La situación que se ha vivido en el Senado, donde de forma excepcional se ha celebrado el pleno del Congreso -cuyo edificio se encuentra en obras-, ha sido poco menos que esperpéntica.

El presidente Sánchez se jugaba su crédito político, ya que era la primera ocasión en esta legislatura en la que se iba a visualizar la solidez de la mayoría que apoyó su investidura. En total, se trataba de sacar adelante tres decretos para los que necesitaba obtener el apoyo de la mayoría de los diputados.

A las 18 horas ya se sabía que Podemos votaría en contra del decreto que modifica las condiciones del subsidio de desempleo y que, por tanto, tumbaría el texto avalado por la ministra de Trabajo. La guerra de Podemos contra Yolanda Díaz se saldaba así con la derrota de la líder de Sumar.

Al mismo tiempo, los diputados de Junts habían filtrado a los periodistas que votarían en contra de los otros dos decretos, lo cual ponía al presidente del Gobierno en una situación muy complicada. Hasta se llegó a barajar la idea de convocar un Consejo de Ministros extraordinario para evitar las consecuencias inmediatas del decaimiento de dos decretos que tienen una repercusión inmediata para los ciudadanos.

Pero, para sorpresa de todo el mundo, el llamado 'decreto omnibus' salió adelante por un sólo voto y en el conocido como 'decreto del escudo social' se tuvo que repetir la votación, ya que hubo un empate a 171 votos. ¿Qué había pasado? Sencillamente, que Junts había decidido no votar a sabiendas de que su gesto permitía que salieran adelante los citados dos decretos. La pregunta subsiguiente era: ¿qué le ha ofrecido el Gobierno a Junts para que Sánchez pudiera salvar esta comprometida situación?

Junts ha logrado todos sus objetivos

La respuesta no se hizo esperar y llegó en forma de comunicado de la formación independentista. En resumen: el Gobierno se ha comprometido a retirar el artículo que reforma la ley de Enjuiciamiento Civil y que, según Junts, ponía en peligro la aplicación de la amnistía; además, el Gobierno cede todas las competencias de inmigración a la Generalitat; al mismo tiempo, se compromete a hacer públicas, de manera inmediata, las llamadas balanzas fiscales, y, por si esto fuera poco, también acepta modificar la normativa sobre sociedades de capital para favorecer la vuelta de las empresas que trasladaron su sede en 2017 a Cataluña.

En definitiva, Junts ha logrado todos sus objetivos a cambio de salvarle la votación al presidente. A partir de hoy no cabe ya ninguna duda sobre quién tiene en España la sartén por el mango, que no es otro que el político que quiso vulnerar la Constitución y que lleva seis años fugado de la Justicia.