivindicaciones ya se han formulado repetidamente en los oscuros foros que se mantienen ocultos para el público pero que existen y de los que solo sabemos quienes componen por la parte socialista la terna destinada a negociar: Félix Bolaños, María Jesús Montero y Santos Cerdán.

De la otra parte no sabemos nada porque no hay nada que saber más allá de la exigencias de los separatistas. Una ley de amnistía donde se reconozca que lo hecho por ellos no era delito y nunca lo fue -no ahora, cuando se ha anulado el delito de sedición, sino en el pasado - es decir que el Estado pida perdón a los independentistas por haberles sometido a algunos de ellos a juicio cuando no habían cometido delito alguno, y un referéndum de autodeterminación por el que Cataluña podrá separarse de España al gusto de una minoría que es lo que suman estos dos partidos separatistas de esa región.

Por eso Pere Aragonés no se quedó a escuchar la opinión de los barones del PP, la más contundente, como siempre, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Empezó por decir que Pedro Sánchez pretende hacer un mercadillo con el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto a la Corona y a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, el nombre de España en el mundo, la igualdad de todos ante la ley, nuestra dignidad y la verdad misma"

Añadió que "qué más tiene que pasar para que los socialistas de bien, entiendan que España y la convivencia están en juego" y a continuación añadir un tanto retóricamente si queda ahí [en el PSOE] "alguien que defienda a España". Evidentemente, Felipe González, Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que se lamentan de que no exista nadie que defienda a su partido -el de antes-. Y ha acusado a Felipe González de haber renunciado al marxismo durante la Transición para traer la democracia y la Constitución y ahora de estar renunciando a España.

Ella ha sido quien ha interpretado la intervención de Pere Aragonés en clave interna "para reforzar a su partido ante Carles Puigdemont" y ha rematado tomando como prenda el referéndum de autodeterminación y poniéndolo frente al espejo de referéndum, que nunca se hará, en el que se pregunte a los españoles si están dispuestos a aprobar una ley de amnistía que contente a los separatistas catalanes.

Ha habido más intervenciones, tantas como 13, las 11 de las comunidades autónomas regentadas por los populares, más las dos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y en todas ellas se ha defendido la igualdad entre españoles y se han rechazado los privilegios que, con la ley de amnistía y con la menguada proporción de los escaños que tienen Junts y ERC pretenden hacer tragar a todos los españoles un referéndum de autodeterminación.

En resumidas cuentas, ha sido una jornada en la que la ausencia de los escasos barones socialistas ha restado un auténtico debate sobre esa ley de amnistía que nos quieren colar y que desembocará, seguro, en el Tribunal Constitucional donde un presidente como Cándido Conde-Pumpido ya ha advertido a quien debe hacerlo que no le vayan a colar algo inasumible para que lo avale el TC.