Esta semana, el Parlamento Europeo ha acogido un debate sobre las consecuencias que tendría en la salud de nuestro Estado de Derecho la aprobación de una amnistía como la que pretende el PSOE. Se trata de un hecho sin precedentes que prueba lo que Ciutadans viene denunciando para incredulidad de muchos: la situación de crisis institucional que atraviesan Cataluña y el conjunto de España es más grave que en 2017. Dicho de otra manera: son muchos los atropellos democráticos con los que Pedro Sánchez ha ido diezmando al Estado para contentar a sus socios separatistas (indultos, control político de instituciones públicas, un Código Penal a medida), pero la impunidad a delincuentes a costa de la igualdad entre españoles y la separación de poderes es una línea roja de la que los socialistas van a tener difícil regresar.

Así, es comprensible que una parte importante de la sociedad española exprese pacíficamente su descontento con la llamada amnistía por su manifiesta inconstitucionalidad, por el borrado que supone a la memoria colectiva de los ciudadanos y, sobre todo, por la sarta de mentiras que los dirigentes socialistas han proferido para tapar que lo que único que fundamenta esa amnistía son los votos que necesita Sánchez para mantenerse en el poder. Abiertamente lo reconocía el flamante ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado miércoles.

Sin embargo, más allá de las motivaciones espurias que han sido causa de la amnistía, se habla menos de sus consecuencias, que son ya terribles. La osadía con la que el PSOE firmó de su puño y letra la existencia del lawfare en España ha provocado que, en Cataluña, los partidos separatistas hayan iniciado ya su caza de brujas contra servidores públicos como los fiscales, toda vez que los próceres mediáticos del sanchismo acusan, sin rubor, a los jueces de prevaricar. En una situación similar de señalamiento están también los policías. Además, esta semana han comenzado a llegar advertencias del mundo empresarial, incluso desde la nada sospechosa Foment del Treball, que ya ha pedido el impulso de “propuestas viables y realistas, y no leyes ideológicas”.

La persecución a servidores públicos unida a la preocupación económica, la incertidumbre jurídica, la maltrecha convivencia y las llamadas de atención desde las instituciones europeas forman un cóctel explosivo que nos recuerda, a quienes lo sufrimos en primera persona, al que en 2017 dinamitó la convivencia y la institucionalidad en Cataluña. Se supone que la amnistía debía poner fin al procés, pero las consecuencias que está provocando nos devuelven a los peores momentos de este.

Desde Ciudadanos en Cataluña seguimos viendo con desconfianza a quienes se abonan al discurso de “pasar página” siempre a costa de la claudicación de los que estamos en el lado de la razón, la democracia y la ley

Por eso, desde Ciudadanos en Cataluña seguimos viendo con desconfianza a quienes se abonan al discurso de “pasar página” siempre a costa de la claudicación de los que estamos en el lado de la razón, la democracia y la ley. Esa es la posición de los socialistas, que se aprovechan de muchos catalanes que de buena fe quieren superar el procés, pero estoy seguro de que no al precio de que les humillen. En realidad, fue Josep Borrell quien, en 2018, antes de entregarse a ciegas al Gobierno de Sánchez, sentenció que “para cerrar heridas antes hay que desinfectarlas”.

La impunidad del delincuente repugna al más elemental sentido de la justicia. Más aún si se trata de políticos cienmileuristas que, lejos de disculparse, siguen usando su privilegiada posición gubernamental y hegemónica en Cataluña para insultar España, desguazar el Estado y arrinconar a la mayoría constitucionalista. Por eso no sólo es necesario hacerles cumplir la ley, sino usar las herramientas de la democracia española para revertir las décadas de cesiones al nacionalismo. Una senda que requiere una valentía que nada tiene que ver con el servilismo del PSOE. Tampoco, por cierto, con quienes confían, como en el PP, en que las derechas nacionalistas de Cataluña y País Vasco, cuya deslealtad a España está más que probada, vuelvan a la senda de la Constitución por generación espontánea.

La firmeza contra el nacionalismo no es incompatible con una visión moderna, democrática y, en definitiva, libre de la sociedad. Al revés: van de la mano. Lo hemos visto esta semana en el Parlamento Europeo, un escenario inmejorable para constatar cuán necesario es un espacio liberal que no está dispuesto a corromper sus principios por votos, como ha ocurrido en el caso de los socialistas españoles. Esta semana, en Ciudadanos hemos decidido concurrir a las próximas elecciones europeas porque creemos que la gravedad de la situación actual y la necesidad de ofrecer una alternativa al desastre nos lo exigen.

Es imprescindible que una voz nítidamente democrática como la de los liberales se escuche con fuerza en Europa para desmontar, asistidos por la razón, la amenaza nacionalista en toda España. Nosotros nunca nos hemos repartido los jueces, nunca hemos politizado el Tribunal Constitucional, nunca hemos apoyado un indulto a un sólo político, ni por supuesto hemos llamado a señalar sedes de nuestros adversarios, por muchos ataques que hayamos recibido en las nuestras. Los españoles merecen poder elegir en las urnas un proyecto como el nuestro, y nuestra democracia merece que la sigamos defendiendo de quienes la atacan.