La proposición de ley de amnistía, la clave de bóveda sobre la que se sostiene la investidura de Pedro Sánchez entró ayer en el Congreso de los Diputados una vez que los partidos no concernidos por ella hicieron el paripé de darle su visto bueno. Después de que los independentistas dieron su definitivo nihil obstat, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fijó la fecha del debate de investidura para los próximos 15 y 16 de noviembre. Así de clara es la relación causa efecto entre la amnistía y la investidura.

En el texto que conocimos ayer hay mucha tela que cortar, mucho análisis que hacer, ya que sus 23 folios están plagados de trucos jurídicos para que el texto se ciña como un guante a la exoneración de responsabilidades penales, administrativas o pecuniarias de los responsables del procés y de todos aquellos que tuvieron que ver con él. También se ha incluido en el texto a los miembros de las fuerzas de seguridad -un detalle- que en cumplimiento de sus obligaciones están incursos en algún tipo de procedimiento.

Pero hoy sólo quiero fijarme en un aspecto de la ley que supone, en mi opinión, su base más endeble. Me refiero a la justificación de la amnistía que se argumenta en la exposición de motivos. La palabra que más se repite es "convivencia", que se menciona hasta en nueve ocasiones en los 12 folios que conforman esa exposición.

Lo que persigue la ley, en definitiva, es "superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social". Se entiende, por tanto, que en Cataluña hay un problema de convivencia que conviene solucionar recurriendo a una medida tan excepcional como es la amnistía. El tal problema surgió, según reza el texto, "a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio" que recortó parcialmente el Estatuto de Cataluña aprobado en 2006 y que "desembocó en una serie de manifestaciones intensas y sostenidas en el tiempo, así como en mayorías parlamentarias independentistas".

Justificar una medida tan excepcional como la amnistía en la mejora de la convivencia abre la vía a que se repitan procesos similares sin el temor a que el incumplimiento de la ley sea sancionado por los tribunales

La exposición de motivos de la ley de amnistía hace aquí una elipsis vergonzosa al eludir los procesos abiertos por la Fiscalía por hechos que fueron sentenciados como graves delitos, entre otros, por el Tribunal Supremo, de esta forma aséptica y torticera: "Esos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y a una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido..."

La amnistía tendría cierta justificación si esa "tensión social y política" se hubiese producido porque en Cataluña o respecto a los condenados o implicados en los diversos delitos no se hubieran cumplido escrupulosamente las garantías que supone un Estado de Derecho, o bien los jueces hubieses sido aviesos prevaricadores al actuar por motivaciones políticas contra los independentistas, lo que quedaría bajo la definición del lawfare (que sí figura en el pacto PSOE/Junts).

Pero como esa implícita atribución de delitos a los jueces y fiscales era ir demasiado lejos, el texto aclara: "Hoy, en el año 2023, España se caracteriza por ser una democracia y un estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respecto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales... Desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologable a los países de nuestro entorno".

Entonces, si en España hay una Constitución democrática y se respeta el Estado de Derecho, la "tensión social" que ha puesto en riesgo la convivencia en Cataluña no tiene ninguna justificación. Es una responsabilidad exclusiva de los que quisieron imponer su voluntad por encima de la leyes.

Premiar a los políticos que asumieron una responsabilidad tan grave con la sola excusa de mejorar la "convivencia" conlleva un peligro evidente. Porque incita a cualquier grupo a romper la convivencia sin el reparo de tener que pagar por ello.

Pongamos un ejemplo extremo para ver ese peligro de forma práctica. Estar en contra de esta ley de amnistía que ahora se pretende aprobar es legítimo. Si la tensión se hace insoportable porque de manera frecuente se convocan manifestaciones que derivan en violencia -como de hecho está sucediendo- y los políticos animan a ello, ¿sería justificable que se amnistiara a los responsables de esos delitos, algunos en el caso que ahora nos ocupa considerados como terrorismo por la Fiscalía, con el objetivo de mejorar la convivencia? ¿No es acaso esta exposición de motivos una llamada a la insumisión y la algarada al considerar que la recuperación de la convivencia es un bien superior que convienen preservas y está por encima de la ley y de los tribunales?

Creo que esta ley va a generar un conflicto social en España. Espero que los partidos parlamentarios no animen a calentar la calle. Pero con la redacción actual queda abierta la vía a la impunidad.